"Yo lo he dicho varias veces, el tema del narcotráfico es gravísimo, el aumento de la delincuencia, jóvenes delincuentes violentos, el tema de aumento de homicidios que hemos visto recientemente. Todas esas situaciones nos ponen en jaque, el Estado de derecho está puesto en jaque desde el punto de vista de esa criminalidad y el Estado de derecho tiene las herramientas para responder, y tenemos que sacar el máximo partido de ellas, para que, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, se consiga combatir el crimen de manera efectiva".
A través de estas duras palabras, la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco describió este martes el complejo escenario criminal que vive Chile. Las declaraciones de la magistrada nacieron tras ser consultada por su visión ante el aumento de los homicidios, puesto que esa misma jornada Carabineros de Chile informó que, entre enero y septiembre de 2022, 564 casos de asesinato se han registrado en el país.
Aquella visión fue compartida este miércoles por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien incluso señaló que el estado de derecho peligra desde hace muchos años. "El Estado de derecho, a propósito del crimen violento y organizado, está puesto en jaque no desde hoy, está puesto en jaque desde hace mucho tiempo y creo que es bien importante hacer esa aclaración. Y cuando el Estado de derecho está en jaque, lo que corresponde es tomar decisiones que permitan sacar a los ciudadanos de esta situación", advirtió.
Si bien la preocupación por el actual escenario criminal es transversal y las mismas autoridades de Gobierno han reconocido que los niveles de inseguridad son nunca antes vistos para Chile, el debate continúa abriendo un espacio para determinar si efectivamente "el Estado de derecho está puesto en jaque desde el punto de vista de esa criminalidad", tal como lo advirtió Vivanco.
En esa línea, Emol conversó con distintos expertos en criminalidad y seguridad para conocer si consideran que Chile está viviendo un momento culmine, que podría marcar la diferencia entre continuar con un Estado de derecho que funcione y responda, o cruzar la línea y alcanzar los niveles de delincuencia y homicidios de los otros países de la región.
La investigadora de AthenaLab, Pilar Lizana está de acuerdo con que el Estado de derecho está en "jaque", sin embargo, descarta que se pierda en totalidad, en un determinado rango de tiempo. En esa línea, la experta asegura que primero las instituciones deben alcanzar niveles de corrupción altos para que el crimen organizado logre desplazar totalmente al Estado.
"De alguna manera, sí podríamos decir que el estado de derecho está en jaque, porque lo que busca el crimen más violento y más organizado, es que el Estado retroceda y cuando el Estado retrocede perdemos el Estado de derecho, que es un poco lo que pasa y lo que se ha comentado en la Macrozona Sur", ejemplificó.
No obstante, pese a concordar con que el Estado de derecho está en "jaque", afirma que todavía Chile no alcanza un punto clave de criminalidad que podría significar no poder retornar a los indicadores pasados. "Decir que estamos en un punto de inflexión, que si no hacemos algo ya vamos a perder el estado de derecho por completo no creo, pero creo que si no hacemos algo ahora esto se va a venir mucho más difícil".
"El Estado de derecho, a propósito del crimen violento y organizado, está puesto en jaque no desde hoy, está puesto en jaque desde hace mucho tiempo y creo que es bien importante hacer esa aclaración. Y cuando el Estado de derecho está en jaque, lo que corresponde es tomar decisiones que permitan sacar a los ciudadanos de esta situación".
Manuel Monsalve, subsecretario del Interior
"El Estado sí puede seguir retrocediendo y a la larga eso sí puede significar la pérdida del Estado de derecho, pero solamente si es que nos mantenemos en un status quo y si nuestras instituciones son permeadas fuertemente por el delito y la corrupción (...) el estado de derecho lo perderíamos en caso de que la corrupción permee las instituciones y éstas sean realmente utilizadas por el crimen", aseveró la investigadora.
Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson también comparte la visión de Vivanco y de Lizana, pero hace énfasis en que el Estado de derecho se ve mayormente desplazado por la percepción de inseguridad que presenta actualmente la ciudadanía más que por la cantidad de crímenes en sí.
"Efectivamente el estado de derecho se ve vulnerado cuando el Estado no es capaz de hacerse cargo de las situaciones de inseguridad de la ciudadanía y se pone en jaque, o sea esos son los momentos en que el Estado de derecho se ve vulnerable. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de generar las capacidades en el sistema de seguridad y justicia para poder hacer frente a la situación de inseguridad que estamos viviendo", sostuvo.
En conversación con EmolTV, aseguró que "es cierto" lo mencionado por Vivanco, pero remarcó la importancia de entender el fenómeno de inseguridad en todo su conjunto. "La inseguridad no es sólo por los delitos sino que la inseguridad, por el sólo temor de ser víctima de un delito, ya genera un daño enorme y también tenemos que hacernos cargo de ello".
"Entonces, lo que pone en jaque al Estado de derecho no es sólo el delito mismo, sino que es la percepción de inseguridad que está sintiendo la ciudadanía y eso es muy crítico el día de hoy porque la ciudadanía se está sintiendo muy insegura", agregó el directivo de Paz Ciudadana.
Parlamentarios concuerdan con Vivanco
Ante los duros dichos de la vocera de la Corte Suprema, este medio consultó a diversas autoridades si perciben el mismo escenario de Ángela Vivanco. Al respecto, senadores, diputados e incluso alcaldes mostraron concordancia y preocupación por el desplazamiento del Estado de derecho.
También en conversación con EmolTV, Carolina Leitao (DC), alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) apuntó más hacia la efectividad que están teniendo las diversas instituciones dedicadas a la seguridad y persecución del crimen organizado.
"Creo que más que la crisis del Estado de derecho lo que hay que preguntarse es si los instrumentos que hoy tenemos para enfrentar el tema de la seguridad -desde ámbito judicial, fiscalía y policías- están respondiendo a las necesidades que hoy enfrentamos en el ámbito de la seguridad. Cuando tenemos la misma receta para problemas nuevos y estamos fallando, hagamos el esfuerzo de cambiar la receta. Creo que ese esfuerzo no se ha hecho y, además, se ha policializado la discusión", acotó.
564casos de homicidio se han registrado en el país, desde enero a la fecha, según Carabineros.
Con una mirada más crítica, la senadora Carmen Gloria Aravena (IND) aseguró que "es evidente que el aumento de la delincuencia y el crimen organizado amenazan la seguridad del país e impone desafíos fundamentales para el Estado y sus respectivos poderes". Sin embargo, compartió la idea de que la institucionalidad debe responder ante la delincuencia.
"Aquí cada una de las instituciones a cargo de la seguridad pública debe asumir su responsabilidad por la crisis que se vive en esta materia y que afecta a los ciudadanos, como es el caso de la región que represento, La Araucanía, golpeada por el terrorismo y la impunidad con que actúan organizaciones como la CAM", comentó.
En tanto, el diputado Mauro González (RN) confirmó que en Chile "tenemos una grave crisis de criminalidad en el país, lo que incluso está poniendo en jaque nuestro Estado de derecho, tal como lo advierte la vocera de la Corte Suprema. Esto nos alerta sobre la urgencia del problema de la seguridad y que es necesario frenar a los grupos criminales que están actuando de forma desatada en distintas regiones de Chile. Necesitamos autoridades firmes y esperamos que desde el Gobierno de una vez por todas le tomen el peso al asunto".
De igual forma, la diputada Camila Flores (RN) señaló que "sin lugar a dudas la vocera de la Corte Suprema tiene toda la razón en sus argumentos, absolutamente lo que está en juego con el nivel de criminalidad que estamos teniendo en el país es el Estado de derecho".
"En el estado de derecho que en algunas zonas está fallido, como es por ejemplo en la Macrozona Sur, y las autoridades que tienen que hacerse cargo del orden público y la seguridad, el combate al terrorismo, que son las autoridades de gobierno, no hace nada por restablecer ese estado de derecho", reprochó.
Pese a su crítica, la parlamentaria fue enfática en mencionar que "estos problemas por cierto que se arrastran desde hace muchos años, el gobierno anterior tampoco tuvo la fuerza necesaria para combatir con todas las herramientas del ordenamiento jurídico el terrorismo y la delincuencia, el tema es que ahora con este actual Gobierno, que tiene complejo para combatir el terrorismo y la delincuencia, se ha agudizado y ha aumentado, sin lugar a duda, la cantidad de crímenes sobre todo de naturaleza violenta y de carácter terrorista".
Con similar opinión, el diputado Stephan Schubert (Rep) también dijo concordar con las palabras de la vocera de Corte Suprema. "La ministra Vivanco, que señaló que el Estado de derecho está en jaque por la criminalidad, nosotros venimos señalando hace tiempo dada la realidad que se vive en la zona sur de Chile, que efectivamente el Estado de derecho no está operando, no se están realizando todas las denuncias por los hechos de violencia porque consideran algunos que ya da lo mismo, que no pasada y no resultado".
En ese sentido, el legislador insistió en el hecho de que existen lugares del territorio nacional donde el "Estado y la autoridad no puede entrar con libertad o tranquilidad, el propio Presidente ha señalado que no se siente con la seguridad suficiente para trasladarse a La Araucanía, de hecho a más de seis meses de iniciado el Gobierno aún no visita una de las regiones más controversiales y necesitadas de nuestro país".
"El estado de derecho en varias partes del territorio nacional está en jaque y esperamos que el Gobierno tome las riendas y se dedique a gobernar. Creo que es importante que entiendan que su mandato no es hacer campaña sino que cumplir con su mandato", zanjó Stephan Schubert.
Finalmente, uno de los pocos diputados oficialistas que estuvo de acuerdo con Vivanco fue Jaime Araya (IND-PPD), quien también integra la Comisión de Seguridad. Al ser consultado, el parlamentario afirmó que "es innegable lo que ha dicho la vocera de la Corte Suprema. No solo el Estado de derecho, la democracia está amenazada por el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia".
Diputados cuestionan rol de Vivanco y del Poder Judicial
Frente a las declaraciones de Vivanco, hubo algunos parlamentarios que dudaron de las facultades y el rol que ejerce Ángela Vivanco para aseverar un hecho a tal magnitud. Por ejemplo, la diputada Lorena Fries (IND-CS) cuestionó a la ministra de la Corte Suprema por "marcar ese hito".
"En principio puedo compartir la frase en el sentido que estamos en una crisis de seguridad que es lo que ha dicho el Gobierno, pero no me parece que la vocera de la Corte Suprema tenga que marcar ese hito, sino que al revés. Lo que debiese hacerse es mejorar los canales de justicia para lograr que, por ejemplo, las víctimas de la delincuencia sean acogidas por la justicia", dijo a Emol.
Si bien la legisladora mencionó "estar de acuerdo", apuntó a que el desplazamiento del Estado de derecho no radica en "cualquier criminalidad". "Es el crimen organizado, lo hemos visto en otros países de América Latina. Una vez que el crimen organizado empieza a copar territorio, también empieza a invadir a las instituciones democráticas y creo que eso es clave de parar a tiempo, porque justamente el Estado de derecho se basa en el principio de legalidad", zanjó.
En tanto, con una visión más crítica en contra de vocera del máximo tribunal del país, la diputada Alejandra Placencia (PC) cuestionó el rol de la ministra. "No comparto que la vocera Vivanco haga opiniones políticas sobre otros poderes del Estado cuando no es su rol. Ese es el principal tema que aquí hay que cuestionar. Más allá del fondo, creo que esto se está haciendo costumbre y creo que eso sí no establece una clara separación de los poderes del Estado. El Ejecutivo es quien determina políticas relacionadas con la seguridad ciudadana y el orden público".
"No voy a validar lo que haya dicho, porque en su rol no le compete", insistió.
Desde la oposición, el diputado Cristián Araya (Rep) responsabilizó que "el Poder Judicial aún no reacciona frente a la más grave crisis de seguridad de nuestra historia. Parte de esta crisis se debe precisamente al excesivo garantismo con los delincuentes. Lamentablemente en el sistema abundan jueces y fiscales activistas, que velan más por los victimarios que por las víctimas".
A su vez, el parlamentario también remarcó que "el problema se profundiza aún más cuando tenemos un Gobierno que ha dado fuertes señales de impunidad a los delincuentes, por ejemplo, la ley de indultos, las demoras y negligencias en la presentación en querellas".
"El Poder Judicial no sólo debe hacer un diagnóstico, sino que también un mea culpa de la responsabilidad por la crisis de seguridad actual, asumiendo un compromiso real de hacer cumplir la ley con firmeza y terminar con la impunidad con que actúan los delincuentes en Chile", reprochó el diputado.
¿Cómo evitar el jaque mate al Estado de derecho?
La investigadora de AthenaLab, Pilar Lizana, plantea que para evitar que el Estado de derecho alcance el "jaque mate", se debe alcanzar un acuerdo transversal entre todos los poderes e instituciones, y se debe "separar" la discusión de seguridad de la visión política e ideológica.
"Tenemos que descontaminar la discusión de seguridad pública de la discusión política más ideológica. Eso, por ejemplo, en países como Brasil se ha logrado avanzar. Tenemos que separarla porque la seguridad no responde a un gobierno en particular, entonces mientras más vayamos separando esas discusiones más vamos a poder avanzar en planificaciones de largo plazo. Con eso sí vamos a poder fortalecer las instituciones, desarrollar los planes específicos para cada institución que van a responder a un gran plan de seguridad", sostuvo la experta.
En tanto, el director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson apuntó a la importancia de generar doagnósticos eficientes sobre la criminalidad. "Hay que dimensionar el problema (…) porque en la práctica, los diagnósticos certeros en materia de seguridad y de crimen organizado, no son muchos. Todos creemos entender, pero las fronteras son lo que generan el problema: ¿cuándo empieza el crimen organizado y cuando termina el delito común? Si eso no se estudia, la verdad podemos estar haciendo acciones que no generan cambios importantes".
La senadora Aravena concordó con Lizana en que para avanzar en el combate del crimen organizado y prevenir que el Estado de derecho desaparezca "debe haber un compromiso de los distintos actores, que incluye al Congreso y el Poder Judicial, que defina una línea de acción coherente en las políticas de Estado sobre seguridad, que permitan un combate eficiente de este flagelo y que ponga a las víctimas cono prioridad, ya que a veces pareciera que los victimarios tienen más prerrogativas que los ciudadanos honestos".
"Una de esas líneas de acción es tramitar de forma prioritaria proyectos de ley que ayudarán a enfrentar el crimen, como los proyectos que buscan mejorar el sistema de inteligencia del Estado y las iniciativas para controlar el crimen organizado y el narcotráfico. A su vez, el Gobierno debe dejar de dar señales equívocas al promover el indulto de delincuentes o no tratando como actos terroristas lo que ocurre en la Macrozona Sur", mencionó.
"Me parece bien la colaboración que podemos hacer desde el parlamento, la misma colaboración que puede hacer el Poder Judicial en cuanto a sentarnos y proponer, pero en realidad es el gobierno el que maneja el tema de la seguridad y las únicas señales que han dado hasta hoy día son dubitativa, no hay una mano firme contra la delincuencia", comentó por su parte el diputado Stephan Schubert.
Para evitar la pérdida del Estado de derecho ante la criminalidad, Jaime Araya propuso aprovechar las mesas de diálogo generadas para avanzar en un nuevo proceso constituyente para gestionar acuerdos y acciones. "La responsabilidad de todos los actores de nuestro país es hacer un acuerdo en torno a priorizar la delincuencia y el llamado a todos los que están sentados en la mesa buscando que nazca un nuevo proceso constitucional, es a aprovechar esa instancia para instalar esta discusión".
"Tenemos que aprovechar la instancia de esta mesa que se está armando para el nuevo proceso constitucional y ahí mismo aprovechar de conversar. Hay que ser claros, actuar con mucha prudencia pero abordar esto ahora (…) si la vocera de la Corte Suprema está diciendo que el Estado de derecho está amenazado hoy día tenemos que hacernos cargo de esta tarea para no tener que andar después llorando porque no actuamos a tiempo", instaló el diputado.
