Ángel Valencia se convirtió ayer en el nuevo fiscal nacional, tras conseguir aunar los respaldos en el Senado, y ser ratificado con 40 votos, 3 rechazos y 6 abstenciones. De esta forma, la trama por la sucesión de Jorge Abott quedó zanjada tras dos intentos previos del Ejecutivo que no resultaron fructíferos.
Y si bien contar con un nombre otorga mayores certezas a la institucionalidad, será clave el desempeño del nuevo líder del Ministerio Público, es decir, su capacidad para priorizar las tareas más urgentes de su competencia, así como también todos los desafíos "pendientes" y aquellos que se presenten a futuro. Todo ello, con nuevos lineamientos e instrucciones claras, de cara a la ciudadanía.
Esta ratificación se da además en medio de un contexto donde la seguridad se ha convertido en una prioridad para la ciudadanía, tal como lo reveló la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) realizada en el periodo noviembre-diciembre de 2022. En ella, la delincuencia figura como el principal tema que preocupa, con un aumento de 10 puntos (50% a 60%) respecto a la consulta anterior.
Tal como lo destacó la ministra del Interior, Carolina Tohá al momento de presentar y justificar la postulación de Valencia, el sistema de persecución penal hoy vive una etapa clave, "en que vamos a tomar ciertamente decisiones respecto a su fortalecimiento, algunas de ellas, de hecho, acordadas con este Parlamento con motivo de la discusión del presupuesto 2023", sostuvo.
Ese fortalecimiento interno debe ir de la mano con la capacidad de atender y leer los desafíos externos; aquellos que son propios de los cambios que ha experimentado el país, de sus crisis y necesidades, y que deberán ser atendidos en equilibrio por este nuevo liderazgo.
Nuevos delitos y relación con las víctimas
Esta elección coincide con el cumplimiento de los 18 años desde que se implementó la reforma procesal penal, y Valencia fue parte de la unidad coordinadora de la misma; se trata de una "mayoría de edad" que abre la necesidad de revisar y mirar de forma crítica los logros, problemas y desafíos de dicha institución.
Esto, porque el Ministerio Público fue concebido como una institución central de dicha reforma, y aquello implicaba velar por dirigir la acción penal, ejercerla y proteger a las víctimas que son parte de estos procesos, con criterios de eficiencia y eficacia, pero también con la capacidad de adaptarse a los nuevos fenómenos criminales que recién comenzaban a asomarse, y que hoy aumentan su desafío, puesto que se han diversificado y complejizado.
Lo anterior, a raíz de la presencia de crimen organizado, aumento de homicidios (especialmente con imputados desconocidos), de violencia, bandas dedicadas a la trata de migrantes y mayor presencia de armas, y otros fenómenos particulares en zonas específicas del país.
Por eso, el Gobierno destacó que la propuesta de Valencia cuando postuló como fiscal nacional, incorporaba elementos de modernización, como herramientas de inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de información, que se traduzcan en mayor eficiencia en las indagatoria y en la capacidad de obtener resultados.
Pero además, se suma la necesidad de incorporar una perspectiva de género a las causas investigadas, y atender crímenes asociados a la llamada "delincuencia común", que muchas veces queda al margen de los debates.
Asimismo, existe el imperativo de mejorar el vínculo de la Fiscalía con las víctimas y reconocer lo que éstas pueden aportar como antecedentes y pruebas para la investigación penal; y por otro lado, responder de mejor manera a las exigencias ciudadanas, lo que incluye criterios como el trato, transparencia y eficiencia.
Desafíos institucionales
A ello, se suma la mirada crítica de la ciudadanía respecto al quehacer de la Fiscalía Nacional, y que Valencia tendrá como misión, mejorar. De hecho, la titular del Interior afirmó que este escenario no responde únicamente a la subjetividad de la población, sino que "está fundada en datos que nos deben encender alarmas, preocupación".
Porque los temas relevantes no sólo dicen relación con el nuevo escenario criminal en Chile, sino que con los problemas internos de los que adolece la Fiscalía Nacional, que han derivado en un menoscabo de la confianza pública, en la institución y una incomprensión de su rol.
"Tenemos una situación bastante difusa de que la Fiscalía no facilita lo suficiente las investigaciones y muchos ciudadanos que han tenido un rol de víctima, lo perciben así. Tenemos una distancia que se ha ido ahondado, y una institución que presta un servicio en un tema tan sensible para la ciudadanía, no puede tener esa distancia con las personas (...) En eso tenemos un desafío enorme", dijo la ministra.
En esta materia, también emerge el desafío de una Fiscalía que sea capaz de trabajar de manera coordinada y colaborativa con otras instituciones, "algo que tiende a ser muy ajeno a la lógica de instituciones autónomas; autónomas no puede ser lo mismo que desconectadas", expresó Tohá.
De hecho, una de las propuestas de Valencia también apunta a la necesidad de crear una fuerza antidrogas y contra el crimen organizado de carácter suprarregional, que responda a la lógica de tener herramientas más contundentes para su combate, pero que también apunta a una mirada coordinada para enfrentarlo.
Otro de los desafíos para Valencia será el de mejorar el sistema de control y rendición de cuentas de la Fiscalía. De hecho, al ser consultado por la senadora Luz Ebensperger (UDI) sobre su disposición para ello, el ahora fiscal nacional planteó que era coautor de un libro que identificaba este tema como crítico, "y cuente con mi mejor disposición para acatar lo que el Congreso resuelva respecto de la duración del periodo, porque es razonable que existan mecanismos de rendición de cuentas, mejores de los que hoy existen".
