Semanas atrás el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó en la comisión que está investigando los criterios para otorgar pensiones de gracia a víctimas durante el estallido social que 40 personas que recibieron el beneficio registran antecedentes penales.
El subsecretario detalló que 17 de estos beneficiados recibieron pensiones de gracia durante el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera y 23 durante la presente administración.
En ese contexto, sostuvo que se trata de "facultad exclusiva del Presidente de la República" y que "todos los Presidente de la República lo han tenido". Asimismo, sostuvo que "si el Presidente de la República lo estima pertinente podría revocar el beneficio".
La información que entregó Monsalve generó críticas desde la oposición y se emplazó al Gobierno a hacer modificaciones legislativas para ser más rigurosos en la entrega de estos beneficios. Por su parte, el Gobierno argumentó que el reglamento no se considera como requisito solicitar los antecedentes penales, no obstante se manifestó abierto a mejorar la legislación.
Este martes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, manifestó una variación con lo que dijo el subsecretario Monsalve semanas atrás. En esta oportunidad, durante la comisión investigadora de este miércoles, la secretaria de Estado aseguró que “no hay manera de revertir el beneficio”, salvo que dejen de estar presente las condiciones que lo motivaron.
En ese caso habría que evitar las lesiones ya ocurridas - lo que sería imposible - o que se determinaran que fueron falsas. Al finalizar la comisión la ministra Tohá sostuvo que “la ley no contempla ninguna modalidad para revertirlo” y aseguró que “nunca se ha revertido una pensión de gracia”.
La única manera posible para dar pie atrás a este beneficio, según la ministra del Interior, es anularlo a través de un decreto, lo que tendrían que resolver la interpretacion los tribunales”.
