Este lunes, la bancada de diputados del Partido Republicano ingresó a tramitación una acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Tohá, por haber comprometido, a su juicio, gravemente la seguridad de la nación.
En el documento, los legisladores opositores afirman que la secretaria de Estado ha infringido la Constitución y las leyes, y dejado estas últimas sin ejecución.
Consta de 91 páginas, donde se incluyen dos capítulos.
En el primero, se acusa que la ministra Tohá ha fallado en enfrentar de manera efectiva la crisis de seguridad que vive el país. Entre los argumentos expuestos está el aumento de los homicidios, los episodios de violencia extrema, crimen organizado y los flujos migratorios ilegales.
"Todo esto ha agravado la situación de seguridad, y que la ministra ha incumplido sus deberes constitucionales y legales al no implementar políticas adecuadas para resolver esta crisis", afirman.
Exponen que la titular del Interior no ha velado por mantener el orden público. "Conforme a los antecedentes que tenemos, que
son por todos conocidos: la violencia extrema, el aumento de los homicidios, los carabineros asesinados, el aumento del crimen organizado, los cuerpos y restos humanos que aparecen día a día, es que consideramos que no se han tomado las medidas de manera adecuada y oportuna".
En esa línea, señalan que la crisis de seguridad "compromete la seguridad de la población y las garantías y libertades fundamentales de los chilenos", puntos que aparecen en el artículo primero inciso quinto y artículo 19 número 7 de la Constitución. "Resulta una falta grave al deber de dar protección a la población, por ejemplo, los actos delictivos que han intentado delitos de homicidio en Centros de Salud Familiar y centros asistenciales de salud, puesto que no sólo involucra la seguridad de los pacientes, sino que también del personal médico y los usuarios del establecimiento", adhieren.
La acusación también subraya que la responsabilidad de la ministra no se limita a gobiernos anteriores, sino que es ella quien debe rendir cuentas por la situación actual bajo su gestión.
No obstante, los diputados republicanos aseveraron que esta "debacle (…) no es atribuible exclusivamente al gobierno del Presidente Boric ni a las ministras del Interior y Seguridad Pública que han ejercido el cargo, Izkia Siches y Carolina Tohá".
"El gobierno anterior, liderado por el Presidente Sebastián Piñera y su ministro del Interior, Rodrigo Delgado, también fracasó en materia de seguridad pública, combate al terrorismo y las drogas y control de la violencia".
En el segundo capítulo se hace mención a "caos migratorio" que mantiene el país, como dicen. En este punto, imputan a Tohá por "haber infringido la Ley de Migración y Extranjería, al no implementar medidas efectivas para prevenir la inmigración ilegal y proteger las fronteras del país, lo que ha contribuido a la crisis migratoria más grave que ha enfrentado el país".
"Se acusa la infracción de varios artículos de la Ley de Migración y Extranjería (Ley 21.325), incluyendo los artículos: Artículos 1, 5, 23, 40, 51, 53, 70, 72, 84, 86, y especialmente los artículos 154 a 172. Estos artículos establecen las responsabilidades del Ministerio del Interior en cuanto a la regulación del ingreso, permanencia, y salida de extranjeros, así como la seguridad de las fronteras", estipula la acusación.
El artículo 131 de la Ley de Migración y Extranjería, establece que cualquier extranjero que ingrese al país mientras tenga una resolución vigente de expulsión, abandono o prohibición de ingreso, deberá ser reembarcado de inmediato o devuelto a su país de origen o procedencia, sin necesidad de dictar una nueva resolución.
Por lo anterior, "se acusa a la ministra de infringir este artículo al emitir el Protocolo de Instrucciones para la Reconducción de Extranjeros, que contradice lo estipulado en el artículo 131. Según el protocolo, si un país vecino no recibe a una persona en proceso de reconducción, no será necesario reembarcarlos inmediatamente, lo que va en contra del mandato legal de la ley".
Acusación contra Boric
Por otro lado, la bancada de Renovación Nacional presentó ayer una acusación constitucional contra el Presidente Gabriel Boric. Al igual que con Tohá, al Mandatario se le acusa por la crisis de seguridad que atraviesa el país.
En el documento, al cual tuvo acceso El Mercurio, RN tiene la "absoluta certeza de que, tal como ocurrió en el caso del general director Hermes Soto, el decreto de retiro debe ser objeto de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, tal como se desprende de la Resolución N° 6, de 2019, de la Contraloría General, por la cual se establecen los actos afectos al trámite de toma de razón".
Y añaden que "el Presidente Boric no puede ocultarse tras la figura de su ministra del Interior. La responsabilidad de llamar a retiro es suya, y debió, si quería cumplir con un estándar político como el criterio Tohá, disponer la remoción del general Yánez, permitiendo que tanto desde el Parlamento como de la Contraloría se pudiese cuestionar la constitucionalidad de su obrar. En cambio, prefirió responsabilizar a su ministra y coaccionar al exgeneral Yánez, quien por evitar una tensión institucional, decidió presentar su renuncia".
