Las últimas declaraciones del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, generaron revuelo en el Congreso Nacional. La autoridad admitió haber tenido encuentros con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, y con el abogado Luis Hermosilla, poco después de asumir su cargo; y reconoció que trabajó durante tres meses en la Universidad San Sebastián, antes de ser designado´.
Además, al ser elegido como líder del Ministerio Público, también compartió un café con Luis Hermosilla, que según él, habría sido para abordar "temas personales".
Ante las declaraciones del fiscal nacional el diputado Jaime Naranjo (PS) señaló que Valencia, "antes de ser nombrado, cuando ha sido nombrado y actualmente, ha tenido siempre vínculos muy estrechos y cercanos con los sectores de derecha. Nadie lo puede negar, está en su derecho hacerlo, pero creo que las revelaciones que hemos conocido por parte de él y otras situaciones anteriores lo han dejado en una situación bastante incómoda y cuestionable".
"Por consiguiente, lo prudente que debiera hacer el fiscal, debiera inhabilitarse e incluso iría más lejos, dada la situación delicada que hay en materia de corrupción en el país, donde están siendo cuestionadas diversas autoridades, el que se ponga en tela de juicio su situación en particular, incluso yo lo llamaría a dar un paso al costado para evitar cualquier acto de confusión o por otro lado de desconocimiento de los hechos. Creo que por la situación de corrupción que hoy día vive el país, por el cuestionamiento que tienen las instituciones, creo que lo más correcto, lo más prudente es que el fiscal nacional, ya que ha reconocido estos lazos, esta cercanía con estas personas, por el bien del país debiera dar un paso al costado e incluso presentar su renuncia", agregó.
La postura de Naranjo no fue respaldad por todo su sector, el diputado Leonardo Soto (PS) manifestó que "la verdad es que no es un delito conversar con Hermosilla, sobre todo entre abogados de la plaza en esa época. El asfalto y la línea roja es sin duda venderle el alma al diablo. Es decir, ofrecerle favores a la red de Hermosilla-Chadwick para arreglar salas de la Corte Suprema, venderle favores para entregarle información de causa reservadas venderles favores o para poder integrar salas o entregar documentación que es desconocida".
"Nada de eso hasta el momento aparece que haya hecho Valencia o la otra fiscal. Y lo que hay básicamente es la entrega a gotas de audios respecto de ellos con una finalidad que es bastante obvia, una estrategia procesal para poder descalificar a los fiscales que están persiguiendo la corrupción. Esta es una maniobra que facilita la impunidad de la red de Hermosilla-Chadwick porque la conducta y los actos del fiscal nacional y de la fiscal Parra desmienten lo que quieren afirmar en los audios. Ellos han sido persecutores con un delito gravísimo y eso por lo menos nosotros nos da mucha tranquilidad", añadió.
Por su parte, el diputado Andrés Longton (RN) planteó que Hermosilla y Valencia "eran abogados, uno no puede condenar de por sí las relaciones humanas que pueden haber en un contexto además profesional o en otro ámbito de por sí, uno no tiene por qué saber que el día de mañana una persona puede eventualmente cometer delitos, sobre todo cuando está en el desempeño de una actividad profesional".
El diputado agregó que "anticiparse y hacer juicios respecto a relaciones que hubieran tenido en el pasado, que hubieran sido de cercanía o profesionales, a una persona que no tenía cómo saber que una persona iba a estar involucrada en estos hechos, me parece que es muy prematuro".
Valencia y Cordero
Después de la ola de opiniones, Valencia, recalcó que "no existen conversaciones, no existen más intercambios de mensajes, ni nada por el estilo".
En el caso de Andrés Chadwick, "si hoy día, en esas circunstancias, alguien me pide directamente que me inhabilite en una elección que le afecte directamente, considerando estas circunstancias, yo me inhabilitaría. Pero, hago presente que tampoco en nuestra institucionalidad, eso depende de mí, porque el fiscal nacional tampoco puede ir y desprenderse de aquello que es absolutamente incómodo".
Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, planteó que "el fiscal nacional era un reconocido especialista en materia penal. Él integró hace muchos años atrás, fiscal adjunto, integró la unidad coordinadora de la reforma judicial penal, era abogado que ejercía la profesión y desde ese lugar participó en el proceso de selección de fiscal nacional y yo creo que ha sido bien explícito en relación a la información que ha entregado no sólo ahora, sino desde una anterioridad a las conversaciones que tuvo. Si eso tiene incidencia o no en relación a una causa de inhabilidad en concreto en respecto a una decisión específica es un asunto que le corresponde evaluar a la autoridad en cada caso particular".
Enfatizó en que "hay que tener cuidado con hacer juicios respecto de las personas cuando sus trayectorias profesionales anteriores explican el cargo que actualmente desempeñan".
