La Corte de Apelaciones de Valparaíso resolvió reprogramar el desalojo de la toma Edén de Lajarilla, en Viña del Mar, para el martes 4 de marzo, a las 09.00 horas. Con esto, se posterga el cumplimiento del mandato de la Corte Suprema, que ordenó la salida de los pobladores hace más de dos años, en noviembre de 2022.
Según consignó El Mercurio de Valparaíso, la Corte de Apelaciones había resuelto que el lanzamiento se llevaría a cabo este sábado 22 de febrero, a las 10.00 horas. Sin embargo, un escrito judicial presentado por el abogado de los propietarios del terreno, Waldo del Villar, informó a la Corte que "no hay contingente ni medios disponibles" para ejecutar el operativo.
Esto, en relación al "periodo estival y el inicio del Festival de la Canción de Viña del Mar, sumado al inicio del regreso de vacacionantes, tareas a las cuales está destinado el contingente".
Esta solicitud, de acuerdo con el medio ya mencionado, no fue impulsada por iniciativa del abogado del Villar, sino que más bien fue a raíz de una reunión tripartita con el prefecto de Carabineros de Viña del Mar, coronel Leonardo Cárdenas, y el administrador municipal, Erick Layana, quienes le expresaron que el desalojo no era factible para este sábado.
Del Villar explica que en el encuentro, sostenido el martes, "el prefecto (Cárdenas) nos hace presente de que no tiene personal para este día sábado, porque está todo lo complejo del Festival de Viña, que se inicia con la gala del día viernes".
Asimismo, detalló que el administrador municipal, Erick Layana, le señaló que existe un plan del municipio para trasladar a los habitantes de la toma a albergues, pero que necesitaba un "tiempo prudencial" para terminar de implementarlo. "Entonces, me pidieron que yo diera cuenta a la Corte de esa reunión", precisa el abogado.
El representante del empresario José Massú accedió a la petición de Carabineros y el municipio, acordando entre las partes efectuar el desalojo el martes 4 de marzo, propuesta que fue presentada y finalmente acogida por el máximo tribunal de Valparaíso.
"Atendido el mérito de los antecedentes expuestos por el recurrente, en lo concerniente a las reuniones sostenidas con la Prefectura de Carabineros y el Municipio de Viña del Mar, las dificultades señaladas por el recurrente para llevar a cabo el lanzamiento en el día fijado en la resolución de folio N°120, y existiendo acuerdo entre las partes involucradas en lo relativo a la fecha de realización propuesta por el actor en la presentación que antecede, para la concreción la diligencia de lanzamiento, teniendo además presente las anteriores presentaciones realizadas por Carabineros y la Municipalidad, se hace lugar a lo solicitado, y en consecuencia, se reprograma la diligencia de lanzamiento con auxilio de la fuerza pública para el día 4 de marzo de 2025 a las 09:00 horas", detalla la resolución.
"Nosotros como víctimas de esta situación de usurpación tenemos que esperar el auxilio de la fuerza pública, y mientras no la tengamos, no podemos hacer nada", dijo el abogado del Villar, quien mantiene plena confianza en que, para el próximo 4 de marzo, la Prefectura de Viña del Mar logre coordinar refuerzos provenientes de la Región Metropolitana, que permitan llevar a cabo el desalojo.
"Si hemos recibido el apoyo de alguien, ha sido Carabineros. Carabineros tenía listo todo el contingente y todo el operativo para el lunes pasado (17). Han estado liderando el cumplimiento de la resolución, y yo creo absolutamente en el coronel (Cárdenas)", destacó el jurista.
Si bien Waldo del Villar ha sido enfático en que su representado, el empresario José Massú Márquez, no está dispuesto a vender su propiedad, los ocupantes de la toma mantienen las esperanzas de poder alcanzar una negociación para comprar los terrenos usurpados.
El abogado de los pobladores, Gustavo Burgos, cree que, a propósito de la estrategia que busca aplicar el Ministerio de Vivienda en la "megatoma" de San Antonio, la conformación de cooperativas de compra puede ser una de las salidas del conflicto en Lajarilla.
"De la misma manera que pagaron en su mayoría por estar instalados en ese lugar, ellos (los ocupantes) entienden que tienen que pagar por eso lo que corresponde, y están dispuestos a hacerlo", subrayó.
"Una cooperativa sería precisamente la solución que los pobladores están reclamando", añade el jurista, quien asegura que, incluso, el máximo dirigente de la toma, Carlos Calixtro, le planteó "explícitamente" esta opción al delegado presidencial, Yanino Riquelme, quien se ha hecho parte como mediador del conflicto.
Son dos las parcelas de Massú Márquez -de una hectárea cada una- ocupadas ilegalmente por las 90 familias que habitan la toma. Estas tienen un valor fiscal cercano a los $146 millones, sin embargo, el valor comercial podría ascender al doble, bordeando los $300 millones.
En ese marco, el representante de los pobladores cree que este monto sería "abordable para las familias" de Lajarilla, y muestra plena convicción en poder alcanzar un acuerdo con los dueños del terreno.
"No solamente creo; yo estoy convencido, de la misma manera que estoy convencido de que los pobladores van a resistir el desalojo, porque yo no creo que el desalojo se provoque. Pero con la misma convicción estoy seguro de que vamos a encontrar una solución sobre este tema", enfatizó.
Inclusive, detalló que los pobladores hicieron llegar una propuesta económica al propietario, acompañada de una tasación fiscal. Sin embargo, no han recibido respuesta.
