La fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende no solo le significó la pérdida de dos ministras al Presidente Gabriel Boric y nuevos cuestionamientos al Gobierno en materia de su prolijidad; también le conllevó una citación a declarar por parte de la Fiscalía, que indaga presunto fraude al fisco.
Este jueves trascendió que el Ministerio Público hizo llegar a Palacio una invitación al Mandatario para que declarara este jueves 27 de marzo. Esto a partir de una serie de antecedentes que maneja la Fiscalía sobre las diligencias que arrancaron para la compra de la casa de Guardia Vieja, a partir de la firma de Boric a los decretos que autorizaban la adquisición de la vivienda de Allende.
Con esta, el Mandatario sumaría dos oportunidades en que su declaración es requerida en la investigación de un posible delito. En octubre del 2024 fue el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz quien solicitó al Presidente un interrogatorio a raíz de la denuncia por violación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Entonces, Boric definió que la declaración se tomara en su despacho del Palacio de La Moneda.
Pero estas sucesivas vinculaciones del jefe de Estado a causas penales, es algo reprochado por la oposición.
El diputado Felipe Donoso (UDI), acusó que la adquisición de la casa buscaba que "la siguiera administrando a través de una fundación, esta vez la familia Allende,
en que además le subían el precio arbitrariamente".
"El Presidente tiene que entregar todos los antecedentes al respecto. Todos los antecedentes para llegar a quién o quiénes son responsables de esta situación.
No podemos someter a la Presidencia de la República a este tipo de procesos, no podemos someter a Chile a este tipo de prestigios, no podemos, por defensas corporativas de la izquierda, seguir dañando al país", sostuvo.
Del mismo modo se manifestó el diputado Henry Leal (UDI). "Encuentro de la mayor gravedad, que el Presidente de la República sea citado a declarar como imputado en el caso sobre la compra de la casa de la familia Allende. El Presidente opinaba en el Gobierno pasado, que eso era una vergüenza internacional cuando se citaba al Presidente de la República. Creo que tiene que dar todas las explicaciones de este caso (...) esto no le hace bien a la imagen del país tener un Presidente que sea citado a declarar como imputado".
En ese sentido, el diputado Jorge Durán (RN), calificó la situación como "una vergüenza y un verdadero autogol del Gobierno. A causa de la imprudencia con que se actuó, hoy el propio Presidente Boric debe responder ante los persecutores públicos".
"Esto demuestra el desorden y la irresponsabilidad con que esta administración maneja los recursos del Estado", fustigó y añadió que "como miembro de la comisión revisora de la acusación constitucional de este mismo tema, insistiré en una investigación a fondo para que se establezcan las responsabilidades y no quede impune otro escándalo más de este Gobierno".
Por su parte, la diputada Erika Olivera, relevó que "el Presidente Boric es la primera autoridad de este país y, como tal, representante del Estado, cuyas acciones son una potente señal. En un momento donde la credibilidad de la política está tan quebrada es de suma importancia que el mandatario acepte la invitación y se ponga a disposición de la Fiscalía por el caso de la compra de la casa del ex Presidente Allende".
"Finalmente, fue él quien firmó los decretos que autorizaron la adquisición del inmueble a pesar de que las dueñas eran autoridades y la ley prohíbe que éstas celebren contratos de cualquier índole con el Estado. Es más, cuesta entender que se cometa un error tan básico, cuando los documentos de la compra pasaron por tantas manos", afirmó.
Decisión de compra "fue adoptada por el Congreso"
Desde la vereda del oficialismo, la diputada Camila Musante (Ind-PPD), consideró que el hecho de que el Mandatario se preste a declarar "es un gesto valorable en miras de colaborar con la justicia, hacerlo voluntariamente". No obstante, apuntó que "ya se ha causado un daño institucional significativo".
"Creo que las consecuencias de las malas asesorías de, por ejemplo, el exjefe de asesores del segundo piso, han marcado polémicas en esta gestión que han terminado por cuestionar la credibilidad del gobierno", dijo y aseveró "la ciudadanía exige transparencia, que se asuman responsabilidades de manera oportuna, no solamente cuando la crisis ya ha escalado demasiado, como ha ocurrido en este caso".
En defensa del Ejecutivo se refirió el diputado Leonardo Soto (PS). "La supuesta declaración como imputado para declarar una causa criminal en contra del Presidente Boric tiene como único fundamento la persecución, el acoso y el odio de una colectividad política, que es el Partido Republicano. Ellos son los únicos que figuran como querellantes en esta causa y son los únicos que buscan dañar la reputación del Gobierno con acusaciones falsas y sin ningún fundamento".
"Toda vez que la decisión de adquirir la casa del expresidente Allende no fue tomada por el Presidente Boric, fue adoptada por el Congreso de Chile en la discusión de la Ley de Presupuestos del año 2023, donde se aprobó por todas las bancadas de oposición, incluyendo Republicanos, la reserva de recursos del Fisco de Chile para adquirir dos casas-museo: la casa del expresidente Salvador Allende y la casa del expresidente Patricio Aylwin. Por eso esta imputación que hace el Partido Republicano al Presidente Boric está basada en el odio y la persecución de una colectividad política y también en la hipocresía de la derecha que aprueba esta compra y después cuestiona la manera en que se hizo", aseveró.
