El viernes pasado, la Contraloría General de la República tomó razón del reglamento asociado a la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, iniciativa que fue publicada en abril de 2023. De esta manera, el texto ya está en condiciones de ser distribuido a todas las empresas del rubro.
Esta mañana, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, explicó cuál es el camino que seguirá el texto: "Lo que corresponde ahora, una vez tomado de razón el reglamento, es su publicación y una vez publicado el reglamento vamos a tener un plazo de un mes antes que la ley se haga efectiva".
"Durante ese mes hemos acordado con las empresas que vamos a trabajar en ir prepoblando la plataforma que es la que está diseñada para poder recibir toda la información que las empresas de aplicaciones de transporte van a entregar asociada, no solamente a su condición de empresa, sino que también a los conductores que trabajan en cada empresa así como también a los automóviles con que esas empresas van a trabajar", detalló el ministro.
Asimismo, Muñoz señaló que como Ministerio van a convocar a las empresas de aplicaciones a una mesa de trabajo, que se desarrollaría en los próximos días, "para que esa aplicación de la ley sea lo mejor posible", de manera de poder velar por "la seguridad de las personas, tanto de conductores como usuarios".
El ministro detalló también que "hemos trabajado en paralelo en el reglamento, hemos trabajado con el desarrollo de una plataforma digital que sea capaz de recibir toda la información tanto de las empresas como de conductores así como también de los vehículos para de esa manera poder hacer un buen control, una buena regulación del sistema como la ley nos exige".
Detalle del reglamento
Consultado por los alcances del reglamento, Muñoz detalló que la elaboración del texto fue un proceso "muy participativo, donde hubo largas consultas", lo que también dio tiempo para contar con una plataforma que recabe información de las empresas.
"Y reciba toda la información de las empresas y al mismo tiempo haga por ejemplo las consultas en registro civil, en migración, respecto de por ejemplo, la condición de inmigrante al día de un eventual conductor que no tenga delitos de carácter sexual", detalló.
A eso se suman otros elementos, como "que los vehículos estén debidamente registrados, con una serie de validaciones que tenemos que hacer a partir de la información que se nos van entregando y esa plataforma estamos a puertas de poder terminarla, estamos ya bastante avanzados y por lo tanto estamos en condiciones de que la ley muy pronto pueda estar efectiva".
"Respecto a algunos ajustes se han ido haciendo muchos, tal vez el último proceso, lo más importante, tiene que ver con que en las versiones previas del reglamento se había definido que cada vehículo tenía que tener un cierto número de conductores asociados y a partir del diálogo con Contraloría finalmente se determinó que tanto el registro de conductores como el registro de vehículos iban a ser registros independientes", detalló.
Gremio acusa "desconocer implementación" de la ley
Por su parte, desde las aplicaciones de transporte privado, acusaron "no haber sido escuchados como industria, respecto de las externalidades negativas que este reglamento provocará en el ecosistema y que hemos expuesto en diversas instancias".
"A pesar de esto, como gremio reafirmamos nuestro compromiso para trabajar en implementar de mejor manera la ley, sin perjuicio de que al no tener un canal abierto de diálogo con el ministerio desconocemos los términos en los que se desarrollará su implementación. Incluso, al no existir una marcha blanca, desconocemos cómo este reglamento podría operar en el corto plazo", acusan.
Por otro lado, afirman que "no es efectivo que el ministerio haya acordado con la industria preaprobar el registro de conductores, tal como lo aseguró esta mañana el ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Nunca nos han contactado para abordar esa materia, a pesar de que en su momento le advertimos a la autoridad que dicho registro no se puede hacer".
Gremio acudirá a "instancias internacionales"
Con todo, anunciaron que como gremio recurrirán a instancias internacionales, "en lo que respecta a la protección de datos personales, toda vez que como lo hemos anunciado siempre, el reglamento excede las facultades otorgadas por la Ley 21.553 de cara a la ley de datos personales".
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De igual forma, el reglamento no solo vulnera la privacidad de los conductores, sino que también expone a los pasajeros de manera alarmante. La exigencia de datos como la geolocalización, el historial de viajes y las evaluaciones permite identificar patrones de comportamiento y hábitos personales de los usuarios", precisan.
Desde el gremio señalan que, por ejemplo: la geolocalización de origen y destino permite identificar direcciones de residencia o trabajo; el historial de viajes genera un perfil completo de movilidad, lo que expone los hábitos de los usuarios a posibles vulneraciones de su privacidad; las evaluaciones y comentarios asociados a los viajes contienen detalles que, al ser desagregados, pueden asociarse a un individuo específico.
"Esto contraviene lo establecido en el artículo 10 de la Ley 21.553, que exige que los datos proporcionados no puedan asociarse en ningún caso a una persona determinada. La falta de mecanismos claros para garantizar esta anonimización supone un riesgo desproporcionado para los derechos de los usuarios", acotan.
En ese sentido, remarcaron que, por ejemplo, si un pasajero realiza viajes frecuentes desde su domicilio a un centro médico, a un templo religioso, sede de un partido político, la combinación de geolocalización y horarios podría revelar información sensible sobre su salud, creencias religiosas u otras, exponiéndolo a riesgos de discriminación o uso indebido de sus datos.
"Efectos negativos" según el gremio
Asimismo, desde el gremio enumeraron una serie de "efectos negativos" que causaría la nueva ley.
En primer lugar, acusan que habrá impacto en el empleo: "el Ministerio insiste en que los conductores representan un número menor a 100 mil. Hasta el día de hoy no sólo no se nos ha solicitado información, sino que cuando se ha hecho mención a la última estimación realizada por el académico David Bravo, el Ministerio insiste en basarse en las cifras de la encuesta de empleo. La última estimación realizada por David Bravo, indicaba que el 40% de los conductores se verá afectado por el reglamento. Es decir, más de 40 mil personas se verán directamente afectadas por esta medida administrativa".
En segundo lugar, apuntan a impacto a la libre competencia. "El gobierno mata la innovación para que lleguen nuevas empresas a competir. El sistema de reemplazo de conductores establece que será el Ministerio quien asigne cupos a las empresas. Esto sin dudas frenará el dinamismo de nuestra industria y arriesga a que se genere una importante disminución de la oferta, con los efectos en empleo, movilidad en regiones, y un aumento en las tarifas para los pasajeros", afirman.
En tercer lugar, impacto en los datos personales. "El Ministerio insiste en dotarse de facultades para conocer todos los viajes de las personas que utilizan plataformas. Su origen, destino, horario y rutas, e incluso el género de los pasajeros. La última estimación realizada por David Bravo, indicaba que más de 11 millones de personas han realizado un viaje en aplicaciones durante los últimos 10 años".
"Esta medida desproporcionada y sin justificación alguna, atenta contra la privacidad y el derecho a moverse libremente por el territorio nacional. Frente a esa irregularidad es que como gremio presentamos hace algunas semanas un Téngase Presente ante la Contraloría General de la República para que se pronuncie al respecto", acotan.
Y en cuarto lugar, impacto en la seguridad. "El reglamento pide los mismos documentos que la industria le pide a los conductores hace muchos años. Incluso, las empresas son más estrictas en lo que se refiere al certificado de antecedentes penales. Aun cuando la Ley sea menos exigente que nuestro estándar, el compromiso de Alianza In es nivelar hacia arriba y mantener nuestros estándares de calidad y seguridad. Con ese espíritu es que hemos suscrito importantes acuerdos para avanzar en un sistema más seguro, como el que firmamos recientemente con la subsecretaría de Prevención del Delito, que contempla el reconocimiento biométrico de la identidad de conductores y repartidores".
