Como una "mentira, una trampa y un verdadero engaño", así calificaron el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, y el diputado Cristhian Moreira, al denunciar que el Gobierno resolvió no hacer público los resultados de sus autoridades y que la toma del examen será "coordinada",
El Gobierno deberá aplicar el test de drogas por obligación al Presidente Gabriel Boric y a sus 25 ministros y 41 subsecretarios, luego de que en la Ley de Presupuesto de 2025 se aprobara una indicación que exige a las autoridades mencionadas realizarse un examen semestral durante el transcurso de este año.
Al respecto, cabe recordar que durante la mañana de ayer los parlamentarios acusaron al Ejecutivo de no estar cumpliendo con la obligación legal, considerando que el 30 de junio vence el plazo para que las 67 autoridades se realicen el primer test, sin que a la fecha se conozca si alguno ya lo hizo.
Este martes, en tanto, el Ministerio del Interior informó que el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) se haría cargo de todo el proceso, publicando -durante la misma tarde de ayer- las bases de licitación para contratar al laboratorio u organismo que se encargará de realizar los exámenes a las autoridades del Ejecutivo.
Sin embargo, tras revisar las 51 páginas de la licitación que publicó el Senda, los integrantes de la bancada denunciaron una serie de requisitos y exigencias que, a su juicio, podrían atentar contra el objetivo principal de la norma, que es detectar a las posibles autoridades que sean consumidoras.
Lo anterior, puesto que acusaron que el Gobierno no sólo estableció que los resultados sean confidenciales y no públicos, atentando contra la transparencia del proceso, sino que además dispuso que el examen sea de orina, que en promedio mide un consumo de hace tres días, y no de pelo, que logra detectar hasta un año.
"Los exámenes de drogas que el Gobierno está obligado a realizar a sus autoridades están pronto a convertirse en una verdadera mentira, en una trampa y un engaño. Porque mientras en el Congreso los resultados de los test que nos debemos aplicar los parlamentarios son públicos, los exámenes que se deberá hacer el Presidente de la República, sus ministros y subsecretarios serán privados. Y porque mientras en la Cámara de Diputados el examen a realizarse es de pelo, porque eso permite medir un consumo de hasta un año, el Ejecutivo decidió que para ellos será de orina, que en promedio sólo detecta tres días hacia atrás", acusaron los diputados.
Para ello, "esto es una burla hacia los chilenos, porque lo mínimo es que los controles midan un consumo permanente y no reciente, y que los resultados sean públicos y transparentes, no confidenciales como lo pretende este gobierno".
Pero además, los diputados Coloma y Moreira también cuestionaron cómo será el procedimiento para la toma de muestra, considerando que las mismas bases establecen que el Senda "entregará el listado de contrapartes con que se coordinará la toma de muestras de las autoridades que se someterán al procedimiento".
A juicio de los parlamentarios gremialistas, lo anterior rompe con el carácter de "aleatorio" y "sorpresivo" que debería tener el proceso, tal como se realiza en la Cámara de Diputados.
Por lo mismo, advirtieron que "si hay ministros, subsecretarios o, incluso, el Presidente de la República que consuma alguna sustancia, van a ser avisados con anticipación de la toma de muestra y bastará con que dejen de consumir para que el resultado, además de ser secreto, sea negativo, lo que es insólito".
"Si el Ejecutivo no corrige inmediatamente las bases de esta licitación, vamos a presentar todas las reformas constitucionales que sean necesarias para establecer el cese del cargo de los ministros o subsecretarios que sean consumidores, y para que quede de manifiesto la gravedad de que el Presidente de la República no se realice un examen de drogas con las condiciones mínimas de imparcialidad, rigurosidad y transparencia que exigen los chilenos", concluyeron los parlamentarios.
