Un intenso debate se ha instalado esta semana en torno a las interceptaciones telefónicas por petición del Ministeiro Público. Esto, a raíz de los cuestionamientos que surgieron en el oficialismo por la "escucha" a Miguel Crispi -cuando aún era asesor del Segundo Piso-, en el marco del caso ProCultura, y la eventual petición de la fiscalía para hacer lo mismo con el Presidente Gabriel Boric.
El lunes, la ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, señaló que "la fiscalía y los tribunales son poderes autónomos y no nos corresponde a nosotros como Gobierno, ni pedir explicaciones, ni dar explicaciones por los actos que ellos determinan".
Sin embargo, agregó que "si lo hemos dicho, y creo que ha sido parte de la discusión pública de que
las escuchas telefónicas son una medida intrusiva, que requiere de una alta justificación y eso es algo que todos los ciudadanos tenemos que saber, porque evidentemente genera la preocupación o al menos la pregunta de bajo qué circunstancias, cómo se explica".
Ese mismo lunes, en conversación con EmolTV, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, consideró que la filtración "es grave en cuanto a un accionar desde la justicia, desde la Fiscalía utilizando estos mecanismos con intencionalidad política. Podemos ver durante este Gobierno una serie de ejemplos que resultan a veces absurdos". "Parece que hay un modus operandi para utilizar la acción de la Fiscalía, la acción judicial que debería ser para investigar delitos, con una motivación política", agregó.
El martes, la secretaria general de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, dijo a Radio Infinita que "el estándar es mucho más alto" en el caso de una pesquisa de este tipo al Presidente, y que "puede involucrar la seguridad nacional". Agregó también que "la fiscalía tendrá que dar explicaciones" por la divulgación del antecedente.
Las opiniones del oficialismo abrieron la incomodidad en el Ministerio Público -entidad autónoma para tomar decisiones en las materias que le competen-, y especialmente, en la Fiscalía Regional de Coquimbo, liderada por el persecutor Patricio Cooper, quien lidera el caso ProCultura y el de la fallida compraventa de la casa del ex Presidente Salvador Allende.
"En cuanto a las eventuales solicitudes de medidas intrusivas (como interceptaciones telefónicas), se recuerda que estas son controladas por los respectivos juzgados de garantía, conforme a la ley, y que la fiscalía no entrega información sobre tales solicitudes a terceros ajenos al proceso", se señaló. También, que el caso Procultura está "con diligencias en curso" y que, conforme a la ley sobre lavado de activos, la causa está "sujeta a reserva", lo que impide divulgar detalles sobre la misma.
Dardos a Valencia
De todos modos, en el Congreso las bancadas oficialistas insisten en pedir explicaciones al Ministerio Público. Incluso, desde el PC evalúan una solicitud de remoción del fiscal nacional, Ángel Valencia.
El
jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez, dijo a El Mercurio que "me parece que la Fiscalía a ratos se extralimita en sus funciones y raya en lo inconstitucional. Creo que la eventualidad de haber solicitado alguna diligencia que no está claro si así fue y es lo que debería declararse como una escucha telefónica al Presidente compromete la seguridad nacional y eso es inaceptable. Por eso Valencia debería dar explicaciones en la Cámara".
En la misma línea, el jefe de bancada PS, Juan Santana, planteó al citado medio que "el frenesí y descontrol del fiscal Cooper intentando intervenir las conversaciones del Presidente Boric es responsabilidad directa de Ángel Valencia (...) Si el fiscal nacional no toma medidas, el día lunes exigimos su remoción".
Debate por la "inmunidad"
Las presiones oficialistas a raíz de las escuchas han sido blanco de críticas y análisis en torno a la suerte de "inmunidad" que se buscaría instalar en las diligencias intrusivas para el caso de Crispi o el Presidente Boric, lo que pondría en entredicho el principio de igualdad ante la ley.
El querellante Sergio Rodríguez, en representación del diputado Republicano Juan Irarrázaval, dijo al citado medio que "debemos partir de la base de que las autoridades políticas tienen conocimiento de los hechos que se investigan. Al final del día, son ellos los presuntos autores de algún delito funcionario. La excusa de la ignorancia, como en la situación de la casa de Allende, es un insulto a la inteligencia".
En esa línea, advirtió que "permitir que reclamen un cierto grado de inmunidad frente a la actuación del persecutor afecta la esencia misma del Estado de Derecho y el rol constitucional de cada órgano público. El Ministerio Público debe investigar exhaustivamente y los políticos deben colaborar sin obstáculo alguno".
Por su parte, el abogado penalista y exfiscal José Villalobos dijo al citado medio que se trata de un tema de autonomía. "El fiscal cumple un rol de investigador y frente a antecedentes que le parecen plausibles decide autónomamente requerir del juzgado de garantía una autorización para la interceptación telefónica de algún imputado en particular (...)".
Y subrayó que "cualquier tipo de injerencia externa, ya sea pidiendo explicaciones o tratando de mantener una reunión para analizar esos casos en concreto, me parece que es una situación que está al margen de la ley".
Filtraciones "benéficas"
A mediados de mes, un grupo transversal de senadores presentaron un proyecto de ley que busca sancionar divulgación de causas judiciales, y si bien estaría centrada en fiscales y funcionarios del Ministerio Público, expertos ya han expresado preocupación en torno a los alcances que una normativa de este tipo podría tener respecto a la labor de los medios de comunicación.
Este miércoles, el rector de la UDP, Carlos Peña, planteó en una columna en El Mercurio que "las filtraciones suelen resultar benéficas", aunque aquello no significa que no sea necesario ocuparse de ellas, "pero al hacerlo, hay que tener cuidado de no lesionar los valores fundamentales de una sociedad abierta".
"Desde luego, es necesario asegurar los deberes de secreto de las autoridades y de los intervinientes, por ejemplo, en el proceso penal y evitar la intromisión en esferas protegidas, como la intimidad o la privacidad. Pero nada de eso debiera conducir a ahogar o inhibir la libre búsqueda y divulgación de informaciones de interés público", añadió.
En otras palabras, "nada de lo anterior debiera conducir a sancionar la indiscreción o la publicación de información por parte de los periodistas o los medios cuando ellos juzgan razonablemente que se trata de informaciones de interés público. Por que los fisgones del poder público que filtran informaciones, y los medios que las divulgan, suelen prestar un importante servicio público".
