Durante esta jornada la Cámara de Diputados revisó las modificaciones del Senado respecto al proyecto que establece el uso de la fuerza por parte de funcionarios del orden público y las Fuerzas Armadas (RUF), debate que ha sumido al ministro Luis Cordero en una tormenta política.
"Le hicimos ver al ministro que estábamos absolutamente desconcertados por no conocer cuál era la posición del Gobierno", explicó el diputado Jaime Araya (Ind.-PPD), en relación con las críticas surgidas desde el oficialismo hacia el ministro Cordero durante la comisión de Seguridad del día de ayer. Los reproches escalaron especialmente por la ausencia de diálogo político-legislativo que permitiera alcanzar un acuerdo dentro del sector y definir una estrategia común para enfrentar la tramitación de este controvertido proyecto.
Finalmente, con 10 abstenciones y un voto en contra, la comisión de Seguridad de la Cámara despachó las modificaciones del Senado, quedando el proyecto listo para ser revisado este miércoles por la Sala de la Corporación.
Sin embargo, ante la falta de respaldo y las presiones del oficialismo para coordinar una estrategia que permitiera continuar la tramitación en una comisión mixta y resolver los aspectos, que a su juicio, son los más complejos, el Ejecutivo optó por retirar la urgencia del proyecto. Con el apoyo de los comités parlamentarios, se acordó postergar la votación hasta el lunes, con el objetivo de contar con algunos días adicionales para ordenar las filas y preparar la votación.
Tras la rebelión oficialista de ayer, que incluyó un tenso cruce de palabras entre el ministro Luis Cordero y el diputado Jaime Araya (Ind.-PPD), el secretario de Estado ofreció disculpas públicas al parlamentario, luego de haber acusado una "encerrona" por parte de los legisladores oficialistas durante la tramitación de las RUF en la Comisión de Seguridad.
En el oficialismo valoraron el cambio de tono de Cordero y la decisión de retirar la urgencia del proyecto para poder establecer una estrategia, tras una reunión que sostuvieron con la autoridad de Gobierno.
"Hemos tenido reuniones de coordinación y diálogo para ver de qué forma afrontar el debate legislativo en la sala de Cámara de Diputados y finalmente saber cuál es el destino que han tenido las reglas de uso de la fuerza", señaló Araya este miércoles.
A su vez, la diputada Maite Orsini (FA), también integrante de la Comisión de Seguridad, destacó que el "Ejecutivo haya escuchado el llamado de atención que hicimos los miembros de la Comisión de Seguridad y haya retirado la urgencia en pos de tener un diálogo más enriquecedor para poder finalmente votar este proyecto con una estrategia legislativa clara".
El complejo escenario que se avecina
Pese a que se valora positivamente la decisión de contar con algunos días adicionales para ordenar la votación, persisten aprensiones entre diputados del oficialismo que se esperan revisar en una futura comisión mixta.
La diputada Maite Orsini advirtió que "si bien hay un consenso respecto a la necesidad de elevar las normas de reglas de uso de la fuerza a rango legal, lamentablemente el proyecto que entró a la Cámara de Diputados y Diputadas y el proyecto que sale hoy día del Senado, después de todos los trámites reglamentarios, no se condicen entre sí. Lamentablemente el proyecto que nos llevó a la Comisión de Seguridad para ser revisado tiene deficiencias severas, como por ejemplo la eliminación del principio de proporcionalidad, la eliminación del principio de rendición de cuentas, la eliminación de la prohibición de disparar armamento menos letal al rostro, el torso o el pecho".
En la misma línea, la
diputada Lorena Fries (FA) sostuvo que "la fórmula final que salió del Senado es una mala fórmula, es un proyecto que no asegura, no le da certeza a jurídicas, a los carabineros, pero tampoco protege los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, estamos en el peor de los mundos en materia de reglas de uso de la fuerza".
"El principio de proporcionalidad quedó fuera, un principio que es reconocido internacionalmente, no está. Segundo, la prohibición de disparar desde la cintura hacia arriba, se eliminó. Se eliminó en la Cámara, pero había formas de incorporarla a propósito de la gradualidad de uso de la fuerza. Tercero, las personas detenidas, hay una prohibición, una vez que están detenidas, de usar la fuerza sobre ellos. Eso se eliminó para Carabineros, pero se mantuvo respecto a las Fuerzas Armadas, lo que es una incoherencia tremenda. Se manda a reglamento la posibilidad de ampliar el abanico de armas que pueden usar los carabineros, es decir, se va más allá de lo que establece la ley de control de armas", añadió.
La diputada Alejandra Placencia (PC) señaló que "necesitamos que las reglas de uso de las fuerzas sean claras, precisas, sin ambigüedades y que den certeza jurídica a las policías en su actuar en el marco del estado de derecho, con estándares internacionales de protección a la vida y a los derechos humanos de todas las personas".
"El principio de proporcionalidad es esencial para cumplir con el objetivo declarado, porque la fuerza empleada debe ser adecuada y necesaria, nunca arbitraria y desmedida. Sabemos que la ley orgánica de Carabineros y sus protocolos internos ya contienen la proporcionalidad entre sus principios. Entonces la pregunta es, ¿Vamos a hacer una ley con menos estándar que las normativas que los mismos carabineros se han propuesto? A mí me parece que no corresponde. Por eso también necesitamos reponer, entre otras cosas, la prohibición de disparar armamento menos letal en partes vitales del cuerpo, porque debemos tener aprendizajes de nuestra historia reciente y dar garantías de legitimidad a la ciudadanía y a nuestras propias fuerzas policiales", añadió.
Una opinión distinta compartió el diputado Diego Schalper (RN) quien señaló que "el Ministro de Seguridad puso una urgencia y le impuso un ritmo extremadamente intenso a la comisión de Seguridad porque hasta antes de ayer era extraordinariamente importante aprobar esto hoy día ¿Qué es lo que ocurrió ayer, Presidente? En la comisión de Seguridad, un sector minoritario del oficialismo, pero muy influyente, compuesto por el otrora Apruebo Dignidad le dice al Gobierno que no está conforme con la redacción porque en el fondo pretenden insistir en algo que ha sido rechazado en la Cámara y en el Senado, que es el principio de proporcionalidad como algo explícitamente consagrado en las reglas de uso de la fuerza".
En esa línea, acusó que "el Gobierno, en vez de hacer eco a lo que quiere la ciudadanía, a lo que necesitan las Fuerzas Armadas y a lo que aprobó la Cámara y el Senado, prefiere dejarse capturar por esa minoría extremista y quitarle la urgencia al proyecto".