"Nosotros no somos un tribunal de la República; nosotros lo que estamos planteando es una alerta política", sostuvo este lunes la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, explicando la acusación de "espionaje" que la colectividad ha enarbolado contra el fiscal a cargo de la indagatoria por el caso Procultura, Patricio Cooper.
La molestia de los frenteamplistas con el persecutor no es nueva. Ya acusaban intencionalidad política de la Fiscalía con la filtración de la interceptación telefónica al exjefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (FA), que daba cuenta de presuntas presiones que ejerció la exsenadora Isabel Allende para concretar la compra de la casa de Guardia Vieja. Lo mismo ocurrió al trascender las solicitudes que Cooper hizo para intervenir el teléfono el Mandatario por el caso Procultura, y que resultaron desestimadas por tribunales.
Cuando se supo que el persecutor dio con la comunicación que el Mandatario sostuvo con la psiquiatra Josefina Huneeus, el FA emitió una declaración este sábado acuñando la palabra "espionaje".
"Más de 43 teléfonos intervenidos, incluidas conversaciones de 2022 pinchadas a fines de 2024, no responde a una auténtica búsqueda de pruebas, sino que parece más bien una estrategia de espionaje con fines políticos", sostuvo el FA.
Esto sin esperar el resultado del recurso de amparo que Huneeus ingresó a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, denunciando que la Fiscalía "interceptó su teléfono por error" y luego mantuvo la medida pese a saber que el aparato no pertenecía a Alberto Larraín -imputado en la causa-, sino que a ella.
Consultada por el asidero de la acusación de espionaje, Martínez advirtió que "no soy una jueza de la República, soy una presidenta de partido y en eso, lo que nosotros hemos planteado es que en dos ocasiones el fiscal Cooper solicita al Tribunal de Garantía pinchar el teléfono del Presidente y también de Josefina Huneeus por ser sujetos de interés, un concepto que no existía antes de la semana pasada". En ese sentido, aseveró que "no se cumplen con estándares jurídicos y procesales que nosotros creemos que es bueno, como partidos políticos, alertar para que precisamente haya una buena investigación".
En ese contexto, voces del oficialismo se han distanciado de la ofensiva adoptada por el FA. En Radio Universo, la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, advirtió que "no tengo yo antecedentes para señalar el tema del espionaje. Me parece, sí, que nosotros tenemos que ser muy claros en que aquí todas las personas, incluido el Presidente de la República, tenemos derechos constitucionales y que también la Fiscalía tiene la posibilidad de investigar a las personas".
"El tema es que se haga conforme a derecho, con todas las garantías que tiene que haber en estos casos", acotó.
El senador Alfonso de Urresti (PS) apuntó que "es importante en esto respetar a las instituciones. El Ministerio Público lleva hace largo tiempo una investigación y uno tiene que confiar en que una institución autónoma como el Ministerio Público, que investigue independiente a quien sea, se lleve adelante".
"Si hay algún antecedente que el Frente Amplio pretenda argumentar, tendrá que probarlo, pero creo que descalificar a priori y decir que esto es un espionaje político, me parece incorrecto", añadió, indicando que "si uno estudia la legislación de interceptación telefónica, de medidas intrusivas, están considerados, y más aún, quien lo autoriza son tribunales de garantía. Un juez de garantía autoriza esa medida intrusiva y no la Fiscalía. La Fiscalía simplemente lo solicita".
"Yo creo que no hay que desviar la atención. Creo que son hechos graves que, independiente de quienes están involucrados, tiene que siempre dejarse funcionar absolutamente al Ministerio Público y no hacer cortinas de humo o desviar la atención hacia otro tipo de lucubraciones", indicó.
Aludiendo también a las conclusiones que ha llegado el Partido Comunista por la trama de "pinchazos", el líder del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, consideró que "hoy no se puede hablar de activismo judicial ni mucho menos de espionaje; sin embargo, si finalmente no hay nada en contra del Presidente, es legítimo preguntarse por las motivaciones que pudo tener el fiscal en este caso".
Por su parte, el timonel del PC, Lautaro Carmona, precisó que "nosotros hicimos una formulación que parecía más una suerte de activismo judicial en el plano político. Es decir, lo que hay detrás, y quiero entender así la formulación que hace Frente Amplio, porque hacer debate respecto desvinculado del fenómeno mismo puede ser un poquito incompleto, para no decir, digamos, no pleno".
Gobierno
Así como el Ejecutivo ha evitado ahondar en la indagatoria por presunto financiamiento irregular de la campaña del Presidente, también ha optado por no referirse sobre la tesis de espionaje que ha enarbolado el FA.
"La legalidad o ilegalidad de una diligencia de investigación la tiene que determinar la propia justicia y hasta ahora, y este es el entendido que creo que tenemos todo, salió en la propia prensa, hay una acción y un recurso que se está viendo en sede judicial precisamente para determinar aquello y nosotros como Ejecutivo no nos compete ningún rol en ese proceso, simplemente lo observamos", sostuvo la ministra de Ciencias y vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry.
Además, apuntó que al "Ejecutivo no le compete la fiscalización de otros poderes del Estado y por lo tanto, como Ejecutivo no nos corresponde emitir opiniones respecto del actuar de los otros".
"Dicho eso, hay una discusión que es amplia y que yo creo que tiene que estar siempre presente en una sociedad que es cómo vamos fortaleciendo nuestra democracia y cómo estos balances de poderes y controles cruzados funcionan o no funcionan", agregó y señaló que "los partidos por su parte son quienes en muchos casos conducen la discusión política y parte de su función es precisamente poner puntos, llevar adelante esa discusión, generar un debate que es el debate de la política y que les corresponde a ellos dar".
