El proyecto que modifica el sistema registral y notarial se encuentra en su etapa final, luego de que la Cámara de Diputados aprobara esta tarde el informe elaborado por la comisión mixta para resolver las discrepancias entre el Senado y la Cámara. Ahora solo resta que el Senado ratifique las observaciones antes de que el texto sea despachado para su promulgación.
Esta iniciativa contempla un nuevo procedimiento para el nombramiento de notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros.
Según explicó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, "en el actual sistema hay un proceso de selección previo que realizan las Cortes de Apelaciones. Ese proceso de selección previo no tiene reglas específicas respecto a lo que se evalúa en los procesos de selección y la propia Corte Suprema, en distintos informes que hay y que constan en este proceso legislativo, ha señalado que ellos consideran que no es una buena idea que la Corte se involucre en los procesos de selección de notarios y notarias, archiveros, archiveras y conservadores. Eso consta en los propios informes de la Corte Suprema".
Después añadió: "Luego del proceso de selección, tal y como funciona actualmente, es el Poder Ejecutivo quien designa a los notarios y notarias, archiveros y conservadores. Es decir, la facultad de nombrar a estos auxiliares de la administración de Justicia se encuentra en el Poder Ejecutivo".
En esa línea, explicó que este proyecto busca que "este proceso previo no se haga en la Corte, no se haga en el Poder Judicial, porque ha sido el propio Poder Judicial, además, quienes consideran que no es un proceso lo suficientemente adecuado que sean los ministros de las Cortes de Apelaciones los que estén seleccionando a las personas que van a realizar estos oficios. Eso lo ha dicho el propio Poder Judicial".
Añadió que "ese proceso de selección se va a desarrollar ahora en la alta dirección pública para que posteriormente, a través de términos prelados, con puntajes claros y establecidos en un proceso de selección concursal y en un proceso en el que va a primar el mérito, sea el Ejecutivo el que designa a estas personas para ejercer como auxiliares de la administración de Justicia".
En relación con el proyecto, la diputada Javiera Morales (FA) señaló que "por años hemos conocido casos en que notarios y conservadores familiares de políticos y de otras autoridades han llegado a sus cargos por pituto, hay que decirlo, una vergüenza, había que pararlo. Después de tantos años que esta ley había sido discutida en el Congreso, quiero reconocer el esfuerzo del ministro y de este Gobierno que sacó adelante este proyecto".
"Después de años y años de discusión, hemos logrado generar un nuevo sistema, que primero contempla que estos nombramientos se van a hacer a través de la alta dirección pública. Y en segundo lugar, una inhabilidad para que familiares y quienes estén relacionados con vínculos de parentesco de políticos y de autoridades no puedan ser nombrados notarios y conservadores", añadió.
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Calisto (Ind.-Demócrata) destacó la digitalización del sistema notarial y de los conservadores, así como el nuevo régimen tarifario. El legislador sostuvo que "el Ministerio de Justicia podrá determinar una tarifa máxima que va en la línea del principal argumento que sostuvo la Fiscalía Nacional Económica en su minuto, que tenía que ver con las tarifas muy altas para los usuarios, para las familias, para las personas que utilizan este servicio en todo el país".
"Estos elementos, la digitalización y la regulación tarifarias son importantes, sobre todo en zonas aisladas (…) ha sido una tramitación extensa de cerca de siete años. Dos años en primer trámite en la Cámara de Diputados, cinco años en el Senado, pasó dos o tres meses, estuvo en la Comisión de Constitución acá en la Cámara, y luego se ha resuelto en la Comisión Mixta. Evidentemente, nunca se resuelve todas las inquietudes que uno tiene, pero creo, sin duda, que este es un avance al mejoramiento del sistema notarial y registral en Chile", concluyó.
Cabe destacar que solo se rechazó un aspecto referido a la división del territorio jurisdiccional, permitiendo la existencia de más registros conservatorios propuesto por la mixta.
