Anotaron incluso sus gastos más insignificantes: $14 mil por un Uber; $32 mil por productos de limpieza; y $8 mil en café y jamón para el turno de vigilancia.
Tales datos corresponden a las meticulosas hojas de cálculo incautadas en redadas policiales realizadas en Arica, en medio de la investigación que fue llevada a cabo por la fiscalía en contra de Los Gallegos, -una de las principales ramas locales del Tren de Aragua-, y que derivó en la condena a más de una treintena de sus integrantes, que juntas suman más de 560 años de cárcel.
Así lo dio a conocer The Associated Press (AP) que tuvo acceso a la información, revelando además luces de cómo la organización desarrolló su proceso de expansión en Chile.
"Cuando estás enfermo y no tienes resistencia, el virus se empieza a meter por todo el cuerpo. Con las bandas organizadas ocurre lo mismo", resumió a AP el fiscal que lideró la investigación, Bruno Hernández, sobre cómo extendió sus brazos el Tren de Aragua en territorio chileno.
Con llamadas interceptadas, teléfonos incautados, informes policiales sobre sus actividades e interrogatorios a varios de sus integrantes, que la AP pudo revisar, se estructuró un robusto expediente que expone detalles y particularidades sobre e
l funcionamiento interno del Tren de Aragua y sobre cómo pudo ampliar su frontera en pocos años desde las cárceles venezolanas hasta permear en varios países de la región.
La banda de crimen organizado replicó en Chile lo que había conseguido en territorios vecinos, al dominar las actividades ilícitas locales y penetrar las barreras del país.
"El crimen organizado siempre se adapta", agregó Hernández. "Siempre estamos un paso atrás".
Expansión en Chile
Fue en 2022 cuando las autoridades empezaron a detectar que había crimen organizado en el país, con la llegada de Los Gallegos. El brazo del temido Tren de Aragua Irrumpió en Chile cuando la pandemia del covid-19 cerró las fronteras, lo que animó a más venezolanos a recurrir a traficantes de personas para escapar de la crisis.
Aprovechando el éxodo masivo de los que buscaban oportunidades más al sur, Héctor Guerrero Flores —líder del Tren de Aragua, conocido como "Niño Guerrero" y sancionado este mes por Estados Unidos por trata de personas y otros delitos— envió a varios designados al país, seducido por una menor competencia criminal local y el potencial para sus actividades delictivas.
Se instalaron inicialmente en el norte, en Arica.
En poco tiempo, la banda se apoderó del Cerro Chuño, un antiguo vertedero de la ciudad norteña donde se agrupan en precarias viviendas migrantes indocumentados, más vulnerables al reclutamiento y a la explotación.
A medida que surgían casos de asesinatos o secuestros, con una brutalidad hasta entonces sin precedentes —algunos cuerpos aparecían desmembrados, quemados o enterrados vivos—, se prendieron las alertas de las autoridades de Arica ante la sofisticación de una organización criminal con múltiples capas y gran lealtad entre sus miembros.
El mes pasado, en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI) de Arica,
AP acompañó al fiscal Hernández en un interrogatorio a Wilmer López, de 23 años. El presunto sicario de Los Gallegos siempre guardó silencio, con la mirada fija en sus zapatillas.
"Venezuela no estaba dentro de las bandas que nosotros conocíamos", reconoció Hernández.
El fiscal montó entonces, con recursos limitados y poca experiencia, un equipo pionero con una decena de analistas, abogados e investigadores, que hasta hace poco era el único dedicado a perseguir exclusivamente al crimen organizado.
"Marcó un hito", señaló a AP el fiscal regional Mario Carrera desde Cerro Chuño.
Decodificar la estructura del Tren de Aragua, su compleja red de comunicación y la ruta del dinero fue crucial para desbaratar el brazo de Los Gallegos y condenar, el pasado noviembre, a 34 de sus miembros en un megajuicio por crimen organizado.
Hernández enfrentó amenazas de muerte. Hoy sigue permanentemente escoltado, aunque sea para una simple cena. Llamadas anónimas sobre amenazas de bomba en el pequeño juzgado de Arica paralizaron el juicio varias veces.
Pero una de las cosas más difíciles, según el equipo, fue convencer a las autoridades de que tomaran en serio al Tren de Aragua en un país donde la policía conducía vehículos sin blindaje y los detectives llegaban a los allanamientos sólo con un arma corta y una radio.
"La policía no creía en su propio trabajo", dijo Esperanza Amor, abogada asistente del equipo de Hernández.
Para la fiscalía, era fundamental demostrar en los tribunales que no eran "delitos aislados, sino que existía una estructura y un patrón", recalcó Amor. De lo contrario, "habrían sido juzgados como delincuentes comunes, no como un grupo transnacional".
Ante jueces y testigos, el equipo investigador presentó detalles de cómo Los Gallegos sometieron a delincuentes rivales con terror. Documentos judiciales describen cámaras de tortura clandestinas, donde filmaban la agonía de desertores y enemigos mientras les administraban descargas eléctricas y les amputaban dedos.
Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados acribillados o desmembrados y metidos en maletas. Muchos fueron sepultados vivos.
Hubo incluso traficantes locales que entraron en pánico y el miedo se filtró a las calles de Arica. Había tiroteos a plena luz del día y delitos cada vez más violentos pasaron a ser frecuentes.
"¿Adónde se supone que voy a correr, amigo?", se escucha preguntar a Marco Iguazo, uno de los principales traficantes locales, en una llamada interceptada de marzo de 2022 obtenida por AP.
Entre 2019 y 2022, los homicidios aumentaron un 215%, según la fiscalía. La ciudad, rodeada de playas para surfear, se convirtió en la más peligrosa de Chile. "Fue una psicosis total", recuerda el fiscal regional Carrera.
Tras logar condenas contra Los Gallegos por homicidio agravado, trata de personas, tráfico de drogas y explotación sexual, entre otros delitos violentos, se replicó el modelo en otras fiscalías regionales. Hoy, las múltiples unidades especiales de crimen organizado han encarcelado a casi 350 miembros del Tren de Aragua, en su mayoría venezolanos junto a chilenos, según la Policía de Investigaciones.
"La unidad hizo algo nunca antes visto en Chile y logró resultados", afirmó Ignacio Castillo, director de crimen organizado de la Fiscalía de Chile.
Hoy Arica es una ciudad diferente y apenas vuelve a sentir algo de la tranquilidad de tiempos de prepandemia. Su tasa de homicidios bajó de 17 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 9,9 el año pasado, según un informe nacional del gobierno.
Pero Los Gallegos, así como otras ramas del Tren de Aragua, no han desaparecido. Muchos de sus miembros están en prisión, pero desde allí siguen operando, por ejemplo, con llamadas de extorsión.
Los investigadores ya han detectado otros núcleos, el más reciente hace sólo tres semanas.
