Una nueva ronda de interrogatorios y diligencias encabezó el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios y el persecutor de Alta Complejidad de esa jurisdicción, Eduardo Ríos, en la investigación del caso Convenios que apunta a la fundación Procultura.
Esto, en el marco de la reasignación de la indagatoria que antes había sustanciado el jefe regional de Coquimbo, Patricio Cooper, y el exfiscal regional de Aysén, Carlos Palma.
Parte de las pesquisas se centraron en las decisiones que se tomaron a nivel de Gobierno, como, por ejemplo, en Santiago, para la suscripción de los convenios. Región donde, además, se pesquisa el rol del gobernador metropolitano, Claudio Orrego: ya se pidió su desafuero y la fiscalía busca concretar su formalización por presunto fraude al fisco, entre otros ilícitos.
En ese contexto, fueron citados, tanto el exjefe de asesores del segundo piso de La Moneda Miguel Crispi —que renunció en medio del caso por la fallida compra de la casa de Allende y antes había sido subsecretario de Desarrollo Social—, como la actual directora de la Dirección de Presupuestos (Dipres) Javiera Martínez.
Martínez, como testigo, y Crispi, como imputado, apuntaron a la responsabilidad de los gobernadores en la suscripción de los convenios y la asignación de fondos a las fundaciones. Las diligencias se materializaron en julio, bajo reserva, pero sus versiones —a las que accedió este medio— solo ahora se conocen.
"Deberían haber asegurado que estos recursos estén debidamente planificados (…), a fin de evitar mal uso"
"Respecto de las transferencias sub 33, numeral 5.1, glosa 02 Común de Los Gobiernos Regionales, de la Ley de Presupuestos del año 2022, la decisión de transferencias a algunas de las instituciones del inciso primero del numeral 5.1, corresponde a los jefes de servicio de los Gores, es decir, los gobernadores regionales", dijo ante el comisario de la PDI Edson Figueroa y el fiscal Ríos la directora de Presupuestos.
También explicó las normativas en torno a fundaciones y corporaciones privadas sin fines de lucro: "Esta valoración y selección igualmente corresponde a los jefes de servicio de los Gobiernos Regionales, es decir, los Gobernadores Regionales. Según el monto, puede requerir o no aprobación de los Consejos Regionales".
Y advirtió que, "en todo caso, para mantener un adecuado control de estas transferencias, los Convenios de los Gobiernos Regionales deberían haber asegurado que estos recursos estén debidamente planificados, con hitos específicos asociados al desembolso, a fin de evitar un mal uso. Esto debe ser expreso para un adecuado control y seguimiento de dichas inversiones. La norma 2022 no lo tenía, a partir del 2024 sí".
"Puede haber un desmedro o perjuicio al fisco"
La directora de Presupuestos, además, planteó que, "desde mi punto de vista, no me parece lo más óptimo presupuestariamente, entregar el total monto de un proyecto de inmediato, sobre todo si es un alto monto, no tiene sentido desembolsarlo en una cuota, lo que corresponden es que se vayan entregando avances previo estado de avance de un proyecto, para tener un adecuado control de lo que las entidades van gastando".
Añadió que "en cuanto a que invertir en instrumentos financieros evita que el monto asignado se deprecie por la inflación, no me parece que sea un buen argumento, ya que dicha situación debería ser regulada por un buen Convenio, que contemple justamente la variación del IPC y que aquello esté explicitado en el texto del Convenio".
"Me parece que puede haber un desmedro o perjuicio al fisco, ya que si se entrega un monto alto de dinero a una entidad, para una ejecución de más de un año, parte de ese monto perfectamente podría estar siendo ocupado en el mismo año de ejecución para otro proyecto de interés público", dijo ante los investigadores. .
En cada región se definía "cómo utilizar los recursos asignados en la Ley de Presupuestos"
Crispi también entregó una nueva declaración ante la fiscalía. "A su pregunta, como cuestión previa, los Gobiernos Regionales son los que definen cómo utilizar los recursos asignados en la Ley de Presupuesto, sea por sí mismos o a través de un tercero", aseguró.
A su vez, afirmó que, "en el caso en concreto, sobre la fundación Procultura, es necesario distinguir lo siguiente desde el punto de vista Subdere. Caso denominado fachadas de Gore Antofagasta, lo que se solicitó por parte de estos es la autorización para que la fundación Procultura fuera subejecutor en el marco de la Provisión Puesta en Valor del Patrimonio (...) y luego una solicitud de cofinanciamiento".
Detalló, en ese sentido, que "para el caso de gores Metropolitano, Biobío y Ñuble, se trata de solicitudes de reasignación de recursos por parte de gores indicados. En este caso los gores remitían antecedentes como: certificados Gore, acuerdos del gore, etc. En este caso lo que hace la Dipres es dar ejecución a la Ley N° 21395 que aprueba el presupuesto del sector público para el año 2022".
"Sobre quién debía analizar o fiscalizar la idoneidad del personal que prestaría funciones en la fundación Procultura, son los Gobiernos Regionales", sostuvo el exjefe de asesores.
Asimismo, mencionó, "sobre si la Subdere tiene alguna injerencia en las decisiones de algunos Gobiernos Regionales, de no requerir boletas de garantía en los convenios el pago en cuota única sin rendición previa". Respecto a ese punto Crispi explica: "Como dije previamente, no tiene ninguna, quien debe velar por cómo se concreta, si se deben pedir boletas o como se paga, es de responsabilidad de los Gobiernos Regionales y específicamente de los Gobernadores Regional, esto, según el estatuto legal que los rige. Del mismo modo, acuerdo a la ley y los procedimientos, los encargados, quién son los encargados del control de los fondos asignados a los Gobiernos regional, cómo se utilizan y sobre detalles de cómo se analizan o fiscaliza la idoneidad del personal de alguna fundación, es el Gobernador Regional".
Hace poco más de un año las figuras del FA ya habían respondido una serie de preguntas al Ministerio Público, pero surgieron otras interrogantes, esta vez, en relación con la intervención la asignación de recursos a estas fundaciones, dadas las funciones que desempeñaban cuando se realizaron dichas transferencias, subdere y directora de la Dipres.
