El nombramiento de Macarena Cortés Camus como primera directora del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas abrió un nuevo debate entre parlamentarios.
La decisión fue tomada por el Presidente Gabriel Boric luego de las críticas surgidas tras la designación inicial de la abogada y ex defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, debido a que su avanzado embarazo implicaría un período prolongado de licencia médica, impidiendo que el Gobierno entrante de José Antonio Kast pudiera removerla del cargo.
Tras ello, el Mandatario optó por nombrar a Cortés, una determinación que volvió a generar cuestionamientos entre parlamentarios, donde
sectores de la oposición acusan que el proceso respondería nuevamente a un "amarre2, mientras que parlamentarios de oficialismo respaldaron la decisión del jefe de Estado.
Nombramiento de Macarena Cortés genera controversia
El diputado Henry Leal (UDI) e integrante de la comisión de Seguridad fue tajante, señalando que: "Independiente de las competencias o no de Macarena Cortés como directora de la Defensoría de las Víctimas, me parece absolutamente imprudente e inoportuno que este Gobierno cuando ya se va esté nombrando cargos que son tan relevantes para el país. Me parece que es continuar ratificando o nombrando a sus amigos y sus cercanos, el amarre continúa, este amarre 2.0. No nos parece que sea correcto y espero que ella no asuma ese cargo, y que sea una asignación que le corresponda al próximo Gobierno".
Luis Sánchez (Republicano) también tildó el nombramiento de Macarena Cortés de amarre, indicando: "Independiente del nombre sigue siendo un amarre. Obviamente el caso de Patricia Muñoz era burdo y llegó a tanto la crítica que el Gobierno tuvo que dejarla caer, pero insisten con dejar a alguien nombrado cuando su gobierno ya en todo sentido está terminado y buscan con ello retrasar la instalación del próximo gobierno. Es una actitud profundamente antidemocrática que yo creo marcará ese legado que están tratando de inventar."
La diputada Gloria Naveillan (PNL) se sumo a las acusaciones de amarre, señalando que "el amarre igual existe, con un nombre o con el otro, pero sin duda Patricia Muñoz tenía un impedimento que era súper relevante. Me parece un poco absurdo nombrar a alguien que esté a punto de tener guagua, no es lo que corresponde".
"En esa sentido me parece bien que el Gobierno haya nombrado a otra persona, ahora bien yo esperaría por ética que pongan su cargo a disposición del nuevo Presidente, de modo que el nuevo Presidente determine si siguen o los cambia por personas de confianza", continuó.
El parlamentario Diego Schalper (RN), en tanto, se vio abierto al diálogo, señalando: "Queremos formarnos una opinión respecto a la persona que ha sido designada por el presidente de la República. Para eso, yo al menos voy a abogar por reunirme con ella, y además porque sea invitada a la comisión de Seguridad, para que exponga cuáles serían sus lineamientos, cuál es su mirada, porque nosotros necesitamos un defensor de las víctimas, que se ponga firmemente del lado del combate del delito, y no que tenga a ratos esta ideología que inspiraba a algunos en la izquierda chilena de la romantización de la delincuencia".
Andrés Jouannet (Amarillos), por su parte, se desmarcó de las críticas y aseguró que: "No me parece que deba haber una polémica cuanto a que el Gobierno tiene las facultades de nombrar una persona que tenga las competencias correspondientes para un cargo de esta significancia. La facultad del Presidente de nombrar a lo que considere es lo que corresponde".
En tanto, desde el oficialismo, el diputado Jaime Araya (IND-PPD) aseguró que es "importante que se hayan despejado las dudas en torno a los nombres que sonaban, y se haya designado a una persona que podrá dedicarse por completo a su función, y ahora todos los focos y responsabilidad en poner en marcha un servicio ampliamente esperado por la ciudadanía, en un contexto donde las víctimas de los delitos se sienten en completo desamparo".
En esa línea, Raúl Leiva (PS) indicó que "la nueva Directora tiene una reconocida trayectoria académica y una experiencia de más de 20 años en el Ministerio de Justicia en cargos relevantes. Sus principales desafíos junto con la implementación y normas complementarias, son poner en marcha un servicio de alcance nacional, liderar un proceso de transformación cultural y desarrollo organizacional al unificarse las distintas Corporaciones de Asisten coa Judicial y programas de Asistencia a Víctimas, la logística necesaria y dar continuidad a la labor de los actuales funcionarios imprimiendo el sello del nuevo servicio mandatado por la ley".
"Por la amplitud de materias, gremios constituidos y expectativas del servicio, sin lugar tendrá un gran desafío en el que todos debemos colaborar", agregó.
