La Contraloría General de la República (CGR) detectó debilidades en la labor de la
Corporación Nacional Forestal (Conaf), frente a los grandes siniestros en La Araucanía: el de Traiguén en 2025 y el de Lonquimay en 2024.
En el caso de Traiguén, el fuego consumió cerca de 20 viviendas destruidas y dejó un colegio dañado. De acuerdo al Informe Final de Investigación Especial (INVE) N° 569, de 2025, se vincula al incendio forestal denominado "Providencia", que se generó tras una quema controlada autorizada por Conaf, la que no fue correctamente extinguida, afectando un área de 3.064 hectáreas.
En ese sentido, el informe de la Contraloría Regional de La Araucanía constató que "la autorización entregada por Conaf no consideró las alertas tempranas preventivas de incendios forestales emitidas por Senapred ni las condiciones climatológicas de la Dirección Meteorológica de Chile, que proyectaban temperaturas entre 22°C y 28°C, humedad igual o inferior al 30%, además de vientos de hasta 50 km/h en costa y valles".
Todas estas condiciones incrementaban el riesgo de ocurrencia y propagación de incendios forestales, lo que finalmente ocurrió y provocó el gran siniestro en Traiguén.
Por esta razón, la Contraloría instruirá un sumario administrativo con el fin de determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios que, con su actuación u omisión, permitieron la quema. Además, se envió el informe al Ministerio Público.
Además, Conaf deberá revisar los criterios utilizados para autorizar quemas controladas, a fin de incorporar en sus procedimientos la verificación de alertas de Senapred y de la Dirección Meteorológica de Chile, "garantizando la trazabilidad, oportunidad en la entrega de antecedentes y una evaluación rigurosa del contexto en que se emiten".
También el ente fiscalizador acreditó que Conaf "no dio cumplimiento a su deber legal de denunciar ante el Ministerio Público el incendio, pese a contar con antecedentes técnicos sobre su origen".
De acuerdo al informe, esta omisión "afecta la trazabilidad, transparencia y eficacia del sistema de persecución penal en materia de incendios forestales".
Lonquimay
El siniestro producido en 2024 en Lonquimay, afectó principalmente un área de bosque nativo en la localidad de Troyo, que se extendió en una superficie de 805,85 hectáreas y se extinguió tras 129 días de combate.
Al respecto, el Informe Final de Investigación Especial (INVE) N° 555, de 2025, advirtió que el módulo "Costeo de incendios y valorización de pérdidas" del sistema SIDCO, diseñado para calcular el costo real del combate de incendios forestales, "no fue implementado plenamente, lo que obligó a elaborar valoraciones de manera manual".
A modo de conclusión, el documento sostuvo que "lo anterior impidió contar con información estandarizada, confiable y oportuna. Por ello, la CGR ordenó a la entidad establecer un plan de trabajo para implementar el módulo en un plazo máximo de seis meses".
Además, se identificó la falta de registro del Comandante de Incidente en SIDCO, en 11 de las 15 fichas de incendios forestales analizadas -incluyendo un caso con información totalmente omitida y 10 con días de combate sin datos- motivo por el cual Conaf deberá tomar las acciones necesarias para materializar protocolos de interoperabilidad con organismos externos.
Finalmente, la CGR ordenó que la Conaf "deberá arbitrar las medidas para establecer un procedimiento formal y obligatorio para la remisión directa y documentar al Ministerio Público de los informes técnicos que identifiquen causas atribuibles a conductas negligentes en incendios forestales de alta magnitud", cuyo resultado deberá informar a través de un Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento CGR en un plazo de 60 días hábiles.
