Tras casi tres años de la orden de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y que fue ratificado por la Corte Suprema en marzo de 2024, finalmente
este lunes a las 08:00 horas se dará inicio al desalojo de la megatoma de San Antonio.
Fue el pasado 4 de noviembre que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó a las autoridades ejecutar el desalojo de las 10.251 personas que conforman los 4.136 hogares emplazados en el terreno, en un plazo máximo de 30 días corridos.
A tan solo dos días de que se venciera el plazo y los dueños del terreno, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio, reclamaran que las autoridades aún no presentaban el plan de desalojo del lugar, la historia dio un vuelco: desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunciaron la expropiación de 110 de las 215 hectáreas del terreno para implementar el Plan Habitacional Cerro Centinela.
Desde el Gobierno afirmaron que la decisión es para evitar "una grave crisis humanitaria en la región", además de lamentar que pese a meses de conversaciones, fallaron los intentos de compra del terreno por el "precio exorbitante por metro cuadrado" que exigieron los propietarios.
Tras más de un mes de incertidumbre, finalmente esta semana se fijó este lunes para el inicio de la desocupación de los terrenos, lo que fue calificado por los pobladores como "un balde de agua fría" y cuestionaron el poco plazo para la reubicación.
Expropiación
Probablemente la mayor polémica de esta trama es la expropiación de parte del terreno para llevar a cabo el Plan Habitacional Cerro Centinela.
La medida fue sellada con el decreto exento N° 88, firmado el 2 de diciembre de 2025 y publicado el miércoles 3 de diciembre en el Diario Oficial. Esto, tan solo horas antes de cumplirse el plazo legal para dar curso al desalojo mandatado por la justicia.
La decisión no estuvo exenta de polémica, pues los principales cuestionamientos van desde que el Ejecutivo está "premiando" a quienes se toman los terrenos de forma irregular y los invita a "saltarse la fila".
Según la encuesta Black & White realizada el 10 y 11 de diciembre, la mayoría (68%) considera que está mal lo que hizo el Gobierno con respecto a la propuesta de implementar un plan habitacional de urbanización y que en cambio, se debiera haber cumplido la ley y desalojado la megatoma.
Se suma que un 78% declaró compartir las críticas al plan habitacional del Ejecutivo, considerando que se está "premiando" a quienes se toman los terrenos de forma irregular e ignorar a otras familias que llevan años intentando conseguir una vivienda.
Días después del anuncio trascendió que el Estado pagará cerca de $11.000 millones por la expropiación de las 110 hectáreas. La principal duda era de dónde provenían los recursos para pagar esos $11.000 millones.
Según explicó el Minvu, corresponden a fondos de proyectos no ejecutados de las regiones de Aysén, Los Lagos, La Araucanía, Ñuble y Los Ríos durante 2025.
El jefe del Departamento de Asentamientos Precarios del Minvu, Andrés Palma, explicó a El Mercurio que "al traspasar los recursos a los Servicios de Vivienda y Urbanismo (Serviu) estos tenían que ser gastados en el año (...) hasta 2024, podían ser gastados en más de un año, pero ahora, que muchos Serviu vieron que no iban a gastarlos antes del 31 de diciembre, empezaron a devolver esos recursos".
De esta forma, "nos vimos con una disponibilidad de recursos que no estaba planificada y que permitió destinar los fondos para San Antonio", explicó Palma.
Aviso de desalojo
En concreto, el proceso de desalojo contempla la expulsión del 50% de la megatoma, correspondiente a los sectores no incluidos en las 110 hectáreas que se expropiarán y que se traduce en cerca de 2.200 familias que no forman parte de las cooperativas de vivienda.
El pasado martes por la tarde aparecieron pegadas las primeras notificaciones que dan inicio al proceso de desalojo del terreno, con fecha el próximo lunes 12 de enero, el cual será "de forma gradual y progresivo".
Según se detalló en el documento de aviso, en una primera etapa "el desalojo con auxilio de la fuerza pública comenzará en las parcelas 11, 13 y 15, a partir del 12 de enero del 2026. Se solicita a los residentes iniciar la desocupación voluntaria del terreno antes de este plazo".
Luego, "una vez completado el desalojo de las parcelas 11, 13 y 15, se procederá al desalojo del sector Bosques del Mar. La fecha de inicio de esta etapa y las siguientes se comunicará oportunamente".
Se añadió que "se les solicita a todas las personas que colaboren con las autoridades, anticipen el proceso de reubicación y retiro de sus enseres personales y sigan las instrucciones proporcionadas".
Además, se informó que "se dispondrá de un albergue temporal, preferentemente para familias con niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad" en el gimnasio del Colegio España de la comuna.
Según antecedentes que recopilaron los pobladores, el albergue puede alojar a 116 familias, cerca de unas 300 personas.
Logística de la desocupación
Al igual que otros casos de desalojos, el proceso contará con un despliegue de equipos de Carabineros, Bomberos y servicios de salud.
El alcalde de San Antonio, Omar Vera, señaló que estarán presentes "en caso de alguna situación de emergencia" y que además, "se han adoptado las medidas preventivas en materias de salud", en caso de presenciar urgencias médicas.
Sobre el rol de Carabineros, afirmó que será en caso de necesitar el uso de fuerza pública y añadió que quienes quieran hacer uso del albergue temporal "se va a chequear su condición de antecedentes penales. Lo que significa, que si tienen antecedentes penales no podrán acceder al albergue".
Por su parte, el jefe de Gabinete de la Municipalidad, Esteban Hinojosa, sostuvo que "el llamado a la comunidad, bien respetuosamente, es poder desalojar antes de la fecha del 12 de enero, para evitar el uso de la fuerza pública".
En esa línea, pidió que "la comunidad que está en esta parcela, busque un lugar donde pueda irse con sus familias, para que no vivamos un desalojo agresivo, sino que normal para cumplir con el mandato judicial".
Desalojo "complejo"
El pasado viernes el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, señaló que el desalojo es "mucho más complejo" que otros debido a su magnitud y se espera que su tiempo de duración "no sea menor".
De acuerdo a la DPR, la primera etapa del proceso podría extenderse por tres o cuatro días, "a lo mejor menos porque la cantidad de familias que se van a ir moviendo van a ser menores".
"Va a depender mucho también de la ocupación de los albergues, como ustedes saben muchas veces los albergues no se utilizan, pero ahí tenemos una limitante, la medida en que la gente vaya ocupando los albergues, vamos a tener que ir evaluando día a día el desalojo", aseguró.
Respecto a las medidas para cerrar el terreno post desalojo, señaló que "vamos a ir haciendo un proceso de restitución al dueño y se ha comprometido respecto de poner maquinarias para hacer cercos, para demoler, incluso ellos han propuesto hacer zanjas para que no haya retoma de los lugares que vamos a ir desalojando, ese es un compromiso y es una obligación del dueño".
