Los integrantes de oposición de las comisiones de Hacienda y Educación del Senado apuntaron directamente al Ejecutivo por la "falta de definiciones oportunas" en la tramitación del proyecto de sala cuna universal, lo que -según advirtieron- terminó bloqueando un análisis serio y responsable de las indicaciones presentadas a la iniciativa.
Esto, luego de que la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, junto al ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, anunciaran el estancamiento en las conversaciones del proyecto.
Desde el Ejecutivo, el ministro Boccardo aseguró que "este era un proyecto muy ciudadano que además logró algo inédito, ampliar espectros de la oposición y gobierno. Esto es algo que no se había logrado en gobiernos anteriores y de ahí que nos parece irresponsable no aprovechar esta ventana de oportunidad que se había construido después de muchos años de trabajo y donde lo que estábamos materializando en estos días era justamente el resultado de ese trabajo de meses que como gobierno fuimos muy responsables".
"De ahí que nos parezca no solamente sorpresivo, sino que también irresponsable para el país. Que finalmente la UDI haya decidido no citar a la Comisión y con ello, en términos concretos, que este proyecto no pueda avanzar", agregó.
Por su parte, la ministra Orellana manifestó que "de todo lo que habíamos acordado negociar, habíamos llegado a acuerdo en los cuatro puntos. Luego me podrán decir esos senadores si les parece que trabar un debate que se está haciendo desde 1997 vale la pena. Quienes citan a las comisiones en el Congreso no es el Ejecutivo, son los parlamentarios".
"Quien debe citar a la Comisión de Educación el día de ayer ingresó un permiso constitucional retroactivo, es decir, que cuenta desde el veintidós y por lo tanto está inhabilitado para citarlo. Eso en momentos en que todavía estábamos negociando y por lo tanto ahí nos dimos por informados de que no se iba a citar y de que por lo tanto no tenemos nuevas oportunidades de discutirlo, al menos hasta marzo", continuó.
Respuesta oposición
El reclamo fue formalizado en un oficio enviado a la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, encabezado por el presidente de la Comisión de Educación, senador Gustavo Sanhueza (UDI), y suscrito por integrantes de ambas instancias, entre ellos la senadora Ximena Rincón (Demócratas), desde la Comisión de Hacienda.
En el documento, los parlamentarios expresaron su preocupación por las demoras del Gobierno en responder a las propuestas, lo que, según declararon, impidió avanzar con la profundidad técnica que requiere una política pública de esta magnitud.
Por su parte, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) manifestó que "lamento profundamente la demora del gobierno del presidente Gabriel Boric en entregar definiciones frente a las indicaciones presentadas al proyecto de Salacuna Universal, lo que terminó impidiendo un análisis serio y oportuno de las propuestas".
"Los puntos de desacuerdo se habían ido acotando durante la tramitación, sin embargo, las propuestas del Gobierno llegaron tardíamente, sin margen para evaluar las respuestas con la responsabilidad que exige una política pública de esta envergadura", agregó.
"Esperamos poder seguir avanzando para lograr una ley que garantice la sala cuna universal, donde la responsabilidad del empleador sea hasta el pago de la cotización, se fije anualmente el monto del aporte y establecer que cada 3 años la superintendencia de educación emita un informe fundado sobre el nivel adecuado de financiamiento", finalizó.
Cuestionamientos de la oposición
Uno de los principales cuestionamientos de la oposición apunta al diseño financiero del proyecto. Según el planteamiento, se crea un derecho universal financiado con una cotización fija y con garantía fiscal automática, sin que exista un estudio que acredite su sustentabilidad en el tiempo. Además, se advierte que la iniciativa no incorpora un análisis previo de la demanda por salas cuna, lo que podría generar una fuerte presión sobre la oferta disponible.
También criticaron que las restricciones en la asignación del voucher podrían dejar fuera a un porcentaje relevante de establecimientos VTF. Aunque el reconocimiento oficial es un debate legítimo, los senadores sostienen que, tal como está formulado, el proyecto profundiza las tensiones en la provisión del servicio.
Otro punto sensible es el precedente fiscal que podría establecerse. El texto indica que, si el fondo resulta insuficiente, el Estado deberá transferir recursos de manera automática, configurando un gasto fiscal contingente obligatorio, sin autorización anual previa del Congreso ni un techo explícito.
Finalmente, las comisiones plantearon una serie de ajustes indispensables para destrabar la iniciativa: eximir al empleador de responsabilidad cuando no exista disponibilidad de sala cuna en el registro; fijar anualmente el monto del aporte; y establecer que cada tres años la Superintendencia de Educación emita un informe fundado sobre el nivel adecuado de financiamiento.
