La audiencia de formalización en contra de la ex ministra de la Corte Suprema
Ángela Vivanco será retomada mañana, luego de dos jornadas en las que tanto el Ministerio Público como los querellantes han formulado cargos en su contra
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El juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Cristián Sánchez, debería emitir entre jueves y viernes su resolución en torno a la solicitud de prisión preventiva en contra de la acusada.
Pero antes, el defensor Jorge Valladares debe responder a la acusaciones dirigidas a la otrora suprema.
Acusación
Según la exposición de la Fiscalía Regional de Los Lagos, desde 2022 Gonzalo Migueles y su pareja, Ángela Vivanco, tenían una relación de amistad con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.
Al año siguiente, los juristas asumieron la representación del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SpA (CBM) en un litigio con Codelco.
Vargas y Lagos interpusieron recursos de protección en contra de la minera estatal Codelco ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, los cuales fueron rechazados el 13 de junio de 2023. Tres días después, 16 de junio de 2023, Lagos recurrió a la Corte Suprema.
Ante la controversia, la entonces ministra Vivanco Martínez intervino y resolvió a favor de CBM tanto el recurso de apelación deducido como en las posteriores peticiones de ejecución, con infracción a sus deberes estatutarios como magistrada del máximo tribunal del país, a raíz de que no declaró su inhabilidad de oficio respecto de Vargas y Lagos.
Finalmente, la estatal perdió la disputa judicial y debió pagar más de $17 mil millones. La Fiscalía ha señalado que Vargas y Lagos habrían realizado pagos a la exministra a cambio de realizar gestiones a su favor. Migueles, en tanto, habría facilitado los medios para recibir los montos de dinero, los que habrían usado con fines personales.
La fiscal regional, Carmen Gloria Wittwer, planteó que "una vez que Movitec pagó la suma de 198 millones 711 mil 729 pesos a los imputados Vargas Cociña y Lagos Herrera, esto mediante una serie de operaciones de ocultamiento, ejecutada (...) con el imputado Harold Pizarro Iturrieta, le compraron a este 79 mil 908 dólares, sin registrar ni reportar esta operación, estratificando y ensombreciendo el origen ilícito de los valores".
"Ahora bien, con parte de esos aproximados 79 mil 908 dólares americanos contaminados, se le pagó al imputado Vivanco Martínez al menos 14 mil dólares americanos a través de su conviviente Migueles Oteiza, por haber intervenido como empleada pública en el conocimiento de resolución favorable para CBM durante distintas acciones procesales ya individualizadas de litigio entre este último y Codelco, ante la Excelentísima Corte Suprema".
Máximo Pacheco
El persecutor Marco Muñoz sostuvo que "el día 3 de julio de 2023, es decir, el día antes de que saliera el fallo, él recibe comunicaciones de WhatsApp por parte de don Aldo Cornejo".
"Dice en esta conversación: 'Estimado, Máximo, quería comentarte con anticipación que en las próximas horas será público el fallo de la Corte Suprema, que acoge el recurso de Movitec, y ordenará el pago. La empresa tiene toda la voluntad de resolver amistosamente este tema y evitar los ruidos que se pueden dar. Estamos totalmente disponibles, gracias de antemano'", contó el fiscal.
Agregó que en otra comunicación, Cornejo señala "que la información no es oficial todavía y le envía el fallo. Posteriormente dice: 'El fallo que te comenté creo que abre las puertas para cerrar este tema, estoy disponible para resolver de la mejor manera posible y para comentarlo en la reserva de caballeros. Gracias por su atención'".
Muñoz informó además que el exdiputado Gabriel Silber, socio del estudio de abogados que representó a Belaz Movitec en el litigio, declaró ante las autoridades: "Ese día 3 (de julio de 2023), se encontraba en la oficina con Eduardo Lagos, y también estaba el señor Cornejo, cuando Eduardo Lagos recibe un llamado telefónico de doña Ángela Vivanco comunicándole que el fallo venía favorable. Y es en función de esa comunicación que Lagos le da (...) la indicación al señor Cornejo de comunicarse con don Máximo Pacheco para solucionar este tema".
Influencias
La abogada querellante y representante de Coldeco, Carolina Sepúlveda, que tanto Vivanco como su pareja, Gonzalo Migueles, y los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas cometieron los delitos de cohecho y lavado de activos "con posterioridad a que se desatara el caso Hermosilla en noviembre del 2023".
Sepúlveda recordó que los hechos imputados ocurrieron entre junio de 2023 y junio de 2024: "O sea, su señoría, la exministra, actuó con una sensación de impunidad absoluta. Lejos de desistirse de las conductas ilícitas que desarrollaba con su pareja y con los abogados Vargas y Lagos, siguió operando en este esquema de corrupción desde su posición de ministra de la Corte Suprema en la tramitación de las causas del consorcio -Belaz Movitec (CBM)- con Codelco, mientras que en paralelo promovía mecanismos en coordinación con los demás imputados para evitar ser alcanzada por las esquirlas del señor Hermosilla".
En ese sentido, añadió que "esa sensación de impunidad no llegó a concretarse y la exministra de Vivanco, la pieza fundamental de este esquema de corrupción, está siendo juzgada hoy día por un tribunal competente bajo un procedimiento racional y justo".
Aludiendo a los equipos electrónicos, afirmó que Vivanco se dedicó a eliminar "sus correos electrónicos alojados en la casilla institucional de la Universidad Católica". Sin embargo, la declaración de otro imputado reveló la existencia de documentación digital que la acusada habría eliminado.
Se trata del conservadores de bienes raíces e imputado, Yamil Najle, quien dio a conocer en el marco de la investigación "que en enero del 2025, o sea, después de haber sido removida de su cargo de la Corte Suprema, la señora Vivanco envió desde esa casilla de correo electrónico arroba UC.cl un documento en formato Word que correspondía a un borrador de contrato de prestación de servicios entre su pareja, el señor Migueles, y el conservador de bienes raíces de Chillán, el señor Najle, a pesar de que ella ha señalado públicamente en reiteradas oportunidades que nunca ha tenido conocimiento de los negocios y trabajos de su pareja".
"Ese correo electrónico, entonces, fue borrado deliberadamente por la imputada y hoy día tenemos conocimiento de él gracias a que lo aportó el señor Najle", añadió. En ese sentido, sostuvo que "la señora Vivanco no solo eliminó evidencia de sus correos electrónicos y sus propios chats de WhatsApp, sino que además se ocupó de que otras personas eliminaran la evidencia relevante también". La querellante se refirió al caso del secretario personal de la imputada, quien declaró ante el Ministerio Público que "no tiene las conversaciones de WhatsApp con la señora Vivanco porque ella le pidió borrarlos cuando fue removida del cargo".
Completó su punto indicando que " la verdad, su señoría, es que la exministra siguió ejerciendo su influencia incluso después de ser removida de su cargo en octubre del 2024, teniendo perfecto conocimiento de que esta investigación ya se dirigía en su contra y en circunstancias que ella ya tenía abogado defensor en la causa".
