El pasado 5 de enero, un grupo de familiares de fallecidos del megaincendio del 2F, en la Región de Valparaíso, fueron recibidos por el fiscal nacional, Ángel Valencia.
Han pasado casi dos años desde el siniestro intencional del 2 de febrero de 2024 que dejó a 138 personas fallecidas y más de 4 mil personas damnificadas.
A la fecha, hay 9 detenidos, entre ellos, exfuncionarios de Conaf y exvoluntarios de Bomberos. A ellos se les imputan delitos de asociación ilícita, incendio con resultado de muerte, además de ilícitos medioambientales.
En conversación con Emol, el abogado Felipe Olea -representante de las familias de las víctimas fatales del megaincendio- comenta que en julio del año pasado se realizó la reapertura de la investigación, precisamente porque existían diligencias pendientes, lo que volvió indispensable profundizar y completar esa etapa.
"Hoy, tras el cierre de la investigación y consecuente acusación, que sucedió en noviembre pasado; se desarrollará la audiencia de preparación de juicio la semana del 9 al 13 de marzo, por lo que las familias se mantienen expectantes y con esperanza de que esta etapa marque un punto de inflexión real hacia el juicio oral", precisa.
"Sabemos que se trata de un proceso complejo, y que no todos los imputados enfrentarán el mismo grado de responsabilidad ni, eventualmente, las mismas consecuencias penales dentro de lo que se ha denominado el Cartel del Fuego. Pero lo relevante es que la verdad comience a ordenarse, que las responsabilidades se determinen con seriedad y que el sistema responda con justicia a la magnitud de lo ocurrido".
Arista "autoridades"
La situación de los detenidos del llamado "Cartel del Fuegio" es sólo una de las aristas que dejó una de las catástrofes más grandes que ha marcado a la Región de Valparaíso.
Y es que la reunión de los familiares con el fiscal nacional tenía como objetivo transmitirle al titular del Ministerio Público la preocupación por el "lento avance" en la arista "autoridades" de la investigación.
Según consignó El Mercurio, los abogados que defienden a diversos grupos de víctimas coinciden en criticar al fiscal a cargo de esa arista, Claudio Rebecco.
"No se entiende que habiéndose pedido una lista gigante de diligencias en marzo, autorizadas en abril, recién haya despachado la orden de investigar a la PDI en agosto", sostuvo el abogado Felipe Olea.
En febrero de 2025, los abogados de los familiares de las víctimas fatales interpusieron demandas de indemnización de perjuicio "por falta de servicios del Estado" en el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso.
Las solicitudes están dirigidas contra el Estado de Chile, el Fisco, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Gobierno Regional de Valparaíso y las municipalidades de Viña del Mar y Quilpué.
Según los demandantes, la acción se fundamenta en el "circuito de negligencias de las autoridades públicas", donde las autoridades no previeron el avance del fuego, no emitieron las alertas de emergencia a tiempo y tampoco iniciaron un proceso de evacuación, que pudo haber permitido salvar vidas.
Los equipos jurídicos piden que el Estado entregue una compensación a las familias de $750 millones por cada fallecido, lo que equivaldría a $60 mil millones. . Una cifra que, de acuerdo a lo señalado, se justifica en las indemnizaciones por $1.000 millones que entregó el Fisco tras el atentado incendiario contra el matrimonio Luchsinger-Mackay.
"Lentitud injustificable"
Esta acción judicial contra el Estado la llevan adelante, además de Olea, los abogados Luis Cantellano, Raúl Meza y Gonzalo Yuseff.
Consultado por Emol, Olea comenta que "la investigación de los autores materiales es el hilo más delgado de toda esta tragedia. Hoy tenemos personas detenidas, pero eso no puede transformarse en un cierre anticipado del caso".
"Aquí no faltan antecedentes, falta decisión. Las diligencias recién se activan después de la reunión con el Fiscal Nacional. Necesitamos resultados concretos que acrediten las responsabilidades, no más excusas".
Felipe Olea, abogado de familiares de fallecidos en el megaincendio
"Perseguir solo a los autores materiales, sin avanzar con la misma fuerza sobre quienes tenían el deber de prevenir, alertar y actuar, es quedarse con la parte más fácil del problema. Este incendio no fue solo provocado: se volvió letal únicamente por la cadena de omisiones del Estado, y eso también debe investigarse y sancionarse", precisa.
A juicio del abogado, lo que hoy se observa en la investigación de la responsabilidad de las autoridades es una "lentitud injustificable". "Decir que durante meses se estuvieron 'estudiando antecedentes' no solo es insuficiente, es un insulto a la inteligencia de las víctimas y del país entero".
En esa línea, subraya que "aquí no faltan antecedentes, falta decisión. Las diligencias recién se activan después de la reunión con el Fiscal Nacional. Necesitamos resultados concretos que acrediten las responsabilidades, no más excusas".
Fiscal defiende labores
El fiscal anticorrupción Claudio Rebeco explicó a El Mercurio que la investigación tiene por objeto determinar si se configuran delitos de responsabilidad culposa en las autoridades y que los primeros meses los dedicó a estudiar la normativa y los documentos recopilados sobre su actuación antes y durante la emergencia.
Definida una línea de investigación, despachó la orden a la Bidema. "Hay más de doce declaraciones de actores relevantes que se han tomado. No están incorporadas aún en la carpeta de investigación fiscal porque el informe policial está en desarrollo", dijo al citado medio.
"He venido sosteniendo sucesivas reuniones con el comisario Navarro y se avanza en una línea de investigación ya trazada y que es de compleja imputación", agregó el persecutor.
