El exmandatario Gabriel Boric se refirió esta semana a la contingencia nacional, abordando -entre otros temas- los embargos a las cuentas bancarias de deudores del CAE por parte de la Tesorería General de la República (TGR), instancia en la que también defendió la tramitación del proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES) impulsado durante su administración.
"Pese a que teníamos consenso técnico, durante nuestro gobierno la derecha se negó a legislar para tener un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior y aliviar significativamente la deuda del CAE a miles de personas que han pagado por años montos mucho mayores que el valor de sus carreras. Hoy a esos deudores les vacían sus cuentas corrientes intempestivamente generando graves situaciones de crisis en las economías familiares", señaló el exjefe de Estado.
En esa línea, Boric manifestó "¿dónde están las prioridades? ¿Por qué hay inflexibilidad y castigo para familias trabajadoras y sacrificadas que están endeudadas y se sigue siendo permisivo con los negocios del crimen organizado con el que todos queremos terminar?".
Sin embargo, la existencia de ese "consenso técnico" ha sido ampliamente cuestionada a la luz de los antecedentes que marcaron la tramitación del proyecto, donde se evidenciaron profundas diferencias entre expertos, académicos, instituciones de educación superior y organismos técnicos.
Y es que profesionales como la investigadora senior de CEP, Sylvia Eyzaguirre, le respondió al exMandatario a través de sus redes sociales, indicando que "no había consenso, fui de las pocas en apoyar la tramitación del FES. Es verdad que el gobierno se abrió a presentar cambios al proyecto, pero fue solo al final de su mandato y fueron obstinados en mantener un sistema de impuesto a los graduados que nadie apoyó".
"Si queremos mantener y aumentar las prestaciones sociales, entonces es fundamental que el Fisco sea eficiente en su recaudación. La morosidad asciende a $4 billones; ¿se imagina todo lo que podríamos hacer? La morosidad del CAE la terminan pagando los más pobres; eso indigna", cerró.
Los primeros cuestionamientos por el FES
Ya en julio de 2025, los primeros cuestionamientos surgieron desde un grupo transversal de economistas y exautoridades, quienes advirtieron sobre los efectos del FES en el sistema. A través de una carta enviada a El Mercurio, firmada por figuras como Ignacio Briones, Fernando Coloma, Sebastián Edwards, José De Gregorio, Felipe Larraín, Cristián Larroulet y Mario Waissbluth, entre otros, se alertó que el modelo introducía un esquema en el cual un número significativo de estudiantes podría terminar pagando entre dos y tres veces el costo de sus estudios.
En ese documento, los firmantes señalaron que el mecanismo operaba, en términos económicos, como un "impuesto al graduado" o un gravamen al capital humano, advirtiendo que "en las circunstancias actuales, es un impuesto injusto que desincentiva la formación de capital humano avanzado y la productividad".
Asimismo, criticaron la eliminación casi total del copago en amplios tramos socioeconómicos, estimando que ello implicaría una caída anual de ingresos cercana a los US$200 millones para las instituciones, lo que -según advirtieron- afectaría la autonomía universitaria y la calidad de los programas académicos.
A estas críticas se sumaron reparos desde las propias universidades. El vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCh) y rector de la Universidad de Tarapacá, Emilio Rodríguez, planteó ante la Comisión de Hacienda que, si bien el CAE era difícil de sostener, el FES requería mejoras sustantivas.
"¿Podemos o no sostener el CAE el próximo año, el siguiente, y el subsiguiente? Nuestra tesis es que eso no se puede sostener (…) reconocemos en el CAE una situación que es muy difícil de continuar. Y por lo tanto, hay que sustituirlo", señaló.
No obstante, advirtió que "el FES requiere mejoras", particularmente en lo relativo al copago en los deciles 7, 8 y 9. "Es necesario incorporar, estudiar al menos, el copago en los deciles en que hoy no está incorporado (…) planteamos que debiera incorporarse el copago porque las familias sí participan de este sistema mixto", agregó, junto con señalar la necesidad de garantías legales para asegurar transferencias oportunas a las instituciones.
Gobierno de Boric pisó el freno
En medio de estos cuestionamientos, el Gobierno de ese entonces optó por frenar la tramitación del proyecto, reduciendo su urgencia de "suma" a "simple", con el objetivo de ampliar el debate en la Comisión de Hacienda.
Posteriormente, el entonces ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, presentaron indicaciones para flexibilizar el FES. Entre ellas, se estableció que los estudiantes podrían optar a financiar el 100%, 75% o 50% del arancel regulado de sus carreras.
También se contempló la incorporación de cerca de 270.000 personas que ya contaban con CAE, Fondo Solidario o becas, además de 80.000 cupos adicionales anuales para nuevos estudiantes, distribuidos en distintos niveles de financiamiento.
En cuanto a la retribución, las indicaciones establecieron que los beneficiarios podrían solicitar el cese de pago una vez cumplido el 90% del periodo correspondiente y habiendo pagado al menos 3,5 veces el arancel regulado de su carrera.
Sin embargo, estas modificaciones tampoco lograron zanjar las diferencias. Diversos rectores criticaron que no se incorporaran aspectos clave planteados por el CRUCh, como la reposición del copago en ciertos tramos y garantías claras respecto a las transferencias estatales.
La vicerrectora económica de la Universidad Católica, María Fernanda Vicuña, advirtió que la ausencia de copago para los deciles 7, 8 y 9 "constituye riesgos significativos para el proyecto educativo de instituciones complejas".
En la misma línea, el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, sostuvo que "el FES sigue siendo un impuesto mal disfrazado", mientras que el rector de la Universidad de los Andes, José Antonio Guzmán, cuestionó que las indicaciones no abordaran los problemas centrales identificados durante la tramitación.
Otras críticas
A nivel técnico, los reparos también fueron respaldados por estudios y organismos especializados. Un informe de la Universidad Católica, elaborado por Andrea Repetto y Harald Beyer, estimó que cerca del 40% de los egresados pagaría más de lo que costó su carrera, recomendando no avanzar sin resolver las principales incertidumbres.
Por su parte, la Contraloría determinó que los recursos del FES no podían registrarse contablemente como un crédito tradicional, lo que abrió dudas sobre su impacto fiscal y la transparencia del instrumento.
A ello se sumaron las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). En enero de 2026, la presidenta del organismo, Paula Benavides, expuso ante el Senado que el ahorro neto del FES sería negativo en distintos horizontes, estimando un déficit de $358.500 millones al décimo año y un saldo promedio anual negativo de $118.391 millones en un horizonte de 74 años.
El CFA también advirtió que el aparente ahorro fiscal presentado en los informes dependía de medidas externas al propio mecanismo, como la eliminación de becas y la postergación de la extensión de la gratuidad.
