La defensa del exministro de Hacienda Nicolás Grau, encabezada por el abogado Patricio Zapata, expuso ante la comisión revisora de la acusación constitucional una batería de argumentos para desestimar el libelo, apuntando a su "improcedencia" y a la falta de fundamentos jurídicos suficientes.
En el documento presentado ante la Cámara de Diputadas y Diputados, la defensa solicita acoger la denominada "cuestión previa", mecanismo que, de aprobarse, permitiría declarar inadmisible la acusación sin entrar al fondo de los capítulos acusatorios.
Según el abogado, el libelo adolece de un defecto central: no identifica de manera clara ni precisa hechos concretos que puedan ser atribuidos personalmente al exsecretario de Estado. En esa línea, Zapata sostiene que los acusadores formulan imputaciones "genéricas y abstractas", basadas en deberes amplios del cargo, pero sin detallar acciones u omisiones específicas que configuren una infracción constitucional.
Asimismo, la defensa cuestiona que la acusación se sustente en "fórmulas presuntivas", como que la autoridad "conocía o debía conocer" determinadas situaciones, sin acreditar conductas concretas. A juicio del equipo jurídico, este tipo de argumentación no cumple con el estándar exigido para un libelo de esta naturaleza.
Otro de los ejes centrales apunta a la falta de fundamentación jurídica. El documento afirma que la acusación se limita a citar normas y principios generales, pero no desarrolla el vínculo entre los hechos descritos, la norma supuestamente infringida y una conducta específica atribuible al exministro.
En ese contexto, la defensa recalca que la acusación constitucional es un mecanismo excepcional, de carácter jurídico y no meramente político, cuyas causales son taxativas y deben interpretarse de manera restrictiva. Por ello, advierte que no puede utilizarse para cuestionar decisiones técnicas o diferencias de criterio en materia de política fiscal.
En particular, Zapata refuta que las diferencias en las proyecciones fiscales -uno de los principales fundamentos del libelo- constituyan por sí mismas una infracción a la Constitución o las leyes, argumentando que se trata de ejercicios técnicos sujetos a actualización y no de obligaciones de resultado.
Finalmente, el abogado concluyó que el libelo no cumple con los requisitos mínimos de admisibilidad, vulnerando incluso garantías como el derecho a defensa y la presunción de inocencia. Por lo mismo, solicita que la Cámara acoja la cuestión previa y tenga la acusación "por no interpuesta".
