Las conclusiones de la Contraloría General de la República sobre el proceso de reunificación familiar de menores haitianos siguieron generando reacciones en el Congreso, particularmente por los cuestionamientos que el informe final realiza a decisiones adoptadas durante la gestión del exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer.
El organismo fiscalizador detectó una serie de incumplimientos en el otorgamiento de permisos de reunificación familiar, entre ellos certificados vencidos o sin legalización, ausencia de documentos obligatorios y la emisión de un memorándum que flexibilizó requisitos establecidos en la ley y el reglamento, pese a que dicha facultad no correspondía al Servicio Nacional de Migraciones.
A ello se sumaron observaciones respecto del control de vuelos, especialmente chárter, donde se constató que una aerolínea no presentó los listados de pasajeros exigidos por la normativa, sin que se aplicaran oportunamente las sanciones correspondientes. Asimismo, la Contraloría advirtió deficiencias en la verificación de los adultos responsables de los menores y otras inconsistencias que impiden garantizar un control adecuado del ingreso al país.
El informe también da cuenta de incumplimientos en distintas instituciones, entre ellas el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez, vinculados a debilidades de control interno, falta de coordinación y falencias en la gestión de los procesos migratorios.
Tras conocerse el documento, el primero en responder fue el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, quien sostuvo que "el informe instruye apertura de sumarios".
"Por ese motivo es que no voy a referirme a los aspectos señalados en el informe. Voy a reiterar, sin embargo, lo que dije dentro de la comisión en términos de que yo tengo la convicción legal respecto de que las decisiones que tomamos en materia de la exención del procedimiento de legalización en un consulado colapsado, lo mismo que hicimos respecto del cierre del consulado venezolano aquí en Chile, tiene todo el fundamento legal", sostuvo.
Reacciones de los parlamentarios
Sin embargo, sus explicaciones fueron cuestionadas desde el oficialismo. El diputado Felipe Ross (Republicanos), sostuvo que "la explicación del exdirector Thayer señala que en esta decisión de aceptar certificados de nacimiento sin legalización, él puso sus consideraciones respecto del estado de Haití y sus consideraciones morales respecto del interés superior del niño por sobre la ley".
"A mí me parece que aquí hay un abierto desafío a lo que es la ley vigente. Él, por supuesto, debió estar en conocimiento de cuáles eran sus atribuciones y escogió poner sus consideraciones morales por sobre la ley", agregó.
Asimismo, afirmó que "la Contraloría es muy contundente en decir que él no tenía atribuciones para esta flexibilización y la explicación del director Thayer, insisto, es que él pone sus opiniones respecto del estado de Haití y sus consideraciones morales sobre el interés superior del niño por sobre la ley".
En la misma línea, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) sostuvo que "ha incumplido la Constitución en el artículo 7, porque ha faltado a lo que debe hacer cualquier autoridad, que es justamente, si hay vacíos, no saltárselos por decisiones que no tenía facultades para adoptar".
"Flexibilizaron materias para la reunificación familiar, pero no solo con haitianos. Él esbozó aquí que lo hizo con niños venezolanos, y eso va a tener también otros correlatos. Creo que hay una mirada ahí que está todavía por revisar", añadió.
La parlamentaria también llamó a respaldar el trabajo del organismo fiscalizador. "La Contralora está haciendo su trabajo. Yo hago un llamado a la responsabilidad, a no deslegitimar el rol que está haciendo Contraloría. Creo que aquí todas las instituciones que hoy día estuvieron sentadas pueden hacer mucho más", indicó.
Desde la oposición, en tanto, defendieron la actuación de Thayer y cuestionaron que toda la responsabilidad se concentre en su gestión.
La diputada Andrea Parra (PPD) sostuvo que "el oficialismo tiene un interés particular en responsabilizar al exdirector de Migraciones de todo lo que ocurrió aquí, pero hay una gran duda que surge de esto. El preinforme de Contraloría fue entregado el 14 de abril y recién el 15 de junio se activó la institucionalidad tras la filtración a través de un medio periodístico. Dos meses en que el actual Servicio Nacional de Migraciones no hizo absolutamente nada, al menos que nosotros sepamos".
Asimismo, planteó que "cuando uno se ve enfrentado al interés superior del niño, a los derechos de reunificación familiar, versus una situación particular que ocurre en Venezuela, donde no tenemos consulado, y en el caso de Haití, donde no hay posibilidad de apostillar documentos, ¿qué haces? ¿Decides por el bien superior del niño o sencillamente te remites a la ley? Por supuesto que es cuestionable, es conversable, pero eso pasa por un tema, no por una intencionalidad que le están intentando dar los parlamentarios de oposición".
Por su parte, el diputado César Valenzuela (PS) llamó a actuar con cautela frente a los antecedentes conocidos.
"Llamaría a la prudencia, porque parece que no hemos aprendido nada hasta el momento. Partimos con un caso en que se habló de tráfico de órganos y hoy día estamos hablando de problemas de carácter administrativo", afirmó.
"Seguimos en la lógica de hablar de vulneraciones que todavía no se han comprobado. Aquí lo que yo veo es ansiedad de un sector político de tratar de sacar ventaja barata de este problema, que es serio, pero que evidentemente requiere que la comisión actúe con madurez", agregó.
Finalmente, sostuvo que "yo no escuché al exdirector de Migraciones señalar que había actuado ilegalmente. Por el contrario, lo que dijo es que actuó conforme a la legalidad, que para eso existen tratados internacionales, que el interés superior del niño es parte de nuestro ordenamiento jurídico y que hay situaciones complejas donde las autoridades tienen que tomar decisiones a propósito de criterios".
