Una nueva alerta levantó este miércoles el Gobierno en el marco del plan de
Inspección Total al Estado, esto luego de que el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, detectara más de
$1,4 billones de transferencias sin acreditar a fundaciones, entre el período de
2022 y 2026.
Tras la cuarta sesión de la instancia, se informó que en dicho período, se identificaron más de $5,4 billones transferidos a fundaciones, los que debieron haber sido objeto de rendición. Sin embargo, de ese total, más de $1,4 billones no acreditaron su rendición.
En el mismo período, se crearon 177 fundaciones, las que recibieron más de $11 mil millones sujetos a rendición. De ese total, más de $6.500 millones, es decir, cerca del 60%, no cuentan con rendición acreditada.
De esas 177 nuevas fundaciones que recibieron fondos públicos, 79 no registran rendición alguna.
Ante esta situación, la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, presidenta del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, explicó lo que viene en el proceso, antes de que se tomen medidas.
"El Estado debe verificar caso a caso qué ocurrió: si hubo falta de presentación, rechazo de rendiciones, incumplimientos de convenios, debilidades del servicio que transfirió o situaciones que deban escalar a otras instituciones", sostuvo.
Los montos de servicios
Y si bien desde el Gobierno no entregaron aún detalles de las fundaciones, sí informaron cuáles son los servicios con mayor proporción no rendida.
Entre ellos están el Sence con $4.400 millones; el Servicio de Protección de la Niñez con $918.000 millones y la Subsecretaría de Agricultura con $29.000 millones.
El Ejecutivo también abordó una nueva alerta, respecto al uso intensivo del "trato directo" en distintos organismos del Estado.
De este modo, se identificaron servicios donde más de la mitad de las compras se realizaron sin licitación pública. El listado es encabezado por el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN), le siguen el Servicio de Salud Sur, la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Agricultura, el Hospital Metropolitano de Santiago y el Instituto de Salud Pública.
Las principales causales para justificar el "trato directo" fueron la existencia de un "proveedor único", la "confianza y seguridad" y la "emergencia". Esta última fue la más usada, incluso su uso supera en un 17% lo registrado durante el período de la pandemia del covid-19.
Las instituciones que más la usaron fueron la Dirección General de Obras Públicas, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, el Instituto de Fomento Pesquero y Fonasa.
