A pocas semanas de que se conociera el informe de la Contraloría General de la República (CGR) que detectó irregularidades en el otorgamiento de permisos por reunificación familiar a menores de edad haitianos, diputados de Renovación Nacional (RN) presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra el exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Thayer.
Fueron los diputados Eduardo Durán y Andrés Celis quienes presentaron la denuncia ante fiscalía para que se investigue su eventual responsabilidad por el delito de prevaricación administrativa.
La acción judicial se funda en el informe final N° 541/2025 de la Contraloría, que concluyó que el memorándum N° 1886 de 2024 permitió establecer excepciones a requisitos y procedimientos fijados por la Ley de Migración y Extranjería mediante una simple instrucción administrativa, excediendo las atribuciones legales del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) que en ese entonces era liderado por Thayer.
La denuncia solicita que se investigue la eventual comisión del delito de prevaricación administrativa previsto en el artículo 228 del Código Penal, atendidos los antecedentes del ente fiscalizador.
El diputado Durán señaló que "la Contraloría fue categórica al establecer que ningún funcionario público puede modificar mediante un memorándum lo que la ley establece. Cuando existen antecedentes de esta gravedad, corresponde que sea el Ministerio Público quien investigue si además existe responsabilidad penal".
Agregó que "el Estado de Derecho se sostiene precisamente en que las autoridades respeten los límites de sus atribuciones. Si un órgano administrativo puede alterar por sí solo requisitos establecidos por el legislador, se vulnera un principio básico de nuestra institucionalidad".
Por su parte, el diputado Celis afirmó que "esta denuncia busca que la Fiscalía esclarezca si aquí se configuró un delito. La Contraloría ya estableció que el memorándum se dictó al margen de las competencias legales del Servicio Nacional de Migraciones, y ahora corresponde que la justicia determine las eventuales responsabilidades penales".
Finalmente, Celis sostuvo que "las instituciones deben funcionar y nadie puede quedar al margen del control de la ley. Cuando un órgano contralor concluye que una autoridad actuó fuera de sus atribuciones, lo responsable es poner esos antecedentes a disposición del Ministerio Público para que realice la investigación correspondiente".
