La Sala del Senado aprobó este martes, en general, el proyecto que modifica el sistema de responsabilidad penal adolescente para endurecer las sanciones aplicables a menores de edad que cometan delitos de mayor gravedad. La iniciativa fue respaldada por 37 votos a favor y tres en contra, por lo que continuará ahora su discusión en particular en la Comisión de Constitución.
Tras la votación, la Mesa fijó como plazo el próximo viernes 17 de julio para la presentación de indicaciones, etapa en la que se revisarán las modificaciones específicas al articulado.
Los únicos votos en contra correspondieron a la senadora Claudia Pascual (PC), la senadora Beatriz Sánchez (FA) y el senador Diego Ibáñez (FA), quienes coincidieron en cuestionar que la reforma avance antes de evaluar el funcionamiento del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y advirtieron que varias de las medidas propuestas carecen de evidencia respecto de su efectividad.
Durante el debate, Pascual explicó que su rechazo no responde a una oposición a perfeccionar el sistema, sino al punto de partida de la iniciativa. "Sí hay aspectos que mejorar del Servicio de Reinserción Social Juvenil (...), pero me parece que esta moción parta de la modificación del artículo 21, que es el sustento de un sistema especialísimo para niños, niñas y adolescentes", sostuvo.
La parlamentaria agregó que "no estoy negando que haya que hacer algo" para enfrentar los delitos más graves cometidos por adolescentes, pero advirtió que "esta moción tal cual como está, no aborda el tema de la reincidencia". Asimismo, cuestionó que se legisle "sin esa evidencia con respecto a la instalación del Sistema de Reinserción Social Juvenil" y planteó que habría sido preferible convocar una mesa técnica antes de impulsar cambios a la normativa.
En la misma línea, Sánchez sostuvo que, si bien ha aumentado la participación de adolescentes en delitos violentos, "también es cierto que se han hecho cosas, que el Estado ha tomado acción". Recordó que el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil terminó recién este año su implementación en todo el país, por lo que "aparece precipitado y poco serio introducir cambios estructurales severos antes de evaluar los resultados de este nuevo sistema de reinserción".
La legisladora también llamó a que la discusión se sustente en antecedentes técnicos. "Este es un tema muy serio. Yo invitaría a no hacer caricaturas. No se trata de que no se necesite investigar responsabilidades, justicia y sanción. Se trata de que la legislación sirva", afirmó.
En ese contexto, señaló que especialistas convocados por la Defensoría de la Niñez han advertido que "muchas de las propuestas legislativas en discusión carecen de evidencia a favor, incluso resultan contraproducentes para el problema que pretenden solucionar". Por ello, insistió en la necesidad de convocar una mesa técnica y fortalecer las políticas de prevención. "A temas complejos no hay leyes mágicas. Legislemos con evidencia y no solo por lo popular que pueda escucharse una propuesta", concluyó.
Por su parte, el senador Diego Ibáñez explicó que las razones detrás de su voto en contra son “las ha planteado la Defensoría de la Niñez", sostuvo.
En esa línea, cabe recordar las declaraciones del director del organismo, Anuar Quesille, quien advirtió que "las medidas que hoy se anuncian se alejan de los estándares que Chile se comprometió a respetar y no darán la seguridad que prometen. Esa seguridad -la que las víctimas merecen- no se construye contra la evidencia, sino consolidando la institucionalidad de reinserción y prevención que ya tenemos".
Quesille agregó que "la pregunta no es cuántos años debe durar una sanción, sino qué clase de Estado queremos ser: uno capaz de aprender de la evidencia, o uno que legisla contra ella".
