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Tribunal cierra investigación por compra de casa de Allende: Fiscalía decidió no perseverar

Querellantes alegan "impunidad" y defensa de familia del expresidente valora que "ratifica que no hubo delito".

10 de Julio de 2026 | 12:51 | Por Leonardo Vallejos, Emol
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Archivo, El Mercurio
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió cerrar la investigación por la compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende.

Un caso polémico, que costó las salidas de la exministra de Defensa, Maya Fernández, así como también de la exsenadora, Isabel Allende.

La decisión de la Justicia se basa en la solicitud hecha por el Ministerio público de no perseverar en la investigación.

La medida arrojó posiciones encontradas. El abogado querellante Raimundo Palamara reprochó que "con esto finalmente quedaron impunes todos quienes operaron en esta operación inconstitucional en que hubo un gasto fiscal humano con más de 50 funcionarios públicos que trabajaron en un contrato inviable que pretendía darle un negocio indefinido a la familia Allende a través de sus fundaciones".

Mientras que Paula Vial, abogada defensora de la familia Allende, valoró la decisión del tribunal.

"Valoramos que las instituciones hayan podido llevar adelante este proceso con apego a la ley y al debido proceso, permitiendo que los hechos fueran esclarecidos conforme a los procedimientos establecidos. Esta resolución ratifica lo que afirmamos desde el primer momento: aquí no hubo delito alguno como lo demuestra la decisión de tribunales. Fue un proceso, ingrato y muy doloroso, plagado de acusaciones falsas", sostuvo.

Recordar que el inmueble ubicado en calle Guardia Vieja 392 iba a ser adquirido por el Ministerio de Bienes Nacionales junto con una propiedad del expresidente Patricio Aylwin a inicios de 2025 para habilitarlas como museos.

Sin embargo, pronto fue objeto de controversia que las beneficiarias de la compraventa fueran Maya Fernández, entonces ministra, y la senadora Isabel Allende, especialmente en el caso de ésta última, debido a que la Constitución prohíbe que parlamentarios celebren contratos con el Estado.
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