La presentación del proyecto de reforma constitucional que busca establecer el cese en el cargo de autoridades que consuman drogas generó una serie de reacciones en el mundo político.
Mientras parlamentarios de distintos sectores valoraron la iniciativa y respaldaron la aplicación obligatoria de test de drogas, otros cuestionaron que el Ejecutivo reaccionara recién tras la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, o advirtieron que la propuesta debe ir acompañada de otras medidas para combatir el crimen organizado.
La iniciativa fue firmada el lunes por el Presidente José Antonio Kast en La Moneda y establece la obligación de que las autoridades se sometan a un examen al asumir sus funciones y a controles periódicos durante el ejercicio del cargo. Además, incorpora como nueva causal de cesación el consumo de drogas.
La presentación se produjo pocos días después de la renuncia de Rodríguez, quien dejó el Gobierno tras arrojar positivo en un examen de drogas.
Apoyos transversales
Uno de los respaldos provino del senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza, quien aseguró compartir el objetivo central de la reforma.
"Estoy totalmente de acuerdo con que las autoridades que consuman o que compren drogas sean sancionadas con la máxima severidad y puedan incluso perder su cargo; quien ejerce un rol público debe dar el ejemplo. El consumo y la compra de drogas deben estar penalizados y ahí yo estoy totalmente de acuerdo con el Presidente", sostuvo.
En la misma línea, el senador Esteban Velásquez (FRVS), calificó como "adecuada" la propuesta del Ejecutivo y recordó que en noviembre del año pasado presentó un proyecto para establecer exámenes obligatorios de drogas a diputados y senadores.
"Sin duda, se trata de elevar estándares", afirmó, planteando además que la aplicación de estos controles podría extenderse a otras autoridades, como los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el director de Carabineros, el director de la PDI, asesores de Gobierno y parlamentarios.
A juicio del legislador, el objetivo debe ser "fortalecer todas las estructuras del Estado para evitar permearlo por el narcotráfico, por las redes de corrupción (...) y buscar todas las herramientas posibles para enfrentar este verdadero flagelo".
También, la diputada Zandra Parisi (PDG) destacó que su partido ha impulsado este tipo de controles desde hace años.
"Para nosotros no es un tema nuevo. Para cada candidato (...) siempre hemos exigido tanto un examen psicológico como un test de drogas. Entonces, yo encuentro que es una medida que debieron habérsela copiado mucho antes al PDG", afirmó.
Los reparos: "Llegan tarde"
Las principales críticas apuntaron al momento en que el Gobierno decidió ingresar la iniciativa.
El diputado Daniel Manouchehri (PS) sostuvo que el Ejecutivo "llega tarde a una pelea que comenzamos hace tiempo".
"El test de drogas que provocó la salida del subsecretario de Hacienda existe por una iniciativa legal que impulsamos con la senadora Cicardini. Kast firma hoy con cámaras lo que se negó a cumplir hasta que tuvimos que obligarlo con la Contralora. Ahora que las drogas tocaron la puerta de La Moneda, reaccionan", afirmó.
Pese a ello, aseguró que respaldará la propuesta. "Vamos a apoyar que quien consume drogas no pueda ejercer altas responsabilidades públicas, pero partan por casa", agregó.
En una línea similar, el senador independiente Karim Bianchi sostuvo que el proyecto surge luego de que el caso del exsubsecretario impactara políticamente al Ejecutivo.
"Si para que el Estado cumpla sus promesas se necesita que a un subsecretario le salga positivo un examen de drogas, entonces al menos ya descubrimos la metodología de presión que funciona", señaló.
En esa línea, sostuvo que "el Gobierno decida sumar una propuesta, obviamente que es bienvenido, pero parece más una maniobra para cambiar el foco político de la semana que un compromiso integral. No se entiende que el Presidente de la República y las máximas autoridades del Poder Judicial queden fuera de este control. Si queremos dar un mensaje de confianza real a la gente, la transparencia tiene que empezar por la cabeza del Estado".
PC pide ampliar el debate
Desde el Partido Comunista, el diputado Marcos Barraza aseguró que la discusión no puede limitarse únicamente a los exámenes de drogas.
"El propio Presidente Kast ha planteado este debate señalando que ninguna autoridad puede tener vínculos directos ni indirectos con las drogas o con el narcotráfico. Si ese es el estándar que quiere instalar, me parece que la discusión no puede quedarse solo en el test de drogas", afirmó.
En esa línea, sostuvo que el proyecto también debiera incorporar herramientas para perseguir el patrimonio vinculado al crimen organizado.
"También tiene que incluir medidas que permitan seguir la ruta del dinero, como el levantamiento del secreto bancario y mayores mecanismos de transparencia. Si no, se termina abordando solo una parte del problema mientras se dejan intactas herramientas fundamentales para enfrentar al crimen organizado. La probidad tiene que ser integral, no selectiva", concluyó.
Durante la presentación del proyecto, el Presidente Kast sostuvo que la reforma recoge iniciativas que parlamentarios de distintos sectores han impulsado anteriormente.
"La reforma constitucional señala un camino, un camino que ya han indicado en distintas normas o iniciativas legales parlamentarios que están aquí presentes. Por ejemplo, la diputada Pamela Jiles (...), el senador Iván Moreira y la senadora Paulina Núñez han intentado avanzar en esto", señaló el Mandatario.
