Dos extensas jornadas se vivieron entre ayer y hoy jueves en el Tribunal Constitucional en el contexto de los requerimientos presentados por la oposición a la Ley de Reconstrucción Nacional o "megarreforma".
Ayer, los magistrados escucharon por más de cinco horas a terceros interesados representantes de 56 entidades de la sociedad civil -agrupaciones ambientalistas, organizaciones sindicales, grupos de defensa del medio ambiente, y centros de pensamiento-, quienes se pronunciaron tanto a favor como en contra de las materias requeridas por la oposición.
Las impugnaciones apuntan principalmente a normas relacionadas con la invariabilidad tributaria y modificaciones en materia ambiental, incluyendo la compensación económica que realizaría el Estado frente a una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) anulada.
En tanto, este jueves, el tribunal escuchó por casi seis horas los alegatos de los intervinientes: los abogados en representación del Senado, Jorge Correa Sutil y Melissa Mallega; y en representación de los diputados, Diego Pardo.
Posteriormente fue el turno del abogado Arturo Fermandois, quien expuso en representación del Presidente José Antonio Kast, quien contó con 40 minutos de tiempo disponible.
Más tarde lo hizo la representante del Senado, la abogada Catalina Salem.
Con los alegatos y antecedentes a la vista, ahora el TC entra en etapa decisiva para resolver el fondo de los tres requerimientos. El fallo determinará si las materias en cuestión permanecerán en el texto de la megarreforma o algunas quedarán fuera de la normativa.
Alegatos
El abogado Jorge Correa Sutil fue el encargado de abrir los alegatos, quien se extendió en argumentar en torno a la inconstitucionalidad de la invariabilidad tributaria.
"Una ley que impida a una legislatura modificarla, es contraria a la República democrática y a la democracia en sus dos principios más básicos", planteó el abogado, junto con enfatizar que "estamos pidiendo que el TC sea deferente con el legislador, si es deferente con el legislador es porque el legislador representa a las mayorías".
"Lo que está haciendo esta ley es limitar severamente, si no, impedir, que las mayorías ejerzan una función que por naturaleza constitucional les corresponde y según ha señalado expresamente este excelentísimo tribunal en varias sentencias. Invocamos el principio de deferencia con el legislador democrático (...) esta ley es contraria a la Constitución", subrayó.
Por su parte, la abogada Melissa Mallega, centró su alegato en torno al régimen especial de indemnización con cargo al Fisco por la anulación judicial de Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA).
"El artículo 12 lo que está planteando es un falso error. Podemos señalar incluso que abusa del derecho, al recurrir a la ficción de plantear que la anulación de una RCA puede ser un error del Estado que sea indemnizable. En realidad, la anulación es una sanción que establece el ordenamiento jurídico por infringir la legalidad, y que es propia de un Estado de Derecho (...) En realidad, lo que está creando este artículo, es un crédito", afirmó la abogada.
Esto, junto con señalar que lo que estaba en juzgamiento ante la magistratura "es la creación de un mecanismo reparatorio insólito, privilegiado y que transgrede la Constitución".
El abogado Diego Pardo, en representación de los diputados, profundizó en gran parte de los artículos impugnados. Respecto a la invariabilidad tributaria, enfatizó que si esta se hubiera querido establecer "se debió haber reformado la Constitución, sin embargo, lo que se hizo, fue una vía alternativa en fraude a la Constitución".
En su exposición de 40 minutos, el abogado Arturo Fermandois, a cargo de la representación del Presidente Kast, defendió que la normativa busca cumplir la promesa de reactivación económica del Mandatario, enfatizó en la presunción de constitucionalidad de la ley, y cuestionó los argumentos de la Cámara y el Senado porque estos apuntarían a que "una democracia no podría nunca adquirir obligaciones a largo plazo a través de leyes".
Respecto a la RCA, el abogado defendió que lo que se busca es que el acto administrativo de evaluación ambiental "tenga un poco más de credibilidad", y que el mensaje que se transmite es "arriésguese, porque el Estado le va a devolver al menos un mínimo. No es un negocio para el privado, esto de asegurador del éxito para privados es para una caricatura. El titular de la RCA quiere ejecutar su proyecto, no va a hacer una inversión esta indemnización".
