El debate sobre la reforma de seguridad del Gobierno tuvo un complejo arranque en su primera semana en el Congreso. Previo a su presentación en el Senado, el segundo proyecto emblema del Gobierno concitaba el rechazo de los timoneles de Chile Vamos, incluida la UDI, que había mantenido una política de guante blanco con La Moneda.
La resistencia de la colectividad obligó al ministro del ramo, Martín Arrau, a aplicar cambios, que si bien contentaron al gremialismo, no sofocaron las críticas del sector y de parlamentarios aliados.
Hoy, con la plena consciencia de que la reforma no concita los 4/7 del Senado -29 votos- el secretario de Estado ha abierto la negociación con los parlamentarios de gobierno, allanándose a moderar la propuesta.
El desmarque de la UDI
Fue el fin de semana previo a la presentación del proyecto en el Senado, que el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, advirtió en La Tercera que "en las condiciones actuales", la colectividad "no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad porque dañan la institucionalidad".
El mensaje radicaba en el primer desmarque del partido con el gobierno, lo que encendió alertas en La Moneda y obligó a Arrau a aplicar cambios que fueron expuestos en el comité político ampliado de La Moneda, el lunes, a horas de la presentación del proyecto en el Senado.
Uno de los reparos expuestos por Ramírez, fue que en el borrador de la reforma al que tuvo acceso, "se establece que no se entenderá como arbitrario los distintos regímenes carcelarios que puedan decretarse para los miembros del crimen organizado". "Si tu pones eso en la Constitución, lo que estás haciendo es establecer un criterio que es legal en la Constitución y que transforma a la Constitución en un elemento extremadamente vulnerable", reprochó.
Recogiendo la crítica del diputado, el Ejecutivo eliminó la norma del texto definitivo, al igual que la que establecía que las inhabilidades y restricciones para condenados "no afecta a los derechos en su esencia ni imponen condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio".
En lo principal, el Gobierno dispuso que será una ley de quórum calificado la que determinará aspectos clave de la reforma, como los detalles de la aplicación del estado de excepción constitucional de seguridad pública, las penas y medidas especiales que podrán aplicarse respecto a quienes hayan sido condenados por delitos relativos a crimen organizado y terrorismo, además de la regulación de la pérdida de beneficios sociales para condenados.
¿Gobierno "iliberal"?
Pero aun abriendo la puerta al parlamento para definir por ley los márgenes de la reforma, el Gobierno no logró contener las críticas de parlamentarios. Tanto desde el Partido Nacional Libertario, como desde Renovación Nacional y Evópoli, así como el senador Matías Walker, arremetieron contra el proyecto.
"No cuenten con mi voto para esta locura, porque así mueren las democracias, estableciendo estados de excepción que pueden durar ocho meses, sin la autorización del Congreso", anticipó este último.
Con la negativa de Walker, y la distancia del senador Miguel Ángel Calisto, quien reprochó que Arrau los sorprendió "por la prensa" con la propuesta, el Gobierno se quedó sin los dos votos de centro que estuvieron para aprobar el proyecto de Reconstrucción Nacional.
Debido al endurecimiento de medidas que el gobierno estaba emprendiendo para enfrentar el crimen organizado, surgió a través de diversas columnas el debate sobre el "gobierno iliberal". Un rótulo del que buscó despercudirse el propio Presidente José Antonio Kast, este miércoles, durante la ceremonia de traspaso de mando de la Federación de Medios de Comunicación Social.
"Mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha comentado, sobre todo en distintas columnas, de que uno o yo podría ser el representante de un gobierno iliberal. Y creo que es un buen momento para también ir aclarando ciertas cosas", dijo.
Relevando su respeto por las instituciones, el Mandatario inquirió: "¿Alguna vez alguien podría decir que hemos abusado de alguna facultad para socavar el régimen democrático?". Las medidas de seguridad, continuó, están sometidas al debate del parlamento. "Serán los diputados, los senadores, los que tendrán que determinar cuáles son las normas que necesitamos enfrentar, por ejemplo, al crimen organizado", subrayó.
Ese mismo día, el expresidente Gabriel Boric volvió a dirigir críticas al gobierno, para apuntar contra la propuesta de estado de excepción. "Esta reforma constitucional que quiere instaurar un estado de sitio de 240 días con la atribución exclusiva del Presidente", comentó, acusando "una limitación de libertades que no se había visto. Inédita",
Gobierno abre negociación
En ese contexto, en Chile Vamos abrieron el debate de indicaciones a la reforma. Los senadores oficialistas que integran la comisión de Constitución, Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Rep), ambos con posiciones contrarias sobre el proyecto, emanaron una declaración con la que pidieron al gobierno acortar los días del estado de excepción, disponer que el Presidente lo decrete con acuerdo del Congreso, y eliminar la interceptación de las comunicaciones que incluye el texto.
De la mano a esta iniciativa, Arrau abrió la negociación, recibiendo este jueves en el ministerio a parlamentarios de RN, UDI, republicanos y al senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz Coke, quien ha venido siendo una de las voces más críticas del oficialismo sobre el proyecto, ahondando también en el reproche sobre la falta de trabajo prelegislativo.
De ese diálogo, trascendió que el titular de Seguridad se allanó a acoger cambios al estado de excepción, sacar al Congreso de la elaboración del listado de organizaciones criminales y a eliminar la inhabilidad de acceder a beneficios sociales para los 15 años posterior a la condena.
"Todo es conversable", dijo el ministro desde una ronda de seguridad en Concepción.
Lo que no ayudó a despejar el ruido para el gobierno, fue el hecho de que trascendiera una presunta evaluación a plebiscitar la reforma de seguridad, en caso de rechazarse en el Senado. En La Moneda, tanto el biministro Claudio Alvarado, como el titular de Segpres, José García Ruminot, desmintieron esta teoría.
Gobierno retirará suma urgencia
Hoy, pese a que continúa el fuego amigo del oficialismo sobre la propuesta -Cruz Coke aseveró en entrevista con La Tercera este domingo que "la reforma raya en lo iliberal y no es necesaria para avanzar en la agenda de seguridad- el Gobierno mantiene su despliegue para contener las críticas y concitar los respaldos necesarios para aprobar la idea de legislar el proyecto.
Por ejemplo, este lunes, García Ruminot convocó a los timoneles de los partidos de gobierno a una reunión en La Moneda para alinear las posturas del sector.
Hoy, en Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado se abrió a bajar la urgencia del proyecto para dar margen al debate legislativo. Relevando que la suma urgencia presentada vencerá en los primeros días de septiembre, el ministro anticipó que "vamos a tener que renovar la urgencia". La fórmula, dijo, "puede ser esa (misma urgencia)", o bien, "puede ser una urgencia más larga, de 30 días, urgencia simple", toda vez que "estamos en plena disposición de tener un proceso legislativo que permita una discusión amplia y construir los acuerdos necesarios para que la reforma avance".
A su vez, el biministro Claudio Alvarado desestimó la idea de retirar el proyecto para presentar uno nuevo con modificaciones, como exhortó el Senador Walker. "Sería absurdo", dijo en Mesa Central de Canal 13. "En el Congreso, una reforma constitucional, los parlamentarios tienen iniciativa sobre la misma. Por lo tanto, todas las indicaciones, todos los mejoramientos, todos los perfeccionamientos, se pueden hacer sobre este mismo proyecto", relevó.
Rayando al cancha de la discusión, el jefe de gabinete de Palacio aseveró que "hoy día esto va a volver la sensatez y la racionalidad, porque aquí nadie quiere que el Estado tenga potestades absolutas para hacer y decidir sobre lo que quiera (...) este gobierno jamás va a promover una norma o una iniciativa, para estar por sobre el marco constitucional, jurídico, legal, vigente en nuestro país".
