Una moción presentada por el senador Enrique Lee (IND-RN) propone modificar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional para establecer una obligación formal de diputados y senadores de realizar labores oficiales en sus respectivos distritos o circunscripciones.
La iniciativa sostiene que la representación parlamentaria no debe limitarse al trabajo legislativo en Valparaíso y que la vinculación permanente con las comunidades constituye parte esencial de dicha función.
El proyecto, plantea que los parlamentarios deban destinar un mínimo de 10 días hábiles dentro de cada mes calendario al desempeño de funciones oficiales en sus respectivos territorios. La propuesta busca incorporar esta exigencia directamente en la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
La propuesta
En los fundamentos de la moción se argumenta que el trabajo parlamentario no se agota en las votaciones ni en la actividad desarrollada en el Congreso, sino que requiere una relación permanente entre los representantes y las comunidades que los eligieron.
En particular, el texto pone énfasis en las dificultades derivadas del centralismo y las diferencias territoriales que afectan especialmente a las zonas extremas y aisladas del país.
Actualmente, señala el proyecto, la presencia de los parlamentarios en sus territorios se desarrolla principalmente durante las denominadas "semanas distritales" o "semanas regionales", períodos que son definidos mediante acuerdos de los comités parlamentarios o resoluciones administrativas internas. A juicio del senador, este sistema no entrega la suficiente jerarquía a una función que considera parte sustantiva de la representación política.
Por ello, la iniciativa plantea trasladar esta obligación desde un régimen basado principalmente en prácticas internas hacia una exigencia establecida legalmente, fijando un estándar mínimo de presencia territorial aplicable a todos los parlamentarios. Según sus fundamentos, esto no afectaría la autonomía deliberativa de diputados y senadores ni implicaría imponerles instrucciones de voto, sino establecer un deber de presencia y gestión en sus respectivos territorios.
El proyecto establece que serán los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado los encargados de definir los mecanismos concretos para implementar la medida. Entre ellos, contempla sistemas para acreditar las actividades realizadas en terreno, como audiencias públicas, mesas de trabajo intersectoriales, inspecciones de servicios y atención ciudadana en sedes oficiales.
Asimismo, cada corporación podría establecer mecanismos para justificar eventuales incumplimientos, considerando situaciones como misiones oficiales, viajes internacionales encomendados o emergencias de salud.
También se contempla que los reglamentos determinen un régimen de sanciones y deducciones económicas proporcionales frente a inasistencias injustificadas, las que serían tramitadas a través de las respectivas Comisiones de Ética y Transparencia Parlamentaria.
