El ministro de Seguridad, Martín Arrau, defendió este lunes la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, pese a los cuestionamientos que ha generado incluso dentro del oficialismo.
Sin embargo, más allá de las diferencias que ha despertado la iniciativa, el secretario de Estado puso el foco en la agenda legislativa que el Gobierno busca sacar adelante antes de concentrarse en la reforma a la Carta Fundamental.
En ese sentido, Arrau sostuvo que el Ejecutivo no tiene urgencia en avanzar en la reforma constitucional, ya que existen una serie de proyectos de seguridad que considera prioritarios.
"Tenemos otras leyes mucho más urgentes que sacar antes como la regla del uso de la fuerza, infraestructura crítica, Ley Naín 2.0, el proyecto de mejoramiento de Carabineros, PDI y ley Orgánica de Gendarmería", afirmó.
Regla del uso de la fuerza
Uno de los proyectos mencionados por el ministro es la iniciativa que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para el personal de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.
La propuesta se encuentra actualmente en comisión mixta, instancia a la que llegó luego de que surgieran diferencias políticas y técnicas entre ambas cámaras respecto del contenido de las normas y los resguardos jurídicos para Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas.
La comisión está integrada por los senadores Karim Bianchi (IND), Juan Luis Castro (PS), Francisco Huenchumilla (DC), Andrés Longton (RN) y Cristián Vial (IND-Republicanos). Además de los diputados Eduardo Cretton (UDI), Lorena Fries (FA), Luis Pardo (RN), Lorena Pizarro (PC) y Luis Sánchez (Republicanos).
Infraestructura crítica
Otro de los proyectos priorizados por Arrau es el que establece un marco para la protección de la infraestructura crítica, iniciativa ingresada en 2023 y que actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional en el Senado.
El proyecto busca establecer criterios específicos para determinar qué instalaciones califican como infraestructura crítica, crear instrumentos de planificación y gestión para su protección, imponer obligaciones a sus operadores y entregar facultades a los organismos estatales encargados de su resguardo, además de establecer atribuciones para las Fuerzas Armadas.
En la última sesión, el 19 de agosto, la Sala acordó ampliar el plazo para presentar indicaciones hasta las 12:00 horas del 4 de septiembre, en la Secretaría de la Comisión de Defensa Nacional.
"Naín-Retamal 2.0"
En el listado del ministro también aparece el proyecto conocido como "Ley Naín-Retamal 2.0", que ya fue aprobado en general por la Cámara de Diputados y ahora continúa su tramitación en el Senado.
La iniciativa modifica el Código Penal para extender la figura de la legítima defensa privilegiada a funcionarios militares y policiales que se encuentren de franco y actúen en defensa propia, de sus derechos o de terceros.
El proyecto fue respaldado en la Cámara por 114 votos a favor, 26 en contra y dos abstenciones. Ahora deberá continuar su discusión en la Cámara Alta e iniciar su segundo trámite constitucional antes de completar su tramitación legislativa.
Modernización de Carabineros
También está en la agenda del Ejecutivo el proyecto de fortalecimiento y modernización de Carabineros, correspondiente al Boletín 17.535-25, que actualmente se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado, luego de las nuevas indicaciones presentadas por el Gobierno.
En julio, el Presidente José Antonio Kast firmó las indicaciones a la iniciativa, que busca modernizar el sistema de incentivos y extender la carrera funcionaria de Carabineros.
Entre las modificaciones se contempla aumentar la asignación mensual de los alumnos desde $70.271 a $246.285 líquidos, con el Estado asumiendo el costo total del internado. También se proyecta elevar el número de egresados hasta 2.300 funcionarios en 2028 y establecer una Gratificación Especial de Riesgo de hasta un 100% del sueldo, dependiendo del nivel de criminalidad de la comuna.
El proyecto considera además extender de 30 a 35 años de servicio el retiro voluntario e incorporar personal civil para labores administrativas, con el objetivo de liberar a cerca de 1.148 carabineros para funciones de patrullaje.
A ello se suma un plan de renovación de equipamiento, que contempla chalecos antibalas, teléfonos móviles y cámaras corporales entre 2027 y 2031, entre otras medidas.
