El pleno del Tribunal Constitucional (TC), escuchó este martes el alegato del abogado Joaquín Palma Cruzat, en representación del requerimiento del Gobierno contra el artículo 31 del proyecto de reconstrucción, relativo a la reconexión de servicios básicos.
La norma impugnada por La Moneda, obliga a las empresas concesionarias de distribución eléctrica, servicios sanitarios y distribución de gas a reconectar, "de forma gratuita y sin condición previa de pago", a usuarios residenciales y a micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en zonas declaradas en estado de catástrofe.
En su intervención de casi 20 minutos, el abogado partió señalando que el artículo 31 aprobado por el Congreso, infringe "abiertamente" el artículo 69 de la Constitución. Esto, pues indicó que se exige que "toda indicación parlamentaria guarde relación directa con las ideas matrices del proyecto de ley" en cuestión.
En esa línea, indicó que el artículo 69, "viene a proteger esa facultad que tiene todo Presidente de la República de fijar el objeto de su propio mensaje y ese es el fuero que aquí se está desbordando".
Asimismo, aseguró que el proyecto tiene una idea matriz doble, primero, financiar la reconstrucción en Valparaíso y en el sur y segundo, reactivar económicamente al país mediante instrumentos tributarios de fomento a la inversión y al empleo.
"Y estas ideas, sus señorías, no son dos materias sueltas, sino que son las dos mitades de un mismo sistema, de modo que cada artículo del mensaje es un instrumento dentro de ese sistema. Eso, sus señorías, es la fisonomía propia del proyecto de ley de la construcción", recalcó.
Con ello, agregó que "por eso mismo somos categóricos en que esto no se trata de un proyecto misceláneo, sino que de un cuerpo articulado con un núcleo doble y preciso, en el que ninguna disposición del mensaje siquiera mencionaba alguna recolección de suministros básicos ni tampoco hacía mención a la ley 16.282, que en la norma del artículo 31 pretende modificar".
Por otra parte, aseguró que el artículo en discusión, "no dice relación con ninguna medida tributaria ni de fomento a la inversión ni de empleo, sino que es más bien de una reforma civil y sectorial al régimen de reposición y corte. O sea, con ello estamos sustituyendo un régimen, un universo enteramente regulado por normativa técnica por otro enteramente distinto". A la vez que cuestionó la permanencia de la norma.
Y si bien reconoce que reconectar en catástrofes es reconstruir, aclaró que "ese vínculo es meramente semántico". De este modo, acusó que se buscó ampliar el proyecto, "como un vehículo para introducir una reforma permanente que le es ajena".
"Esta norma se pudo haber hecho de otro modo, un artículo transitorio, constituido en el mismo proyecto, focalizado en los damnificados de los incendios de las regiones a las que alude el mensaje, pudo haber sido atingente, cómo pudo haber sido otro proyecto, tramitado ante las comisiones sectoriales respectivas", precisó.
De este modo, indicó que "no sostenemos que el legislador no podía dictar esta norma, sostenemos que no la podía dictar de esta forma".
Además, mencionó los riesgos que tendría en algunas situaciones la reconexión inmediata de ciertos servicios básicos, por ejemplo, del gas, al no poder cumplirse ciertos protocolos por la premisa de reponer el servicio.
Ante esto, recordó que se "pone un plazo único, en este caso de 48 horas para reconectar electricidad y gas, ignorando que, por ejemplo, la normativa sectorial actual exige para el gas previa reconexión, verificación previa de red, de instalación de la instalación de interiores, cliente a cliente, precisamente para evitar los riesgos de explosiones o fugas".
"Un plazo idéntico de 48 horas una vez activada la ley de catástrofe, fuerza a los trabajadores cuadrilleros de las empresas a reponer los servicios básicos bajo presión, arriesgando su propia integridad y la vida ante su vida, y no solo la de ellos, sino que también la de las comunidades que tienen que reconectar", sostuvo.
"El artículo 31 es una norma mala, es una norma mala, porque arriesga vidas", acotó. Algo que advirtió ayer la titular de Energía, Ximena Rincón.
Finalmente, el abogado acusó que el artículo, intentó colarse en el ordenamiento jurídico, vulnerando las reglas de forma que protegen las instituciones más sagradas de la República".
Hoy podría existir algún pronunciamiento del TC, sobre el requerimiento de inconstitucionalidad impulsado por el Gobierno.
