El coordinador de asesores del gabinete presidencial, Alejandro Irarrázaval, asistió este lunes a la comisión investigadora encargada de indagar determinados actos del Gobierno en materia de seguridad pública y prevención del delito durante la gestión de la exministra de Seguridad Pública Trinidad Steinert.
La presencia de Irarrázaval se produjo luego de que en la sesión anterior se aprobara por unanimidad su citación, situación que posteriormente generó cuestionamientos de los diputados oficialistas Benjamín Moreno (Republicanos) y Luis Sánchez (Republicanos). En paralelo, nuevamente no asistieron a la instancia la exministra Steinert ni la exsubdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecta general (R) Consuelo Peña.
Durante su exposición, Irarrázaval abordó específicamente el rol que cumple la asesoría presidencial y descartó que haya tenido participación en la conformación del alto mando de la Policía de Investigaciones (PDI).
"Los asesores presidenciales, lo cual me incluye, estamos en un régimen honorario con cargo al presupuesto de la Presidencia de la República. Mis funciones son de asesoría en el programa de apoyo a la actividad presidencial y coordinación de los asesores en el gabinete presidencial", explicó.
En ese sentido, detalló que entre sus funciones se encuentran el seguimiento de compromisos de los distintos ministerios y reparticiones públicas, el apoyo en el reporte de avance de compromisos presidenciales y la participación en reuniones de trabajo con contrapartes técnicas ministeriales, además de otras tareas requeridas por el Presidente.
Respecto de la designación de altos mandos de la PDI, sostuvo que el proceso "se rige por su ley orgánica y por el estatuto de personal de la institución". Agregó que "la propuesta, como está es sabido y dicho en propias palabras de su director Serna, la propuesta correspondió y corresponde al director general y ese acto o cualquier cambio se formaliza mediante un decreto supremo del Ministerio de Seguridad Pública y queda sujeto a trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la República".
"En ninguna parte se menciona participación del segundo piso o de los asesores presidenciales en la materia. El coordinador de asesores presidenciales no tiene competencia en la designación, ascenso ni retiro de oficiales de la policía. No existe norma legal ni reglamentaria que le atribuya participación en esa materia ni instructivo presidencial que la contemple", enfatizó.
Irarrázaval añadió que la asesoría presidencial "no recibió ninguna comunicación sobre la materia, no intervino ni se comunicó ni con la directiva de investigaciones ni con la ministra sobre la materia".
Las preguntas de Winter
Durante la sesión, el diputado Gonzalo Winter (FA) consultó a Irarrázaval si, a su juicio, el Presidente de la República debió haber conocido previamente los antecedentes, además de preguntar por la existencia de un asesor encargado específicamente del seguimiento de los asuntos de seguridad y cuándo él tomó conocimiento del oficio cuestionado.
Frente a ello, Irarrázaval insistió en que, al no corresponderle participación en esas materias, tampoco existía un deber de informar a la entonces ministra de Seguridad Pública.
"Las preguntas del diputado Winter hacen referencia a algo que pensé que lo había aclarado previamente, que es la no participación de la asesoría presidencial en esta materia", señaló. "No teniendo participación en estas materias difícilmente tendría ningún deber de informarme a ningún ministro sobre esa materia, particularmente la ministra de Seguridad en ese momento, la señora Steinert, dado que no me compete ese tema", continuó.
Consultado sobre si el Presidente conoció previamente la situación, afirmó que "no era un tema ni entre la asesoría presidencial y asumo que al Presidente tampoco". Según explicó, "no era un tema relevante hasta que fue relevante". En esa línea, indicó que el Mandatario "probablemente se enteró al mismo tiempo que fue información pública finalmente".
Sobre la estructura del denominado "segundo piso", Irarrázaval explicó que existe un jefe de políticas públicas que trabaja junto a distintas personas que asesoran en materias transversales. "No es que haya una persona dedicada a cada tema particular. Hay un equipo de gente y los temas se trabajan relativamente en conjunto", afirmó.
Finalmente, al ser consultado por su evaluación respecto de la actuación de Steinert, Irarrázaval señaló que, a la luz del posterior pronunciamiento de la Contraloría, "probablemente ahora opinaría que fue inconveniente hacerlo", aunque aclaró que en ese momento no veía mayores problemas porque entendía que se trataba de una materia dentro de sus facultades.
"Si este tema hubiese sido tan obvio no habría hecho falta hacer una consulta a Contraloría", sostuvo, agregando que el organismo "se tomó su tiempo en responder la consulta porque no debe haber sido un tema tan fácil de definir incluso para gente que es experta en la materia de derecho administrativo".
Contraste con Miguel Crispi
Cabe destacar que esta es la primera vez que Irarrázaval asiste a una comisión investigadora de la Cámara y responde las preguntas de los diputados, a diferencia de su antecesor, Miguel Crispi, quien protagonizó distintos episodios de ausencia o cuestionamientos por su negativa a responder durante este tipo de instancias.
Uno de los principales episodios ocurrió en la comisión investigadora del caso Monsalve, donde Crispi se negó a responder preguntas sobre su rol, argumentando que existía una cláusula de confidencialidad respecto de sus conversaciones con el entonces Presidente Gabriel Boric. Su postura generó molestia transversal entre los parlamentarios e incluso abrió la puerta a eventuales sanciones.
En esa instancia, en 21 ocasiones Crispi respondió que "las conversaciones con el Presidente son privadas", lo que fue interpretado por diputados como una forma de evitar responder a las interrogantes sobre su participación en el caso. En otras 14 oportunidades, sostuvo que el Mandatario le "encomendó buscar nombres para reemplazar a Monsalve" en el cargo, sin entregar mayores detalles.
Crispi también enfrentó cuestionamientos en las comisiones vinculadas al Caso Convenios, particularmente por las investigaciones sobre Democracia Viva y ProCultura. En ocasiones anteriores, se había ausentado de estas instancias argumentando su condición contractual, lo que derivó en críticas políticas y preguntas respecto de cuándo tomó conocimiento de las eventuales irregularidades vinculadas a las fundaciones.
