SANTIAGO.- Ante el conocimiento del pago de indemnizaciones millonarias a ex ejecutivos de empresas públicas como Correos de Chile y otros, algunos senadores demócrata cristianos consideraron inaceptable el procedimiento de indemnizar con cifras "excesivas" a funcionarios de estas compañías amparados en cualquier norma legal, "porque genera una situación de privilegio que socava la confianza pública".
A juicio de los parlamentarios, el sector público requiere que las personas que se desempeñen en él estén dotadas de un espíritu del servicio cuyo fin último es el bien común y agregan que esta es una lógica completamente diferente a la que rige a las empresas privadas donde la meta es el lucro.
"No se puede olvidar que los recursos con los que se han pagado las indemnizaciones proviene de las arcas fiscales y es por tanto dinero de todos los chilenos", recalcaron.
Por ello, precisaron que es un imperativo ético, fundamental, en momentos en que muchos compatriotas sufren los rigores de la cesantía, no gastar dineros vitales en indemnizar de esta manera. "Si ello se ampara en la ley, debe cambiarse la ley para fijar sueldos públicos atrayentes pero sin abusos de este tipo", señalaron.
"No resulta ético que amparados en el denominado rol privado, que rige a la mayoría de los contratos de los altos ejecutivos de las empresas públicas, se oculte información respecto de los sueldos e indemnizaciones establecidas para los más altos funcionarios. La transparencia es un pilar fundamental de la democracia", sostuvieron.
De la misma manera, rechazaron que se efectúen aumentos de sueldo de planas ejecutivas y que se exhiban gastos de representación onerosos- con o sin justificación- tanto en empresas públicas como estatales, "esto constituye además una afrenta y una discriminación seria en contra de los trabajadores de las mismas".
Además, los parlamentarios respaldaron a los sindicatos de empresas públicas como Enap, entre otras, que han manifestado públicamente su completa desinformación e inquietud por eventuales situaciones del mismo orden que se pudieran producir en sus empresas.
Por lo anterior, propusieron modificar la Ley 18.875 de bases de la administración general del Estado, con la finalidad de terminar con la reserva, establecida mediante cláusulas especiales, de remuneraciones e indemnizaciones en caso de cesación de funciones.
La declaración fue firmada por José Ruiz de Giorgio, Hosain Sabag, Alejandro Foxley, Mariano Ruiz-Esquide, Manuel Antonio Matta, Adolfo Zaldívar, Eduardo Frei, Jorge Pizarro, Edgardo Boeninger, Rafael Moreno, Jorge Lavandero y Sergio Páez.
