SANTIAGO.- Los diputados socialistas Alejandro Navarro y Sergio Aguiló calificaron como un acto de deslealtad política la acusación de sus colegas demócrata cristianos Pablo Lorenzini y Jaime Jiménez, quienes expresaron que el crédito de US$ 138 millones que el Banco del Estado de Chile (BECH) otorgó al grupo Luksic constituye "el más grave acto de corrupción de los últimos veinte años".
"Es un acto de deslealtad profunda hacia un ex-presidente de la Cámara de Diputados, como Jaime Estévez, a quien nadie podrá señalar que se ha visto involucrado en actos que se asemejen a estos dichos", expresó Navarro, para defender la probidad del presidente del BECH, quien ya anunció que la institución no revelará los detalles de la operación con el grupo Luksic, aludiendo el respaldo de la ley que establece reserva sobre los créditos gestionados por el banco.
Según el parlamentario, el supuesto acto de corrupción del BECh, no tiene ningún asidero y destacó la administración de la entidad bancaria como un ejemplo en el mercado.
"Las cifras demuestran que el Banco del Estado es uno de los principales de Chile, concentra una acción social con un juego financiero que le ha permitido a Chile ingresos por US$ 1.000 millones y sólo en el ejercicio financiero de 2000 aportó US$ 120 millones al fisco, para gasto social", señaló.
Ante la negativa de Estévez de revelar los antecedentes del crédito al grupo Luksic, la Cámara de Diputados anunció la formación de una comisión especial para investigar el caso.
Navarro y Aguiló anunciaron que no firmarán dicho acuerdo que ya cuenta con la cantidad de firmas necesarias para ser aprobada pues existirían al menos dos instancias previas que se deben agotar antes de pasar el caso a la Cámara de Diputados, las que están obligadas a conocer de un acto de corrupción de esta envergadura, más aún si es el más grande en los últimos años.
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) sería la encargada de recibir estas acusaciones, y como segunda opción estarían los tribunales de justicia.
Para Aguiló esta acusación no tendría ninguna base real. "En nuestra opinión estas son las típicas acusaciones que desprestigian la función parlamentaria. Lo decimos con convicción, pero con profundo pesar porque estamos hablando de colegas nuestros", subrayó.
En relación con las opiniones vertidas en el sentido de una posible privatización del Banco del Estado, los diputados la consideraron una posibilidad absolutamente inconveniente e injustificada.
Al respecto, Navarro fue claro en asegurar que "si hay quienes pretenden desde esta óptica de crítica despiadad, generar condiciones, como ellos mismos lo han anunciado, para que sea privatizado, nosotros nos vamos a oponer".
Finalmente, Navarro pidió a sus colegas demócrata cristianos no perjudicar al conglomerado oficialista y plantear sus verdaderas intenciones.
"Si Lorenzini y Jiménez quieren plantear un debate sobre si el Estado debe poseer un banco hagámoslo de cara al país y donde corresponde y no iniciemos una acusación de este estilo que sólo trae problemas al banco y a la Concertación, en un estilo que no compartimos", expresó.
La comisión investigadora acordada por la Cámara de Diputados, tendrá un plazo de 60 días para terminar su trabajo y se compondrá de parlamentarios conforme a la proporción que existe en la Comisión de Gobierno Interior.
