EMOLTV

Defensa de José Yuraszeck recurre a la Suprema

El abogado Pablo Rodríguez, quien representa al empresario, interpuso un recurso de casación con el fin de que el Máximo Tribunal revise el reciente fallo de la Corte de Apelaciones.

23 de Julio de 2004 | 11:55 | Carolina Valenzuela, El Mercurio en Internet
SANTIAGO.- La defensa del empresario José Yuraszeck presentó esta mañana un recurso de casación en el fondo y en la forma para que la Corte Suprema revise la resolución del Tribunal de Alzada, que obliga al empresario a pagar USS 55 millones por infringir la ley de valores en el marco del denominado caso Chispas.

El 8 de julio pasado se hizo público un fallo de 87 carillas, en el que la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo, entre otras cosas, que el empresario, quien fue parte del directorio de Enersis, no entregó información completa, veraz y oportuna respecto de la venta de la compañía a Endesa España.

La defensa, a cargo del estudio del abogado Pablo Rodríguez, tenía plazo hasta hoy para recurrir al Máximo Tribunal.

El escrito interpuesto hoy contiene 109 páginas en las que se argumenta detalladamente las razones por las que aseguran la Corte de Apelaciones falló erradamente.

En su dictamen, el tribunal de Alzada sostuvo, entre otras cosas, que Yuraszeck y cinco de sus socios "utilizaron sus cargos directivos en beneficio propio y de terceros relacionados, ya que fueron precisamente los cargos que detentaban los que les permitieron conocer el interés de Endesa España de adquirir el control de Enersis, a la que luego se le transfirió dicho control por la vía de vender sus propias acciones en las sociedades Chispas, incorporándose -subterfugiamente el precio de venta de las acciones serie B- una clara retribución por las prestaciones, compromisos de colaboración y lealtad con el adquiriente Endesa España, incurriendo en las demás infracciones anotadas".

La Segunda Sala revocó así la decisión que había tomado el Quinto Juzgado Civil de Santiago, que en julio de 2002 había anulado la multa de US$52,7 millones interpuesta por el Estado en 1997 al ejecutivo.