SANTIAGO.- El gremio de los microbuseros interpuso este mediodía un recurso de protección contra el plan Transantiago por considerar que éste transgrede diversos derechos de los empresarios del sector al imponer bases arbitrarias que les impiden participar en los procesos de licitación.
El abogado José Hinzpeter, quien patrocina la acción legal, argumentó que el nuevo sistema de transporte ideado por el Gobierno constituye una intervención del Estado en actividades empresariales, lo que no está permitido a menos que se dicte una ley de quórum calificado, situación que no ha ocurrido.
Sostuvo además que el régimen utilizado es discriminatorio, arbitrario e ilegal puesto que para tener derecho a participar en la licitación las exigencias son de tal envergadura que provoca la exclusión de gran parte de los empresarios del sector, que no tienen el capital requerido para participar.
"Están fijando recursos importantes para participar, 500 mil UF, eso es una discriminación. Eso es una garantía mayor que para poner una financiera o una bolsa de comercio en este país", señaló el jurista.
"Esto tiene nombre y apellido, esto tiene una mesa que está servida y no es para los empresarios chilenos, esto es para los extranjeros, y de hecho el ministro (de Transporte) ya ha salido a buscar empresarios a España y Alemania que tengan los recursos para participar", enfatizó.
El dirigente de los microbuseros, Demetrio Marinakis, sostuvo que el tema no ha sido tratado como corresponde por el Gobierno puesto que no se ha informado a la población del aumento de tarifas que lleva consigo la modernización del servicio de transporte urbano.
"Nosotros optamos por la vía judicial, tenemos derecho. Yo estoy condenado por la justicia pero todavía confío en ella", afirmó Marinakis, quien agregó que en esta oportunidad se seguirán los conductos regulares descartando posibles movilizaciones.
A juicio de los transportistas, el proyecto significará un grave trastorno social y ciudadano porque además del aumento en los costos de transporte, se exigirá el empleo de tarjetas, lo que obligará a las personas a gastar una suma importante y superior al valor de un mero pasaje.
Además, se terminarán los trayectos largos por lo que los ciudadanos deberán utilizar más de un medio de transporte para llegar a su destino.
Advirtieron que de prosperar el nuevo sistema, quedarán cesantes miles de personas cuyos trabajos están vinculados a cerca de 7 mil 500 buses.
Transantiago: Estado no cumple función empresarial
El Coordinador del Plan Transantiago, Aldo Signorelli, sostuvo hoy que el Estado "en ningún caso ejercerá alguna función empresarial, puesto que todos sus negocios serán desarrollados por privados".
Respondiendo a algunos de los argumentos usados por los empresarios micreros para recurrir a la Justicia, Signorelli insistió en que el Estado no recibirá utilidad económica alguna por la implementación del Plan, y que por el contrario "el excendente de ingresos en el sistema colaborará a una baja de la tarifa que pagarán los usuarios".
El encargado del proyecto insistió en que una de las consecuencias relevantes del proyecto es que la tarifa se mantendrá en torno al promedio actual.
Asimismo, hizo un llamado a los actuales operadores a participar en Transantiago y a los dirigentes gremiales a no llevar a sus asociados a quedar fuera del proceso.
