SANTIAGO.- La fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, entregó hoy al máximo tribunal un informe en el que estima procedente dar curso al pedido de extradición de cuatro militares uruguayos procesados por su participación en el secuestro y desaparición del ex químico de la DINA, Eugenio Berríos.
Con este documento, la Sala Penal de la Corte Suprema deberá pronunciarse en los próximos días para que la solicitud hecha por el ministro en visita Alejandro Madrid, quien investiga el caso, inicie su tramitación internacional.
Madrid pidió extraditar a los oficiales Tomás Casella, Eduardo Radaelli, Wellington Sarli Pose y al policía Ramón Rivas, quienes están encausados como autores del delito de asociación ilícita y secuestro, los tres primeros, y como encubridor de secuestro, el cuarto.
En su informe, la fiscal Maldonado sostiene que no obstante que el delito se materializó en Uruguay "la asociación ilícita formada con el objeto de atentar contra la libertad personal y la vida del ciudadano chileno Eugenio Berríos tuvo su origen en Chile, como también el secuestro de la víctima tuvo su comienzo y ejecución en este país (...) teniendo aplicación entonces lo dispuesto en el artículo 157 del Código Orgánico de Tribunales, que sostiene que el delito se considera cometido en el lugar dónde se dio comienzo a su ejecución".
El documento de cuatro páginas puntualiza además que los delitos que se imputan no pueden ser calificados como políticos, que no están prescritos, ni recae la institución de la cosa juzgada a su favor. Agrega que no caen bajo el amparo o beneficio de la amnistía ni indulto que los favorezca, y que existe auto de procesamiento y orden de detención dictado en contra de los oficiales a quienes se pretende extraditar.
El abogado Álvaro Varela, quien representa a la familia del fallecido ex Presidente Eduardo Frei Montalva en la causa que investiga Madrid, consideró "extraordinariamente valioso que la fiscal haya propuesto acoger la petición" en virtud de que los cuatro militares uruguayos están procesados por un delito que no es político y que no está prescrito.
Varela se mostró confiado en que la Sala Penal de la Corte Suprema dará su visto bueno a la solicitud en base al informe entregado hoy, al que calificó como "muy importante".
