SANTIAGO.- El abogado Juan Carlos Manns, quien defiende al general (r) Manuel Contreras, argumentó hoy ante la Sala Penal de la Corte Suprema que la Dina dependía directamente del ex Presidente Augusto Pinochet.
Durante la segunda jornada de alegatos que escucha el Máximo Tribunal antes de resolver si aplica o no el decreto-ley de amnistía a cinco condenados por la desaparición del mirista Miguel Ángel Sandoval, en 1975, el jurista sostuvo que su cliente y ese organismo represor recibían órdenes directas del ex gobernante.
La Corte Suprema tiene a estudio, por apelación, la condena de 12 años de cárcel impuesta a Contreras por el caso Sandoval.
El caso ha cobrado importancia porque está en juego el futuro de la ley de amnistía que Pinochet impuso en 1978 para favorecer a los acusados de violaciones a los derechos humanos, ya que Manns subrayó en su alegato que la no aplicación de esa norma es "ilegal".
En su intervención, el defensor de Contreras arremetió contra la figura jurídica del "secuestro permanente", aplicada por los tribunales en varios casos de detenidos desaparecidos.
"El secuestro como delito de carácter permanente no existe en el Código Penal chileno", dijo Manns, quien agregó que, por esa razón, en el caso de secuestro y desaparición de Sandoval se debe aplicar la Ley de Amnistía.
Sandoval, de 26 años, y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fue detenido en Santiago el 7 de enero de 1975 por agentes del Estado, según un informe oficial, y fue visto por última vez en Villa Grimaldi.
El ministro Alejandro Solís condenó, en abril de 2003, a Contreras y a otros cinco integrantes de la Dina por el secuestro y asesinato de Sandoval, resolución que ratificó el pasado 5 de enero la Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo calificado como histórico.
El dictamen del Tribunal de Alzada respaldó la tesis de que el delito de secuestro, aplicado en los casos de detenidos desaparecidos, es permanente y, por lo tanto, no es objeto de amnistía ni prescribe, pues continúa hasta que no aparezca el detenido o sus restos.
La defensa de los procesados recurrió ante la Corte Suprema y pidió la aplicación de la amnistía.
Manns calificó de "ilegal y erróneas" las sentencias del magistrado y del Tribunal de Alzada, pues aplicaron legislación internacional de derechos humanos y convenciones que, a su juicio, no están vigentes en Chile porque son posteriores a los hechos denunciados.
También señaló que la Convención sobre Desaparición Forzada aún no ha sido ratificada por el Congreso chileno.
La audiencia sobre este caso, considerado emblemático, seguirá el próximo 28 de septiembre con los alegatos de los querellantes.
