Luego que el
Servicio de Impuestos Internos (SII) informara que
detectó que 437.703 trabajadores dependientes -de los cuales 37.100 eran funcionarios públicos-, que solicitaron el Bono Clase Media sin cumplir con el requisito legal de tener una disminución de un 30% o más en sus remuneraciones, el Gobierno salió a condenar el hecho y aseguró que se perseguirán a los responsables.
"Despejamos muchos requisitos, y le entregamos la decisión a la vecina, vecino, de decirnos estoy con pega, estoy sin pega, estoy con ingresos, o sin, pero eso también trae consigo una responsabilidad, porque si estaba con trabajo, o estaba recibiendo ingresos,
evidentemente no iba a pasar colado y evidentemente podía salir pillado", dijo el ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg.
El titular de la Segpres continuó: "los recursos deben estar enfocados a las personas que más lo necesitan, pero si además estaba recibiendo trabajo y, más aún, si eran funcionarios públicos, con sueldo, trabajo estable, y además piden el bono, literalmente se pasaron de rosca, cometieron un delito. O se devuelve o se sanciona, ese es el sentido de esto, porque además le entregamos la responsabilidad a las personas, y eso lo hizo el Congreso, de manera unánime, el Gobierno, y le entregó la responsabilidad a las personas para que ellos tuvieran la última palabra".
(La persona) se preparó, simuló que no tenía trabajo, ingresó a la página web, llenó sus datos, le vuelven a preguntar, envía la información, recibe la plata, la gasta y sigue recibiendo su sueldo, no corresponde y vamos a sancionarlo, porque de esto era le creo al vecino, la gran mayoría no engaña, pero si hay situaciones como esta, hay que sancionarlas.
Cristián Monckeberg
En esa línea, el ex titular de Desarrollo Social dijo que "nos parece malo lo que está ocurriendo, y no solamente nos parece incorrecto, sino que además los vamos a perseguir y sancionar. Lo dijimos al principio, lo dijimos en el parlamento, así se aprobó la norma, y es lo que vamos a hacer ahora".
Consultado sobre si este hecho podría constituir el delito de fraude al fisco y la opción que el Gobierno se haga parte de una querella, Monckeberg dijo que "por supuesto, finalmente lo que hay, están engañando al fisco y estamos sacando los recursos públicos de manera equívoca, y lo que hay ahí, eventualmente, es un delito (de fraude al fisco)".
Según las estimaciones de Impuestos Internos, los recursos fiscales involucrados alcanzan a US$256 millones.
