Al inicio de su mandato -y como parte de la promesa de campaña - el Presidente Gabriel Boric presentó una agenda para modificar tanto el sistema de pensiones como la estructura impositiva que rigen en el país.
Hoy, ambos proyectos, la reforma previsional y tributaria, están radicados en la Cámara de Diputados y prometen grandes avances durante el 2023.
Al timón de la reforma tributaria se encuentra el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien desde a mediados de julio -cuando ingresó el proyecto a la comisión de Hacienda de la Cámara Baja- ha jugado un rol relevante en su tramitación.
Para dar contexto, el 26 de septiembre recién pasado los parlamentarios de aquella instancia aprobaron la idea de legislar, votación que no contó con el apoyo de los legisladores de oposición. Con esto, se dio inicio a la discusión en particular.
Pese a que la iniciativa ha avanzado en la comisión, en el camino se ha visto expuesta una serie de modificaciones.
Incluso, antes de ser aprobada en general por la instancia, Hacienda ingresó una batería de 27 indicaciones, de las cuales cuatro apuntaban a incentivar la inversión; ocho estaban relacionadas con la agenda antielusión y evasión; otras ocho serán introducidas para mejorar el nuevo sistema a la renta; cuatro estaban destinadas a perfeccionar el régimen pyme; y tres ligadas con el impuesto al patrimonio.
Con esta reforma el Ejecutivo pretende financiar la mitad de las transformaciones que tiene en carpeta el Gobierno.
Al respecto, el presidente de la comisión de Hacienda, Jaime Naranjo (PS), señaló a Emol que la intención es que el proyecto pueda estar en la Sala de Cámara en marzo. "Estamos haciendo lo posible por lograrlo, pero no ha sido fácil", comentó el diputado.
En esa línea, dijo que "nuestro deseo es que llegue en marzo o abril al Senado", e indicó que "si todo sigue su actual curso de acción debiera ser Ley de la República en diciembre del 2023".
Entre los principales nudos que se han presentado durante el debate legislativo, según el socialista, el que "genera más ruido y molesta es el impuesto al patrimonio", y resaltó que "los afectados han hecho un tremendo lobby".
En una pista paralela avanza la reforma al sistema de pensiones, liderada por la titular de la cartera de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara.
El 2 de noviembre, por cadena nacional, el presidente Boric anunció a la ciudadanía un nuevo de sistema de pensiones "mixto", cuyo objetivo es aumentar las pensiones de los actuales y futuros pensionados.
Para lograr eso, el Ejecutivo plantea la creación de un nuevo componente del seguro social, financiado por los empleadores, de 6%. Asimismo, el fin de las AFPs, y en su remplazo, nuevos gestores de inversión privados y una alternativa pública.
Desde el 7 de noviembre que la reforma previsional está alojada en el Congreso, específicamente en la comisión de Trabajo de la Cámara. El proyecto ingresó con urgencia simple. Sin embargo, la premura cambió y el Gobierno decidió poner suma urgencia a la discusión.
Hasta ahora, los parlamentarios han escuchado a expertos y a ex autoridades, entre los que destacan el economista especialista en temas laborales, Juan Bravo; el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre; y la abogada y ex ministra del Trabajo, María José Zaldivar.
Según el presidente de la comisión, Alberto Undurraga (DC), "a fines de enero o en marzo" se debería votar en general la reforma. "Esto dependerá de cuánto avancemos en los expertos e invitados, se estiman 40 en esta etapa", dijo.
Mientras que, según los cálculos del diputado falangista, la votación en particular debería estar en junio del 2023.
Asimismo, Undurraga explicó que "en paralelo tendremos que ver otras urgencias, como la ley corta de la PGU que permitirá aumentar el alcance y beneficiar a más personas de forma inmediata. Los plazos en este caso no debieran ser más de dos sesiones".
Dentro de los desafíos que se presentarán en las próximas semanas, Undurraga sostuvo que "es clave definir objetivos de tasa de reemplazo, es decir, qué valores de pensiones buscamos en relación al sueldo. A partir de ello, tenemos que construir un acuerdo que haga viable la reforma y podamos mejorar las pensiones cuanto antes. En el acuerdo a construir, los nudos principales a resolver son el uso del 6% adicional y la forma como se implemente la necesaria separación de roles que hoy hacen las AFPs".
Visión de expertos
Mario Tessada, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, sostuvo que "desde el momento en que se plantea la palabra 'reforma' los distintos agentes del mercado, de manera natural, se asustan, y perciben riesgo".
En ese sentido, manifestó que "el riesgo hace que todos sean más precavidos con sus decisiones (las personas, empresas, instituciones), y se frena todo".
En ese sentido, Tessada apuntó que "el año 2023 será un año de recesión, de crecimientos muy bajos (o negativos), por lo que no es aconsejable implementar una reforma tributaria de esta envergadura".
"Llevamos prácticamente una década de estancamiento económico, sumado a un deterioro fiscal que ha generado una caída en la clasificación del riesgo de nuestro país. El gobierno, como diagnóstico y posible solución, ha planteado entonces lo que sería la quinta alza de impuestos en 10 años, debido a existen en el país demandas sociales insatisfechas", acotó el académico de la Universidad de Los Andes.
Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la U. Autónoma, por su parte, planteó que "tenemos permanentemente abierta una puerta hacia la incertidumbre, hacia un cambio y revisión de las reglas de juego, esa dinámica debemos cortarla ya".
Sobre el debate que se está llevando a cabo en la reforma tributaria, indicó que "lo que nos falta es que seamos capaces de construir consenso, y que eso nos lleve a un pacto, un pacto tributario. Mientras eso no ocurra es muy difícil que cerremos de manera definitiva y permanente por un tiempo el debate tributario".
Mientras que por la tramitación del sistema presiona indicó que "es fundamental dejar las ideologías atrás, apoyarse firmemente en la evidencia empírica comparada para otros países, revisar bien qué cosas han funcionado y cuales han fracasado".
"Requerimos que los distintos actores que están teniendo parte activa en este debate tanto del mundo privado como del mundo público, tengan acceso a los mismos datos, que puedan presentar sus simulaciones respecto de los efectos que las medidas propuestas tendrían en la economía, puesto que no podemos llevar a cabo un debate en donde tengamos distintas opiniones, y a la vez distintos datos", cerró Montero.
