Una profunda sensación de desconcierto dejaron las declaraciones de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, respecto del inédito fallo emitido seis meses atrás que implicaría que las isapres, en su conjunto, deberán restituir un total de hasta US$1.400 millones por concepto de excedentes a sus afiliados tras la adecuación a la tabla única de factores, según cálculos de la Superintendencia de Salud.
La magistrada aseguró, en una entrevista con La Tercera publicada el fin de semana, que la sentencia emitida por la Tercera Sala del máximo tribunal obliga a las aseguradoras a devolver los cobros que se hayan efectuado en exceso desde abril de 2022 -esto, una vez empleado el ajuste según el mecanismo de fijación de precios definido por la Súper de Salud en 2019- solo a quienes demandaron y no a toda la cartera de cotizantes, como todos, autoridades, legisladores y las mismas isapres, interpretaron, lo que implicaría una importante baja de los montos que las isapres debieran restituir.
"Al no haber nunca usted demandado, no tiene nada hacia atrás que cobrar. Los excedentes que las isapres tienen que devolver son a las personas que demandaron", expuso la vocera de la Suprema. Eso sí, aclaró que "el resto de los afiliados, a partir de este fallo, pueden exigir que se les ajusten sus planes hacia adelante", aunque también indicó que no tenían conocimiento del impacto económico que tendría esto ni a cuánta gente beneficiaría.
Se exige aclaración y Vivanco rectifica
La lectura deslizada por Vivanco fue pregunta obligada para el presidente de la Suprema, Juan Eduardo Fuentes, quien descartó profundizar sobre el asunto este lunes. "No puedo dar ninguna respuesta sobre ese tema, porque ese es un tema absolutamente de la Tercera Sala, y en su competencia es esa sala la que le corresponde emitir cualquier pronunciamiento, dictar cualquier resolución al respecto", agregando que "esas son declaraciones personales de ella, así que cualquier explicación le corresponde a ella".
Lo anterior da mayor relevancia, y de paso, aumenta la presión, sobre el recurso de aclaración que distintos personeros de La Moneda -incluyendo al propio Presidente Gabriel Boric- ya advirtieron que solicitarán al máximo tribunal, a fin de esclarecer los bordes de la sentencia judicial.
Así también lo manifestó el superintendente de Salud,
Víctor Torres, ante la comisión del ramo del Senado en la sesión que se llevó a cabo ayer.
"No podemos darnos por notificados de que hay un criterio distinto, si no es por la vía formal y no a través de medios de comunicación", subrayó, y reiteró que "tras los nuevos antecedentes, ingresaremos un recurso de aclaración a la excelentísima Corte Suprema, para que sea el propio Tribunal el que zanje las inquietudes que se han generado".
Por su parte, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, planteó que, como agrupación, no solicitarán una aclaración a la Suprema. Nosotros siempre hemos aclarado que el fallo es un reordenamiento del sistema, y que se tiene que poner en práctica con la prudencia necesaria para no causar ningún problema en el funcionamiento", señaló.
Así las cosas, por la tarde Vivanco salió a aclarar que "solo di mi visión dentro de una entrevista que tenía otra temática y el resto va a ser un tema de la Sala", apuntando a sus dichos en La Tercera.
En esa línea, precisó que "no hay ningún cambio de criterio", y recalcó que "no le puedo decir que es la interpretación correcta del fallo, porque la interpretación la da la Sala, no yo".
¿Nuevo escenario?
La deuda calculada que, hasta ahora, deben reembolsar las isapres como consecuencia del cumplimiento del dictamen, alcanza -para las nueve entidades vigiladas por la Súper de Salud- en promedio a 2,9 veces el patrimonio con que el sector cerró el ejercicio del año 2022.
Esto, en caso de que la alternativa legislativa que prosperara para emplear la sentencia fuera la ley corta impulsada por el Gobierno que, a grandes rasgos, mandata a las isapres a informar en seis meses el número de contratos afectados por los reintegros y el monto total del pasivo, para luego fijar un plan de pago.
Sin embargo, en caso de que la aparente precisión judicial de Vivanco sea efectiva, significa que ya no serán US$1.400 millones los que tendrían que reembolsar las isapres a un total de 725.878 personas, según las estimaciones de la Súper de Salud. Dicha cifra correspondía a cerca del 40% del universo de los 1.885.015 contratos que estudió el regulador.
Ahora bien, considerando la cantidad de recursos de protección que se han presentado ante las Cortes de Apelaciones del país ligados al tema de tablas de factores, la autoridad deberá analizar 117.547 causas, de acuerdo a un conteo realizado por la Fundación Politopedia.
De ese total, 40.896 recursos ingresaron en 2021, otros 74.378 lo hicieron en 2022, y las 2.273 restantes fueron presentadas hasta mayo de este año. Respecto de ellos, será necesario acreditar si las controversias admitidas a trámite ya fueron falladas o no, y si corresponde hacer devoluciones en cada caso.
Consultado por el impacto del posible cambio de criterio, el ex ministro de Salud y decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales Universidad de Las Américas, Osvaldo Artaza, comentó que "aún es precipitado hacer juicios sobre los dichos de la ministra Vivanco. Lo prudente es esperar una aclaración formal y sobre dicha aclaración decidir las conductas dependiendo del escenario".
Independiente de lo anterior, Artaza expuso que "el sistema isapre, si se va a mantener en el futuro, debe modificarse substancialmente a objeto de terminar con discriminación por sexo y edad lo que fuera establecido como inconstitucional el 2010".
Mientras que el ex ministro de Salud de los dos gobiernos de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, cuestionó que el alcance del fallo no se haya precisado antes. "¿Por qué no se aclaró antes? Como ha dicho la vocera, se ha hecho ver a las isapres, a la Superintendencia, que debían pedir formalmente esta aclaración. Recién se hará, después de las afirmaciones de ayer de la Corte Suprema", apuntó.
"Se mantiene la indicación de no cobrar una prima aumentada para los menores de dos años, y se insiste que los precios finales deben ajustase para los contratos hoy vigentes y para los futuros, a la tabla de factores que terminó con la discriminación contra la mujer. Ello hace que a menos que se produzca un cambio radical en la eficiencia de la industria, e igualmente están destinadas a desaparecer o ser reemplazadas por otro sistema"
Jaime Mañalich, ex ministro de Salud
"
El monto a devolver por las isapres se reduce considerablemente respecto a los cálculos nunca validados de la Superintendencia y, efectivamente, respecto a la devolución,
se produce una posibilidad real de pago por parte de las aseguradoras", deslizó Mañalich.
No obstante, la ex autoridad enfatizó en que "se mantiene la indicación de no cobrar una prima aumentada para los menores de dos años, y se insiste que los precios finales deben ajustase para los contratos hoy vigentes y para los futuros, a la tabla de factores que terminó con la discriminación contra la mujer. Ello hace que a menos que se produzca un cambio radical en la eficiencia de la industria, e igualmente están destinadas a desaparecer o ser reemplazadas por otro sistema".
Por otro lado, el abogado y ex superintendente de Salud, Patricio Fernández, indicó que "es apresurado decir que con esto se salva el sistema de isapres, pero sin duda que si los montos de devolución se disminuyen a este número de personas que solamente intentaron recursos de protección, la situación cambia", recalcando que "por tabla de factores deben ser máximo 70.000 -recursos de protección-, por ende, el universo de acota bastante, y en este caso, la interpretación que tenía la Superintendencia de Salud sin duda que va a cambiar".
Eso sí, Fernández coincidió en que "este es un sistema que tiene problemas estructurales y que los arrastra hace mucho tiempo, por ende, quizás es una muy buena oportunidad para aprovechar de implementar algunas mejoras a este sistema mixto que lo hagan menos complejo, que lo hagan menos discriminatorio. En definitiva, que permita a lo afiliados tener planes de salud que no solamente se financien sobre la base de incrementos constantes en el precio a pagar, sino que darle más estabilidad".
"Aún es precipitado hacer juicios sobre los dichos de la ministra Vivanco. Lo prudente es esperar una aclaración formal y sobre dicha aclaración decidir las conductas dependiendo del escenario. Independiente de lo anterior, el sistema isapre, si se va a mantener en el futuro, debe modificarse substancialmente a objeto de terminar con discriminación por sexo y edad lo que fuera establecido como inconstitucional el 2010"
Osvaldo Artaza, ex ministro de Salud
, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, en tanto, manifestó que "si las aclaraciones de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se hacen realidad como parte del fallo emitido por la Tercera Sala, es evidente que cambian las condiciones generales con las cuales es necesario recalcular el número de beneficiarios a los cuales el fallo afectaría positivamente".
"Si uno asume de que se le debe devolver estrictamente a los que han provisto demandas en el pasado, este universo no sobrepasa las 80 mil personas que han demandado a las isapres por la mala utilización de la tabla de factores, en circunstancias que mayoritariamente hay un universo mucho mayor, que son alrededor de 700 mil beneficiarios que son los que han demandado por un alza en el precio y en los valores de los planes (...). Es decir, hay una reducción bien importante del número de beneficiarios a los cuales las isapres deberían afrontar", agregó Castillo.
