El gas vuelve a estar en el centro del debate. Esto, luego de que el Gobierno ingresara al Congreso un proyecto de ley que apunta a regular el mercado del gas licuado de petróleo (GLP) y hacerse cargo de las recomendaciones hechas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y que ya despertó reparos entre los principales actores de la industria: Gasco, Lipigas y Abastible.
La iniciativa propone mejorar la competencia en el mercado del gas licuado a través de una
desintegración de la distribución mayorista y minorista. Esto, según el Ejecutivo, podría producir una baja en los precios debido a que ante una mayor competencia se generaría un impacto positivo en los consumidores.
En esa línea, el ministro de Energía, Diego Pardow, aseguró que "nuestro proyecto de ley lo que hace es desintegrar el mercado". El secretario de estado enfatizó en que la idea es "separar entre el mercado mayorista (que llena los cilindros) y el mercado minorista (que le hace entrega de esos cilindros a los clientes) prohibiendo que las personas que participan en el mercado mayorista lo hagan también en el minorista".
En el detalle, el texto plantea que la alternativa más rápida y que requiere menos intervención en la estructura del mercado consiste en la desintegración de la distribución mayorista de la minorista de GLP, y la eliminación de las cláusulas de exclusividad en los contratos suscritos entre distribuidores mayoristas y minoristas.
Según dice el proyecto, este tipo de solución regulatoria tendría tres ventajas. La primera, "al romperse la rigidez actual de la red de distribución minorista de GLP –en cuanto a que cada distribuidor mayorista tiene su propia red exclusiva de distribución minorista de GLP– resulta esperable que estos últimos adopten decisiones de compra observando primordialmente el precio".
La segunda, es que ante la entrada en vigencia tal como está la iniciativa, es que "hace más probable o plausible la entrada de un nuevo distribuidor mayorista de GLP. Lo anterior, dado que sus redes de distribución –vía contratos de exclusividad u otros esquemas contractuales equivalentes– son de un tamaño tal que operan, en los hechos, como una barrera a la entrada en el mercado".
Y la tercera ventaja, consistiría en que la implementación de la presente solución regulatoria "contempla menores niveles de complejidad que otras alternativas analizadas por la FNE".
Así, según dice el texto, "en su mayor parte, la distribución minorista de GLP se realiza a través de firmas independientes, de modo que la decisión regulatoria de prohibir cualquier forma contractual que directa o indirectamente los relacione con distribuidores mayoristas de GLP, debiera producir el efecto esperado".
Para el Gobierno hay cuatro objetivos centrales para su ejecución. Mejorar la competencia en el mercado de GLP, por medio de la desintegración vertical de ese mercado en los segmentos de distribución mayorista y minorista, desde el punto de vista legal, patrimonial y económico.
Intensificar la competencia en el mercado de GLP, garantizando para ello el acceso al servicio de envasado a los distribuidores minoristas de GLP cuando exista capacidad disponible.
Proscribir las cláusulas de exclusividad y, en general, incentivos que tiendan a generar esos efectos, entre distribuidores mayoristas y minoristas de GLP y consagrar legalmente la intercambiabilidad de cilindros de GLP envasado.
En caso de aprobarse tal como está, el proyecto fijaría un plazo de doce meses para separar legalmente las actividades de distribución mayorista y minorista del gas
Las críticas de las compañías
El vicepresidente de Gasco, Gerardo Cood advirtió sobre las principales consecuencias que la iniciativa podría tener en caso de ser visada por el Congreso. "Estamos sumamente preocupados; en términos generales, vemos que de aprobarse este proyecto, retrocederíamos más de 20 años en el mercado del GLP, cuando existía un mercado que era multimarca", aseveró en entrevista con El Mercurio.
Por su parte, según aseguró, "se está afectando, y eso es probablemente lo más preocupante, la seguridad, al existir una responsabilidad sobre el cilindro completamente distinta". En esa línea, Cood explicó que "creemos y lo decimos con bastantes antecedentes, que es altamente probable que aumente el precio. Hoy existen cerca de tres mil minoritarios, y los muy chicos van a desaparecer; entonces, vemos que evidentemente se está repitiendo un posible Transantiago o un piloto Enap".
"Estamos sumamente preocupados; en términos generales, vemos que de aprobarse este proyecto, retrocederíamos más de 20 años en el mercado del GLP, cuando existía un mercado que era multimarca"
vicepresidente de Gasco, Gerardo Cood
Al ser consultado por los motivos que llevarían a dicha situación en caso de que se aprobara el proyecto del Gobierno, fue tajante y expresó que "nunca se entendió realmente el rol de la pyme que está detrás de los distribuidores minoritarios".
"Es un rol complejo, que cuando tú desagregas la cadena, le estás dejando una serie de responsabilidades que no es capaz de asumir. La mayoría de estos distribuidores es seguramente una casa, muchos de ellos viven con su familia, tienen uno o dos camioncitos, contesta el teléfono la señora, la hija le ve el Excel, una pyme bien artesanal", añadió.
Respecto a si visualizan un impacto por los activos inmobiliarios que tiene la compañía destinados a estos distribuidores minoritarios, Cood reconoció que es "un tema también muy complicado". Esto, porque según afirmó, tienen el orden de más de 100 locales, algunos propios y otros arrendados que los entregan a los minoristas.
Dicho eso, advirtió que "eso sería súper complejo por las características de ese minorista y en cómo sigue desarrollando su negocio. Lo segundo está asociado a la cobertura geográfica que nosotros aseguramos con estos locales, tenemos en algunos lugares impensados (regiones Aysén y Antofagasta)".
Por esa razón, aseguró "con este proyecto no me voy hacer cargo del problema del servicio y eso es lo que tiene de complicado esta nueva regulación, que no se está fijando en qué es lo que realmente necesita el consumidor".
Sumado a Gasco, desde Abastible también manifestaron su preocupación y lamentaron que en la iniciativa "el modelo de operación que se ha construido, con miles de pymes distribuidoras a lo largo del país y que ha demostrado entregar mayor cobertura con un servicio de calidad con énfasis en la seguridad, no haya sido valorado".
Asimismo, aseguraron que la desintegración pone en peligro la subsistencia de miles de estas empresas y que "afectan la libertad y el derecho de los distribuidores".
Mientras que Lipigas expresó sus reparos y llamó a tener en cuenta las implementaciones similares en el extranjero. "En 2016 en Brasil intentaron aplicar las mismas medidas que propone el proyecto: se prohibió la distribución directa a las empresas de gas para aumentar la competencia y bajar los precios".
Junto con ello, expresaron que "la medida fracasó y tres años más tarde derogaron ley, así, volvieron a permitir que las empresas de gas participaran en la distribución directa junto con minoristas".
De la misma forma, dijeron que "en México ocurrió un caso similar con los mismos resultados donde además se generaron problemas de seguridad, lo que puso en riesgo a las personas".
La defensa al proyecto
Una férrea defensa al proyecto que impulsa el Ejecutivo realizó Eduardo Saavedra, asesor del estudio del gas que realizó la FNE y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado. "Veo beneficios más que costos en proyecto del gas del Gobierno", señaló a El Mercurio.
El economista detalló que el argumento de las empresas mayoristas que anticipan un riesgo en la seguridad y calidad del proceso de distribución minorista de los cilindro, ante la eventual falta de apoyo financiero y espaldas de los grandes operadores, “es algo que lo han dicho antes”.
"En la discusión con las compañías, tras la presentación del preinforme de este mercado, las firmas pudieron contraargumentar, y dieron un argumento válido en el sentido de que es posible que esto sea un riesgo, pero que contrastado con los beneficios por los cambios que introduce el proyecto, es superado", sostuvo.
"Veo beneficios más que costos en proyecto del gas del Gobierno"
Eduardo Saavedra, asesor del estudio del gas que realizó la FNE
Incluso, para Saavedra la iniciativa del Gobierno
"es muy parecida al proyecto del ex ministro Juan Carlos Jobet, salvo que clarifica más la interoperabilidad e intercambiabilidad de cilindros, lo que era necesario".
Además, el académico afirmó que esta futura norma goza de dos grandes ventajas, pues por un lado permite "la multiventa de cilindros de distintas marcas y eso genera competencia. Por mucho que se argumente que la gente toma decisiones informadas, no conozco ningún estudio que afirme que los consumidores van a llamar a tres o cuatro números para cotizar cilindros. La mayoría de la gente sale de la casa cuando escucha el camión del gas y compra lo que viene".
"Hoy los mayoristas extienden su poder aguas abajo porque solo tienen un canal de venta en particular. El proyecto, al eliminar la exclusividad, lleva a que el margen o la falta de competencia a nivel de mayoristas se reduzca. Esto, porque harán un esfuerzo por llegar más barato para competir a nivel minorista a consumidor", subrayó.
Como segundo punto, el economista explicó que estos cambios con la ley permitirán la entrada de un cuarto operador eventualmente, o que crezca un jugador más pequeño, "por ejemplo, Lipigas en las zonas donde Abastible es más fuerte".
En cuanto al argumento de las empresas en que indican que mediante un esquema de exclusividad no podrán seguir apoyando a los minoristas, Saavedra expresó "por ejemplo, a financiar camiones, el modelo de negocios, en regalarle la bandera o los logos, es algo que la FNE investigó y llegó a la convicción de que no existía tal soporte. Más bien intentos, un trabajo que se hacía con los minoristas, pero si un distribuidor no era capaz de financiarse no entraba al negocio".
"Regular o desregular"
Frente al debate instaurado, el economista y presidente de Quiroz y Asociados, Jorge Quiroz en una carta a El Mercurio abordó ambas visiones confrontadas entre las compañías y Eduardo Saavedra, asesor de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
Antes de profundizar al respecto, planteó que "la inmensa mayoría de los mercados opera bajo condiciones de competencia imperfecta. No sorprendentemente, cada vez que la FNE estudia un mercado, invariablemente detecta imperfecciones".
"Excluyendo el caso extremo de la colusión –que siempre merece un severo castigo-, la pregunta es qué hacer de cara a las imperfecciones. Aquí se abren dos alternativas, entroncadas en dos tradiciones distintas del pensamiento económico: regular o desregular", consignó.
Para el economista, las declaraciones cruzadas entre ambas partes ilustran claramente el dilema. Sin embargo, advirtió: "la nueva regulación sí podría traer efectos adversos para el mercado, especialmente en lo que respecta a la seguridad".
"El término de las relaciones entre grandes mayoristas y pequeños distribuidores de gas licuado, a que la nueva regulación propende, erosiona el incentivo de los primeros a monitorear estrechamente a los segundos, seguridad incluida", agregó.
En esa línea, resaltó que "la SEC a la que en la configuración actual del mercado le basta –en la práctica-con fiscalizar a los grandes distribuidores, podría terminar convertida en un ejército de fiscalizadores para supervisar a miles de minoristas". "El dilema de los efectos imprevistos es real", enfatizó.
Dicho eso, Quiroz aseguró que "eso nos lleva a la segunda alternativa: desregular". "Bajo este enfoque, lo clave es reducir drásticamente las barreras de entrada a toda iniciativa privada", complementó.
Con todo, expresó "mientras sigamos cubriendo un cúmulo de cargas a cada nueva actividad privada, tanto más encontraremos “imperfecciones” en los mercados, que intentarán ser subsanas con nuevas regulaciones, donde el remedio corre riesgo de resultar peor que la enfermedad", cerró.
