Los pros, contras y riesgos del acuerdo en pensiones (y los temas que quedaron fuera)
Ayer el Gobierno dio a conocer un nuevo diseño para la reforma a las pensiones, consensuada con senadores de Chile Vamos. La estructura tiene elementos que reúnen apoyos técnicos transversales, pero también hay instrumentos que generan dudas.
Los pros, los contras y los riesgos de la propuesta
Pros
Propiedad. Se preserva el principio de que los fondos de pensiones pertenecen a los trabajadores, lo que incluye 4,5 puntos extras directos a sus cuentas, y el compromiso de que otros 1,5 puntos se registran también como aportes reembolsables al Estado.
Prioridad femenina. Desde un inicio del debate se acordó priorizar un monto compensatorio a las mujeres, que tienen menores salarios, más lagunas previsionales y mayor expectativa de vida que los hombres.
Mayor aporte.Chile estaba atrás respecto del promedio OCDE sobre la cotización previsional total. Con la propuesta, que se aplica en forma gradual, se adapta a las nuevas necesidades de una población que envejece.
Destrabamiento de los acuerdos. El consenso alcanzado entre Gobierno y la mayoría de la oposición (Chile Vamos), después de meses de estancamiento y semanas recientes de críticas cruzadas que incluso provinieron del Presidente Gabriel Boric, representa un retorno a la "época de los acuerdos". Cada parte cedió en aspectos relevantes para una reforma previsional, como sucedió en la de Michelle Bachelet I o en la creación de la PGU con Sebastián Piñera II.
Potencial para futuros consensos. El diálogo en materia previsional, de por sí complejo, podría ser la base de potenciales consensos en otras materias altamente esperadas, como una reforma al sistema político.
Contras
Costos laborales. En menos de una década, los empleadores incrementarán sus costos laborales a un ritmo que dificultará, en numerosos casos, su continuidad. El propio informe financiero presentado ayer por Hacienda afirma que "los empleadores deberán asumir un mayor gasto en personal y una reducción de sus utilidades". Este recargo laboral se suma al aumento del salario mínimo y 40 horas, y en medio de debates para absorber costos como el de la Sala Cuna Universal o la extensión del posnatal a un año. La presión sobre costos podría empujar, además, a un aumento de la informalidad laboral.
Discurso sobre AFP. Pese a que durante años el actual oficialismo, en especial el Frente Amplio y el Partido Comunista, ha rechazado la idea de mantener el sistema de AFP —algunos impulsaron los retiros previsionales con ese objetivo—, el Gobierno terminó por aceptar ese sistema. Sin embargo, el mensaje en contra de esa industria persiste en el Ejecutivo y en representantes del oficialismo, lo que se refleja en una minuta a parlamentarios oficialistas donde se dice que "este proceso de cambios al sistema de pensiones abre la puerta para futuros cambios que terminen con las AFP y fortalezcan la seguridad social".
Riesgos
Salud fiscal. Un "préstamo" de los cotizantes al Estado se convierte en un pasivo contingente. En la práctica, implicará un aumento de la deuda del Estado (no del Gobierno Central), lo que es observado por las agencias clasificadoras de riesgo. Economistas han planteado dudas sobre la sustentabilidad fiscal, dadas estas nuevas obligaciones. Otros creen, en cambio, que las agencias extranjeras valorarán más que se recupere el mercado de capitales chileno y que se atenúen futuras cargas igualmente fiscales si la población envejece sin una buena cobertura.
Expropiación. Durante el primer proceso constitucional surgió el riesgo de confiscación de los fondos de pensiones, lo que motivó el origen del movimiento "Con mi plata NO". Ahora, parte de los ahorros de los trabajadores será devuelta vía un cupón en el momento del retiro, lo que representa un riesgo de que esos papeles puedan ser utilizados con otros fines en un futuro.
Los temas que quedaron en el camino durante las negociaciones
"Solidaridad intrageneracional"
Además de un mecanismo redistributivo a favor de las mujeres y los actuales pensionados, la propuesta original de la reforma previsional contemplaba un mecanismo de redistribución para beneficiar a los cotizantes con menores aportes.
El Gobierno lo denominó "solidaridad intrageneracional". Estaba en la propuesta inicial, se mantuvo en el primer paquete de indicaciones en la Cámara de Diputados y también fue parte de los modelos que utilizó la Comisión Técnica cuyos integrantes representaron a los senadores. Esta idea contemplaba que, del porcentaje de la cotización que se destina directamente a las cuentas individuales (en este caso, se hubiese tratado del 4,5%), solo un 70% se enteraba completamente a la cuenta de capitalización individual de cada afiliado, mientras que el 30% restante se redistribuía como un promedio del total de los aportes. De esta manera, aquellos de menores ingresos obtenían un reembolso mayor a sus cuentas.
Aunque este esquema formó parte del análisis en la Comisión Técnica, no generó consenso entre sus integrantes. Desde la mirada política, tampoco convencía a la oposición al incorporar un modelo que consideraban injusto, porque perjudicaba a un segmento de la clase media cuyos aportes no llegarían en forma íntegra a su pensión.
Sin autopréstamo
Cuando la reforma de pensiones se presentó en 2022, las conversaciones prelegislativas del Gobierno con el Congreso hicieron eco del ánimo favorable a los retiros de ahorros previsionales, sumando en el proyecto de ley la opción de un "autopréstamo" para los cotizantes.
Esta idea —impulsada por el PDG— fue incorporada formalmente al texto, pero con bordes. Dispuso que los cotizantes a 5 años o más del cumplimiento de la edad legal de pensión podrían solicitar un monto equivalente al 5% del total ahorrado al momento de la solicitud, con un monto máximo de 30 UF sin interés. La devolución, en tanto, sería en cuotas calculadas como el 2% de las remuneraciones y rentas imponibles desde el mes subsiguiente a la solicitud del préstamo. Se haría junto con las cotizaciones obligatorias, hasta saldar la deuda, y con la opción de prepagar.
La propuesta fue ampliamente cuestionada desde el mundo técnico y académico, por la contradicción de incorporar este elemento con la idea de fortalecer el ahorro para pensiones. Finalmente, no fue incluida en este acuerdo que se suscribe en el Senado.
La comisión será por flujo
Junto con una serie de propuestas de modificaciones a la industria previsional, que incluía la separación obligatoria de las funciones de inversión y gestión de cuentas de las AFP (que desaparecían de ese modo), el Gobierno también había planteado que las comisiones que se cobran por la gestión de inversiones pasarían a ser por el saldo administrado.
Actualmente, cada cotizante le paga a una AFP un porcentaje para que maneje sus fondos, el cual proviene directamente de su sueldo. A ese mecanismo se le conoce como "comisión por flujo".
La opción que evaluó el Gobierno fue una "comisión por saldo"; es decir, que el cobro se hace como un porcentaje de los ahorros, tal como sucede, por ejemplo, con los fondos mutuos.
"Por el lado de las inversiones, se crearán los Inversores de Pensiones, con el único objetivo de gestionar los fondos previsionales y que se financiarán a través del cobro de una comisión sobre el saldo administrado para un mejor alineamiento de incentivos entre gestores y afiliados", describía el Gobierno en marzo del año pasado, cuando presentó esas ideas.
En el conjunto de indicaciones acordadas entre el Gobierno y Chile Vamos, en cambio, aquella idea se entierra, incluida la comisión por saldo.
