La Toma mas grande Chile, de 260 hectáreas, se ubica en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso.
El Mercurio
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) se refirió al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los propietarios del terreno usurpado en San Antonio, que suspende por hasta seis meses el desalojo de 10 mil personas ordenado por la Corte Suprema.
A través de un comunicado, el gremio expresó su preocupación por la expansión de los asentamientos irregulares en el país y la falta de medidas para abordar el déficit habitacional.
"En Chile existen más de 1.400 campamentos, con miles de personas, familias, niños y adultos mayores, que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. El crecimiento ha sido exponencial. En 2011 los campamentos albergaban a 27.000 familias. Hoy esa cifra aumentó a 115.000 familias. Se cuadruplicó", señaló la CChC en su declaración.
El gremio atribuyó el incremento de los asentamientos precarios a diversos factores, entre ellos "el bajo crecimiento de la última década agravado por el gran aumento de la migración a partir de 2014; la derogación del decreto que impedía a quienes usurpen terrenos públicos o privados acceder a beneficios estatales como el subsidio a la vivienda; la pandemia y la crisis económica que se derivó de ella".
Además, agregó que "un porcentaje significativo de este incremento se produjo tras el estallido social por su consecuencia en el debilitamiento del Estado de Derecho".
Respecto a la ocupación del cerro Centinela en San Antonio, la CChC recordó que "las primeras familias en llegar lo hicieron en 2019 y pese a que los dueños del terreno advirtieron de esta ocupación ilegal, no hubo respuesta ni medidas de parte de las autoridades lo que es inaceptable".
En ese sentido, enfatizó que "es vital dejar claro que el derecho de propiedad es un pilar fundamental del Estado de derecho y claramente en estos casos no se respetó y es lo que dictaminó el poder judicial".
Si bien la Cámara reconoció que el mecanismo impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) podría ser una alternativa para abordar la crisis en San Antonio, advirtió sobre los riesgos de establecer un precedente.
"En estas circunstancias la vía que articuló el Minvu, abre una posibilidad de solucionar un conflicto muy complejo. Es de esperar que logre llegar a buen término sin sentar un precedente que comprometa recursos del Estado, para no incentivar nuevas tomas de terreno", añade.
Finalmente, la CChC llamó a tratar el problema habitacional con urgencia y una mirada de largo plazo. "El caso de San Antonio debe ser un llamado de atención, tardío pero válido, para abordar con urgencia y mirada país lo que ocurre en Chile con el creciente déficit habitacional".
En ese sentido, enfatizó que "es necesario evaluar cada caso de asentamiento precario para proponer soluciones que puedan dar una vivienda a quienes lo necesiten, pero siempre ajustándose al Estado de Derecho, sin saltarse la fila y priorizando a quienes sí han hecho el esfuerzo de esperar por un subsidio estatal que les entregue las llaves de su casa propia. Y, sobre todo, respetando el derecho de propiedad de quienes legítimamente lo tienen".
