En octubre del año pasado el Presidente Gabriel Boric presentó un proyecto de ley para avanzar hacia un nuevo modelo de financiamiento para la educación superior, en reemplazo del por años vapuleado Crédito con Aval del Estado (CAE).
Se trata del FES (Financiamiento de Educación Superior), iniciativa que contempla un plan voluntario para reorganizar y condonar parcialmente las deudas educativas actuales. En específico, la nueva herramienta permitiría un perdón de la deuda dependiendo del perfil del deudor y las cuotas canceladas; y -a los nuevos estudiantes- cursar estudios por medio de este método de financiamiento.
Según información oficial del Gobierno, "estará disponible para todas y todos los estudiantes que lo necesiten. En el caso de instituciones adscritas a gratuidad, cubrirá a estudiantes desde el séptimo decil de ingresos y bene?ciará a estudiantes de todos los deciles en el caso de instituciones que no acceden a gratuidad".
La retribución comenzará un año después del egreso o interrupción de los estudios. Esta, tal como dice la información oficial, dependerá del ingreso y se calculará como porcentaje del sueldo, con un máximo de 8%, estableciendo un tramo exento de 500 mil pesos mensuales".
La semana pasada, la iniciativa fue aprobada en particular por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, con lo que pasó a la Comisión de Hacienda. Su rápido avance encendió las alarmas de expertos, que en los últimos días han lanzado duras críticas a la iniciativa del Ejecutivo.
"Un impuesto injusto"
Como "un impuesto injusto". Así calificaron figuras de distintos sectores políticos el proyecto del Gobierno tras su avance en la Cámara de Diputados, a través de una carta al director en El Mercurio.
Entre quienes firmaron estuvieron el exsubsecretario de Hacienda de Michelle Bachelet, Alejandro Micco; el expresidente del Banco Central, José de Gregorio; los exministros de Hacienda de Sebastián Piñera, Ignacio Briones y Felipe Larraín; y el académico de la Universidad Católica, Claudio Sapelli; entre otros.
"La iniciativa entrega herramientas para corregir el mayor problema del CAE, la alta morosidad, que obliga al Estado a destinar cada año unos US$ 500 millones al pago de garantías bancarias. Este mayor gasto fiscal frena toda posibilidad de ampliar los recursos públicos en el ámbito infantil y escolar, y, por tanto, en este plano, se trata de una reforma necesaria. Se contempla también una condonación (parcial) de las deudas, compromiso de campaña del Presidente Boric", señalaron.
"No obstante, consideramos oportuno llamar la atención sobre dos medidas adicionales que pueden afectar seriamente el desarrollo futuro del sistema. En primer término, se introduce la noción de que los aportes del Estado para costear los estudios de quienes no puedan pagar se restituyen, pero a tasas diferenciadas. Las simulaciones sobre el impacto revelan que un importante contingente de estudiantes terminará pagando dos o tres veces lo recibido, en lógica económica, un impuesto al graduado, o bien, un gravamen al capital humano", añadieron.
"Es un impuesto injusto que desincentiva la formación de capital humano avanzado y la productividad. En segundo lugar, se elimina prácticamente el copago de los estudiantes: en aquellas instituciones con gratuidad para los estudiantes de deciles 7, 8 y 9, y en las sin gratuidad, los deciles 1 a 9. Diversos analistas estiman una caída anual de ingresos en alrededor de US$ 200 millones, lo cual, sin duda, afectará la autonomía de las instituciones y la calidad de los programas académicos", aseveraron también.
"Llamamos a las autoridades de gobierno y a los legisladores a tomar conciencia de que un buen sistema de educación superior debe apuntar a la equidad y calidad. Ambos propósitos no quedarán resguardados en este proyecto", concluyeron.
A la crítica en las páginas de El Mercurio se sumó otra durante esta jornada, la de Miguel Bejide. "El CAE es un problema que hoy enfrenta un 68% de morosidad. Frente a ello la solución viable es una política de cobranza eficiente, más aún si este cuenta con aval con recursos del Estado", comenzó explicando.
Agregó, en esa línea, que "la iniciativa presentada por el Gobierno viene acompañada de una segunda parte que es el nuevo sistema de Financiamiento de Educación Superior (FES), el cual es, por donde se analice, un impuesto a los graduados, que además tiene una alta cuota de reparto, ya que será un 'fondo revolvente', como lo definió el ministro Marcel, al cual quienes tengan rentas permanentes deberán cancelar hasta el 8% de rentas por 20 años".
Lo gave, en todo caso, es que "las instituciones de educación superior que se adscriban al FES, adicionales a las en gratuidad que deberán obligatoriamente hacerlo, quedarán sujetas al régimen de esta política, es decir, fijación de aranceles y control de vacantes, y sólo se permitiría el copago al décimo decil", indicó Bejide.
"Aquellas instituciones que no adopten el FES no tendrán derecho a becas u otras ayudas estatales", continuó. Y añadió: "El sistema de educación superior en Chile se ha basado en un principio de autonomía que ha sido innumerables veces enarbolado para defensa de la libertad académica y otras causas, lo que también ha sido el sustento de proyectos educativos diferentes, donde los alumnos y familias han podido optar con libertad".
Apuntó, en ese sentido, al "gran riesgo que significa la dependencia del Estado". Para ello, dijo, "hay que mirar lo ocurrido recientemente con las universidades en EE.UU. A través del FES no solo hay un reemplazo del CAE, sino un cambio radical y filosófico para quienes creen en la libertad y quienes, por el contrario, sostienen que el Estado debe participar de las decisiones de los ciudadanos, en este caso bajo el paraguas del control de los precios (aranceles) y matrículas, lo que es en la práctica la pérdida del preciado bien de libertad y autonomía".
Rector UC: "El déficit nuestro aumenta"
Quien también se mostró crítico con el proyecto fue el nuevo rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, quien a comienzos de abril -al ser consultado en Radio Duna- había señalado que estudiaba la iniciativa.
Ayer, en entrevista con El Mercurio, indicó: "El déficit nuestro, que ya es importante, aumenta significativamente. Entonces, frente a esa situación, nos pone en una condición crítica".
"Una cosa es el financiamiento universitario y otra cosa es el CAE, y habría sido mucho más fácil de resolver separando los proyectos. El tema del CAE tiene solución y se puede trabajar específicamente, pero los conjuntas y eso es lo que de alguna manera también complejiza mucho todo el tema", aseguró además.
En tanto, en relación a la gratuidad, indicó que "tiene que llegar a todos aquellos que tengan el talento y que no tengan la situación socioeconómica adecuada para estudiar. Pero Chile es un país cuyos recursos son súper escasos. Las necesidades las tienes por todos lados, no te puedes dar el lujo de darle gratuidad a una persona que, a través de su trabajo, pagando un porcentaje bastante menor de su ingreso, pueda pagar después esa deuda que adquirió por estudiar en la universidad".
"Hay una falta de ética; hay gente que necesita salud, educación en infancia, gente que no tiene jardines infantiles", aseveró asimismo.
