Son varios los "incendios" que está enfrentando la compañía pesquera y salmonera Blumar, entre ellos, los negativos impactos que generarán en su negocio extractivo -principalmente jurel. las diminuciones de cuotas de captura que plantea el proyecto de ley de fraccionamiento, impulsado por el Ejecutivo en el Congreso, que eleva los porcentajes de pesca al rubro artesanal y los disminuye a los grandes operadores. El gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín, afirmó que producto del escenario de incertidumbre, la empresa tiene paralizada una inversión de US$30 millones relacionada con una planta de producción de productos congelados en Coronel -Región del Biobío- que generaría 400 puestos de trabajo. Además, dijo que, debido a los cambios en la legislación pesquera, el directorio de la empresa está analizando los caminos a seguir en contra del Estado. "Están todas las posibilidades abiertas", indicó. Esto incluye la opción judicial. Sostuvo que el fraccionamiento es "una ley expropiatoria, que está cambiando las reglas del juego".
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