Una dura derrota sufrió este miércoles el Gobierno, luego de que el
Tribunal Constitucional rechazara la contienda de competencias impulsada por el
Comité de Ministros sobre el Primer Tribunal Ambiental, en el marco de la discusión del proyecto Dominga, lo que significa un paso clave para la aprobación de la polémica iniciativa.
En su resolución, el TC estimó que no existió invasión de competencias, según planteó el Comité presidido por la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, lo cual fue aprobado por cuatro votos contra uno.
Según el fallo del tribunal, "las consideraciones anteriores nos llevan a concluir que ante nosotros no se ha presentado una verdadera contienda de jurisdicción de carácter positivo o negativo, ni constitutiva de una invasión o interferencia de funciones, que este Tribunal Constitucional deba dirimir".
"El problema planteado dice relación con cuestiones de legalidad interna del proceso judicial, que cabe resolver en la sede ordinaria, por los mecanismos procesales habilitantes para ello y, adicionalmente, ya utilizados por el reclamante", agregó.
Junto con esto, el TC consideró que había una "contradicción insalvable" en la forma en que actuó el Comité de Ministros, ya que "no se trata de que la existencia en abstracto de recursos ordinarios contra una resolución impida reclamar la incompetencia del tribunal que la dicta, razonamiento que quiere llevar el asunto al extremo de sostener que entonces contra un tribunal inferior jamás podría deducirse contienda, ya que sus resoluciones en general serán reclamables por vía de apelación, casación o ambas".
"De otro lado, al actuar así inevitablemente estaríamos fallando la excepción de pago, aunque fuera indirectamente, porque no se comprende qué otro resultado puede tener dicha excepción, o cómo pueda resolverse nuevamente siquiera, si aquello que motivó su parcial rechazo fuera removido, por estimarse incompetente al Tribunal para pronunciarse del modo en que lo hizo", acotó.
Un proyecto de largo aliento
Dominga ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 2013, durante el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera. En 2017 la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo (Coeva) rechazó el proyecto, lo que al año siguiente fue anulado por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.
En 2021 la Coeva aprobó la iniciativa. Pero a comienzos de 2023 -y aquí el origen del conflicto que el TC resolvió- el Comité de Ministros lo rechazó. Esa instancia fue liderada por la actual ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.
Apenas días después Andes Iron recurrió nuevamente al Primer Tribunal Ambiental, con el objetivo de impugnar la decisión de la instancia conformada por los secretarios de Estado. En 2024, el tribunal falló a favor de la firma. Anuló lo resuelto por el Comité de Ministros y declaró como "ilegal" la resolución de los integrantes del Gobierno.
Esto último, por haber infringido los principios de "imparcialidad" y "confianza legítima", al "adoptar el acuerdo de acoger las reclamaciones en sesión integrada con Ministros de Estado que, habiendo previamente manifestado su parecer, posteriormente no se inhabilitaron".
El tribunal ordenó a la instancia volver a votar el proyecto. Los Ministros decidieron inhabilitarse y el Comité quedó conformado por subrogantes, que en enero volvieron a rechazar -por tercera vez- la iniciativa. Por ello, el Primer Tribunal Ambiental ordenó volver a votar, tras determinar que la decisión de los subrogantes incumplió con la sentencia del mismo tribunal, que había declarado "ilegal" la resolución de 2023.
Ante esto, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) -representando al Comité- solicitó al TC aclarar las competencias que competen a los organismos. La institución acusó al tribunal de exceder sus atribuciones e invadir las competencias exclusivas del Comité, lo cual finalmente fue rechazado por el TC.
De esta manera, se mantendría la sentencia que anula el rechazo del Gobierno. Con ello se abriría la puerta para la posible aprobación de la iniciativa, tras una nueva evaluación.
